Presentan a la PGR 8 denuncias por desvíos en la UAEM y en 13 dependencias federales

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 8 denuncias penales ante la PGR por presuntos desvíos que involucran a la Universidad Autónoma del Estado de México y 13 dependencias federales.
Se les relaciona en la triangulación de recursos mediante la asignación de contratos a empresas creadas ex profeso, fantasmas, o sin experiencia, lo que repercutió en un daño patrimonial de mil 769.3 millones de pesos, de acuerdo con la ASF.
Los 39 contratos que amparan estas operaciones se realizaron entre 2011 y 2013, durante los rectorados de Eduardo Gasca Pliego, ahora secretario de Cultura y Deporte del gobierno mexiquense, y de Jorge Olvera García, actual rector.
La ASF encontró un modus operandi, recurrente durante los tres años en que ha investigado el caso:
Las dependencias federales asignan directamente contratos a la universidad a través de su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict).
Estos contratos son para servicios tan disímbolos como organizar conciertos musicales, montar una red de telecomunicaciones u organizar registros agrarios y padrones de beneficiarios de programas sociales.
Pero el Fondict no realiza los trabajos, sino que subcontrata a empresas, en este caso suman 108, y los costos establecidos en los contratos se elevan mediante anexos, modificaciones y adendas.
Un ejemplo es el relacionado con la compra en 2012 de recursos digitales para la Biblioteca México José Vasconcelos derivado de un contrato entre Conaculta y el Fondict.
La empresa Ebsco International vendió en 7.3 millones los recursos digitales a Soluciones Tecnológicas, quien los facturó a la empresa Impactel en 26.4 millones, y ésta los vendió al Fondict en 50.9 millones.
Finalmente el Fondo cobró a Conaculta por el producto 53.6 millones de pesos.
Casos similares de triangulación de recursos fueron detectados por la ASF, además de Conaculta, en la SEP, la Sedesol, la de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Diconsa y Banobras.
Para ello se subcontrataron empresas fantasma o creadas ex profeso, vinculadas con funcionarios de la propia universidad, algunas que no reportan ingresos u operaciones con terceros ante el Servicio de Administración Tributaria o cuyo giro es diferente al de los trabajos y servicios contratados.