Jesús Mendoza Zaragoza

Seguridad y democracia desde los ciudadanos

En una democracia que se respete a sí misma, no puede explicarse la existencia de grupos de ciudadanos armados para protegerse y defenderse de la delincuencia. Si en Guerrero han tenido los ciudadanos que tomar las armas en sus manos ha sido, precisamente, porque tenemos una democracia rudimentaria en la que poco cuentan los ciudadanos y las comunidades, que tienen que valerse por sí mismos ante la ineficacia de las instituciones de seguridad, en particular, y del gobierno, en general. Si tuviéramos una democracia más desarrollada, los ciudadanos no tendrían que armarse para defenderse, sino que tomarían parte en las decisiones políticas que tienen que ver con su seguridad.
En Guerrero hay que distinguir las diversas formas de organización ciudadana para la seguridad que incluyen el uso de las armas. Está la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el ámbito de los pueblos indígenas de la Montaña y de la Costa Chica, amparada en la Ley 701, que ha estado pasando por una situación de división originada por la intervención inadecuada del gobierno en su gestión. La Policía Comunitaria, que depende de la CRAC, responde a una necesidad de los pueblos indígenas que tuvieron que organizarse para protegerse. Las comunidades controlan a sus policías mediante asambleas, que los designan para que den este servicio gratuito, no pagado, a sus comunidades. En este hecho se ha sustentado el éxito que han tenido. Cuando las comunidades han perdido el control y cuando han recibido dinero del gobierno de manera opaca, estas policías se han enfrascado en riñas internas.
Por otro lado, están la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y su escisión, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que se han desarrollado, en gran parte, en pueblos mestizos que carecen de una estructura comunitaria como la de los pueblos indígenas. Han surgido, en la práctica, como autodefensas y han querido evolucionar hacia sistemas de justicia, similares a los de la CRAC, pero sin mucho éxito. Estas organizaciones se han visto envueltas en litigios que han costado ya la vida de algunos de sus miembros.
Desde que la UPOEG se lanzó al tema de la seguridad en Ayutla, dada la emergencia de una autoridad comunitaria que estaba secuestrada, generó muchas expectativas, a las que ha podido responder en algunos lugares, pero en otros ha tenido problemas. Si no ha tenido una base comunitaria sostenida por asambleas de los pueblos y si dependen más de organizaciones paralelas a los pueblos, es lógico que aparezcan contradicciones y los conflictos tengan que zanjarse de manera violenta, ya que dependen más de las habilidades e intereses de sus líderes. Las autodefensas siempre corren el riesgo de ser controladas por el más vivo, por una facción política, caciquil o mafiosa, por ejemplo.
Por eso, era necesario desde aquel momento, la intervención de las autoridades del estado para que estos grupos armados tuvieran un sustento jurídico apropiado y reglamentos claros que normaran su intervención en los temas de la seguridad y de la justicia. Hubo una respuesta gubernamental en el sentido de crear la Policía Rural controlada por el sistema de seguridad pública, tan cuestionado por la corrupción y por la connivencia con la delincuencia organizada. No prosperó esta propuesta, que no valoró la colaboración de los ciudadanos y de las comunidades con su propio aporte.
Ahora el gobernador habla de reglamentar a todas las policías comunitarias. Es una buena medida siempre y cuando esta reglamentación se desarrolle con algunas condiciones. Una de ellas es el respeto a la Ley 701 que sustenta, para el caso de las policías comunitarias, el modelo de la CRAC, como una instancia específica de los pueblos indígenas. Una condición más es que se cuente con la participación de los pueblos y de las organizaciones involucradas hasta este momento en el tema de la seguridad. Otra es que se establezca una relación de colaboración entre las policías ciudadanas y comunitarias con las autoridades de la seguridad pública, mientras que la subordinación de estas policías esté establecida hacia las autoridades comunitarias. Es más, estas autoridades, que obedecen a las asambleas populares, son las que han de avalar a quienes se ocupen de la seguridad.
Este esquema iría responsabilizando paulatinamente a las comunidades, en particular, y a la sociedad, en general, y abriría espacios de participación ciudadana en este tema. Este tendría que ser el aporte específico de los ciudadanos, que mediante una estructura comunitaria ponen el complemento ciudadano en lo que se refiere a la seguridad. Sin los ciudadanos nunca tendremos la seguridad que necesitamos.
El gobierno no debiera tener recelo ante la posibilidad de un verdadero protagonismo de los ciudadanos en el tema de la seguridad. Por lo pronto, con ciudadanos armados, pero una vez que pase la emergencia, tendrían que estar desarmados, pero con una participación activa en las decisiones. Los ciudadanos pueden ser los mejores aliados de las autoridades. Y no solo esto. Se requiere avanzar en el sendero de la democracia para que este problema y, todos los demás, puedan encontrar un camino de solución construyendo una verdadera colaboración entre ciudadanos y autoridades, entre comunidades y gobiernos.
Para que la sociedad participe, dándole eficacia a los esfuerzos por la seguridad, se requiere que el gobierno tenga algunas condiciones, de manera que sea percibido como confiable por la sociedad. En primer lugar, se requieren cambios en las fuerzas de seguridad pública pasa asegurarse de que no están infiltradas ni controladas por la delincuencia, así mismo, que sean profesionalizadas y bien remuneradas. A la vez, se requiere desmontar de las instituciones públicas y de los gobiernos, cualquier forma de colusión con los criminales. Es más, se requiere voluntad política para permitir el avance en la democracia, esto es, una modificación del sistema político que padecemos. Sin democracia no tendremos seguridad, sin la participación de los ciudadanos no podemos esperar cambios de fondo que signifiquen mejores condiciones de vida para todos.