Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* Impugnación depurada (I)

Andrés Manuel López Obrador tiene que aceptar urgentemente un prerrequisito para que su impugnación de la elección presidencial tenga destino legal y legítimo, y no se descarrile políticamente: callarse. López Obrador no puede ser la cabeza de la queja porque la forma como argumenta es contradictoria e incendiaria, y porque la autoridad moral que requeriría para ser el estandarte, sólo existe en menos de una tercera parte del electorado, con rendimiento decreciente porque su hostilidad hacia los medios y la creciente agresión verbal de incipientes turbas en contra de periodistas, no sólo le cierra espacios de manera natural, sino que provoca la alineación espontánea de plumas y voces en su contra. Que López Obrador deje en sus colaboradores la impugnación.
Al quitar la tolvanera levantada por la forma como presentó su queja López Obrador, con  contradicciones inclusive al mezclar conceptos –equivocó, por ejemplo, un presunto acto ilícito de uso de dinero, con dinero de origen ilícito–, la impugnación explicada por su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, cobra sentido. En particular, el que se refiere a las encuestas que daban una ventaja aplastante de Enrique Peña Nieto sobre López Obrador. La lógica que lleva el reclamo sobre las mediciones es que alteraron el comportamiento de los electores, al construir en su mente un triunfador indiscutible.
López Obrador no se refiere a todas las encuestas, sino a un grupo en particular que no ha podido definir en su totalidad con precisión. Ese grupo lo integran GEA-ISA, que hizo encuestas y un tracking poll diario para Milenio, que daba 18 puntos de ventaja a Peña Nieto sobre su adversario (aproximadamente nueve millones de votos de diferencia); Consulta Mitofsky, que divulgaba sus datos en el noticiario de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula; Parametría, que publicó en la Organización Editorial Mexicana: Buendía&Laredo y Asociados, que lo hizo en El Universal y el Dallas Morning News, que dieron una ventaja idéntica de 15 puntos (7.5 millones de votos) del priista sobre el candidato de la coalición de izquierda; y Ulises Beltrán y Asociados, que presentó sus mediciones en Excélsior, que lo puso 14 puntos adelante (7 millones de votos).
El resultado del PREP arrojó una ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador de escasos seis puntos (alrededor de tres millones de votos), que dejó expuestas a las casas encuestadoras, colocadas hoy en el centro del debate político-electoral. La impugnación buscará documentar que las encuestas sirvieron como instrumentos de propaganda a favor de Peña Nieto y que fueron modelando la opinión ciudadana. Este es el trasfondo de la crítica abierta de López Obrador a Milenio durante su conferencia de prensa el lunes pasado, donde metió en el mismo saco a Televisa. Esta empresa no hizo encuestas de preferencia electoral, pero el ex candidato la ubicó en lugar prioritario de su crítica por las acusaciones en prensa de que durante más de seis años construyó a través de infomerciales y venta de contenido en espacios noticiosos, la candidatura de Peña Nieto.
La impugnación a través de las encuestas levantará –si se concreta–, una de las discusiones más apasionantes en años, al llevar al banquillo a los medios de comunicación y exhibir abierta y libremente sus relaciones con el poder público. Este es el gran debate pendiente en la transición democrática mexicana, incapaz de consolidarse precisamente por el enorme poder de los poderes de hecho, los medios de comunicación electrónicos, que pasaron de ser intermediarios entre gobernantes y gobernados, a actores centrales y definitorios en los procesos políticos. No fue sólo su influencia en la sociedad, sino la forma como han buscado alterar la realidad –ataques en noticiarios a gobernadores que no quisieron plegarse a sus deseos mercantiles, como recientemente Ángel Heladio Aguirre en Guerrero o anteriormente al senador Santiago Creel–, y acomodarla a sus intereses particulares.
La impugnación electoral a través de las encuestas es un terreno muy pantanoso al entrar al terreno de lo subjetivo. Primero, ¿cómo demostrar que sí fueron instrumentos de propaganda? Y luego, ¿cómo probar que sí alteraron el comportamiento del electorado? Jurídicamente no parece que tenga el destino que busca la queja, pero políticamente es la discusión que desde 1994 está pendiente.

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