Protestan familiares de los presos políticos en la cárcel de Ayutla; exigen al gobernador su libertad

*Hay falta de voluntad de Rogelio Ortega Martínez para avanzar en la excarcelación de luchadores sociales, dice el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz. Afirma que el delito de secuestro por el que están en la cárcel los integrantes de la CRAC no está configurado porque las detenciones las hicieron bajo las facultades que la Ley 701 otorga a las autoridades de seguridad comunitaria

Jacob Morales Antonio

Ayutla de los Libres

Esposas e hijos de siete presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así como de un desplazado de La Laguna, Coyuca de Catalán, protestaron afuera de la cárcel de Ayutla para exigir al gobernador, Rogelio Ortega Martínez, la libertad de sus familiares que el próximo viernes cumplen dos años de haber sido detenidos y encarcelados.
Por la mañana realizaron un mitin en el Ayuntamiento donde pidieron a la población que no los dejen solos.
Los manifestantes también demandaron la liberación inmediata de los promotores de la organización en Tixtla, Gonzalo Molina González, la coordinadora de Olinalá Nestora Salgado, del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui, y demandaron la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre.
A la una de la tarde unas 40 personas protestaron afuera de la cárcel de Ayutla, a cuatro días de cumplirse dos años de la irrupción del Ejército a la comunidad El Paraíso, el 21 de agosto de 2013, cuando en una aparatosa operación militar los comunitarios fueron desarmados y detenidos.
Las mujeres e hijos de los presos se apostaron en la entrada principal, al frente colocaron dos mantas, en una se leía: “La CRAC-PC Exigimos libertad inmediata de los presos políticos”, y en otra exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los hijos de los presos portaron cartulinas donde señalaban: “Mi papá no es delincuente”, y demandan su libertad.
“Que nadie se calle, los presos a la calle” y “libertad, libertad a los presos de la CRAC”, eran las consignas en la puerta de la cárcel ante la mirada de los policías estatales que cuidaban la entrada. Los manifestantes se retiraron alrededor de las 4 de la tarde.
La esposa de Arturo Campos, Agustina García de Jesús dijo: “Este dolor no es justo, que el gobernador tenga la calidad humana, que nos volteen a ver, como estamos sufriendo, estamos sufriendo de no tener de comer, los hijos no tienen calzado y estudios. Ya va para dos años y el gobernador no nos ha dado respuesta”.
Recriminó al gobierno de Rogelio Ortega que los discrimine por ser indígenas y no liberar a sus familiares, recordó que el gobernador se comprometió a liberarlos antes de que termine su gobierno pero a dos meses y días no ve nada claro. “Los delincuentes disfrutando de la familia, afuera. La dichosa Ley de Amnistía está por aprobarse, pero esa ley es para delincuentes y ellos no son delincuentes”, subrayó.
“¡Esté donde esté el gobernador, estoy exigiendo la libertad de mi esposo!”, imploró la mujer.
En la cárcel de Ayutla están presos Arturo Campos, Benito Morales, Ángel García, Abad Francisco, Florentino García, Bernardino García y Eleuterio García, el primero estuvo en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano y fue trasladado el 7 de junio al penal de La Cruces donde estaban los otros seis presos.
Además de los presos políticos acusados de homicidios, están presos el desplazado de La Laguna, Coyuca de Catalán Gildardo Díaz Pérez; el integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Antonio García Alvina; y el de la extinta Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Germán Morales Lucas.

Piden apoyo a la población

Alrededor de las 11:30 de la mañana los familiares de los presos realizaron un mitin en frente del Palacio Municipal donde pidieron el apoyo de la población para que el gobierno libere a sus familiares que por asumir la seguridad de sus comunidades por la desatención del gobierno para dar seguridad, fueron apresados.
Una plaza en domingo llena de gente, la mayoría indígenas me´phaa y na savi que bajan a vender las cosechas, escucharon con atención a las mujeres de los integrantes de la CRAC presos. Hablaron en su lengua originaria y también en español. Cada una explicó por qué sus esposos fueron detenidos y encarcelados, cuando no son delincuentes.
Al mitin también acudieron los familiares de Gildardo Díaz Pérez, desplazados por la delincuencia de la comunidad de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán desde hace cuatro años. Su esposa explicó que no sólo los delincuentes los persiguen sino que el gobierno ahora se ha convertido en su enemigo, al encarcelar y perseguir a su esposo.
Mientras la mamá del preso, Catalina Pérez, expresó su preocupación porque existen más órdenes de aprehensión en contra de las familias desplazadas por el asesinato de dos delincuentes que los emboscaron la madrugada del 22 de junio del 2013, cuando las familias dormían en La Palma II, en el anexo de Las Vigas, Ayutla, donde el gobierno los dejó a su suerte.

No son delincuentes, afirman sus hijos

“Mi papá Arturo Campos no es un delincuente”, la expresión en la cartulina que portó una de las hijas del integrante de la CRAC encarlelado por el defenestrado gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
La niña de unos 4 años ha conocido a su padre en las rejas de la cárcel, unas horas de abrazo y apapacho mientras lo ve. La expresión de sus ojos eran la de una adulta, firme cargó la cartulina que la cubría de los pies a los hombros.
Mientras, su mamá expresaba, “presos políticos, libertad”, la penúltima de seis hijos del preso, repetía las palabras, sin la misma fuerza que su madre pero con la ilusión de verlo en casa.
A unos pasos otras cartulinas decían, “queremos la libertad de los presos políticos inmediatamente”, “exijo la libertad de mi papá Benito M.J porque no es delincuente”, que portaban los hijos menores de Benito Morales Justo y Margarita García.
De seis y siete años, ambos coincidieron que preferían estar con su mamá en la protesta para que su papá los vigile en casa cuando juegan y dejar de asistir un día a la semana a visitarlo a la cárcel.

Hay consigna política para mantenerlos presos: Tlachinollan

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García, que lleva el caso de los siete presos en declaraciones afirmó que el delito de secuestro por el que permanecen presos los integrantes de la CRAC, no está configurado.
Explicó que se han aportado pruebas de que las detenciones de las personas que acusan a los comunitarios de secuestro, fueron bajo las facultades que las asambleas comunitarias les otorgaron con nombramientos que los avalan como autoridades de seguridad comunitaria, figura reconocida por la Ley 701 de los pueblos originarios.
El abogado indicó que hay falta de voluntad del gobierno del estado para avanzar en la libertad de los presos, recordó que la visita del gobernador Rogelio Ortega Martínez el 17 de junio a la cárcel fue “para la foto” porque en los hechos el mandatario no tiene la voluntad de liberar a los presos y “eso es una consigna política para mantenerlos presos porque saben que una vez afuera seguirán  dando seguridad a las comunidades”.