Llama el arzobispo a acciones inmediatas para responder a las protestas sociales

*Carlos Garfias ejemplifica con la toma de los pozos de agua de Acapulco, por miembros del Cecop,así como con la detención del representante de la CETEG opositora, Walter Emanuel Añorve

Mariana Labastida

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, consideró que situaciones como la toma por parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), de los pozos de la planta de captación Papagayo II, requieren una solución inmediata; indicó que más que determinar si sería justa o injusta la liberación del vocero de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, en este momento eso sería oportuno.
El prelado católico manifestó que los hechos delictivos deben de verse en el contexto que se realizan y no vincular a las personas que los realizan, por la función que tengan en alguna organización. Como ocurrió el sábado, con la detención en Acapulco de Walter Emanuel Añorve Rodríguez, integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora a la que encabeza el secretario general Ramos Reyes.
“Si a él lo detienen por un delito común, por el robo de un vehículo, debe de darse el proceso normal para delincuentes de esa índole”, puntualizó el sacerdote.
Ante el incrementó de la violencia en Acapulco, el arzobipo expresó que se debe cambiar la estrategia de seguridad y sugirió que se considere tratar el tema desde el enfoque de salud pública.
Consultado en relación con la toma por parte de integrantes del Cecop de los pozos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Papagayo II, para exigir la liberación de su vocero, Marco Antonio Suástegui, el arzobispo expuso que es un tema delicado y se complica más con ese tipo de acciones.
Garfias Merlos indicó que la toma de los pozos es un delito federal, que agrava el problema de la libertad de Suástegui Muñoz, y consideró que son importantes “los diálogos oportunos y acuerdos pertinentes”.
Consideró que debido a que se suspendió el suministro de agua hacia la mayor parte de la ciudad, la situación exige una “solución más inmediata”, y que no sea nada más para resolver el problema de momento, sino una respuesta más estable y definitiva entre el gobierno del estado y el Cecop.
Agregó que detrás del conflicto sigue estando la oposición a la presa la Parota y la petición que se hizo en los acuerdos de Cacahuatepec, para que el gobernador facilitara el diálogo con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El prelado católico añadió que si la petición es la libertad del vocero, ahí se tendrá que hacer la negociación; de si es justo o injusto que bajo presión las autoridades lo liberaran, Garfias Merlos expresó que él no es quien va a determinar la situación jurídica de Suástegui Muñoz. “Hay todo un proceso jurídico, las instituciones que tienen conocimiento de esa situación lo determinarán, en este momento puede ser oportuna su liberación, pero no puedo determinar si sería justa o injusta”, puntualizó.
“Los hechos delictivos tienen que verse en el contexto en que se realizan y no tiene que identificarse con la función o vinculación de las personas en otras organizaciones, grupo o instituciones”, expresó de la detención del responsable de la comisión Política de la CETEG en Acapulco, Walter Emanuel Añorve.
Walter Emanuel Añorve fue detenido por policías ministeriales, acusado de encubrimiento culposo, y liberado bajo las reservas de ley sin pagar fianza; la detención se da porque la camioneta que conducía tiene reporte de robo desde 2014.
El arzobispo dijo que se debe de buscar el dialogo y solución de las inconformidades de los maestros, por la trascendencia e implicación social, sin embargo, “yo creo que los temas tiene que ser muy precisos, si a él lo detienen por un delito común, por el robo de un vehículo, debe de darse el proceso normal para delincuentes de esa índole, si es un hecho que es dirigente de maestros son cosas separadas”.
En el comunicado dominical, el arzobispo se refirió al tema de la inseguridad y violencia en Guerrero, especialmente Acapulco, sobre el cual requiere una estrategia global y la participación de todos, manifestó. Garfias Merlos expuso que a pesar de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la ola de violencia sigue creciendo, “lo que deja claro que la estrategia que hasta hoy se ha implementado se tiene que cambiar”.
Indicó que la inseguridad y violencia no se puede atribuir a una sola causa, y que sería ingenuo tener una única solución al problema, y sugirió que se aborde el tema desde un enfoque de salud pública, “que permita asegurar para el mayor número de personas el beneficio de la seguridad y de la paz”.
El prelado católico retomó lo que los obispos exponen en el escrito Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, en el cual se menciona a la violencia como problema de salud pública, requiere un diagnóstico interdiciplinario, que identifique los principales factores de riesgo en los que se debe de intervenir y se requiere de todos los sectores públicos y sociales para dicha acción.
En ese sentido, el arzobispo llamó a todos los ciudadanos a tomar conciencia del problema y que se involucren en la solución del mismo.
“A los gobernantes, a que implementen políticas públicas que inhiban los factores de riesgo; a los miembros de las fuerzas de seguridad para que sigan fieles a su misión de defender a los débiles; a los políticos a que no antepongan el interés personal y no ceder al cáncer de la corrupción; a las y los ciudadanos a que construyamos una sociedad civil responsable”.
Consideró que en la medida que todos aborden la violencia con enfoque global, se estará en condiciones de construir la paz.
Insistió en el llamado a quienes generan la violencia, a que se den cuenta del daño que le están haciendo a la sociedad; y precisó que no es analista para asegurar que ha fallado en la estrategia de seguridad, que se ve ante el aumento de la violencia.
Garfias Merlos también informó de la conformación del Consejo de Justicia, Paz y Reconciliación, que será el responsable de coordinar y promover las acciones pastorales que realice la arquidiócesis para la construcción de la paz. “Los objetivos específicos de esta comisión son: impulsar la formación de conciencias, obtención de recursos, desarrollo de metodologías y la capacitación permanente para consolidar acciones pastorales en la línea de paz y la justicia”. También en fomentar la colaboración con otros actores de la sociedad civil y gobierno, para lograr mayor incidencia y transformación social.
En el comunicado, el arzobispo también se refirió al problema de salud y pobreza que existe en Guerrero.
Expuso que de acuerdo con los datos de Acción Ciudadana contra la Pobreza, Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en pobreza con 2. 5 millones de pobres. Dato que indicó exige al nuevo gobierno que asuma su responsabilidad, organice y favorezca a los ciudadanos con políticas públicas efectivas y eficientes.
El otro reto es la salud, debido a que 900 mil guerrereneses no tiene acceso a la misma, por eso “ha de ser también una prioridad urgente para el nuevo gobierno”.
El arzobismo aseguró que la Iglesia está convencida que para superar la realidad en la que se vive, se requiere de la decisión de quienes han sido elegidos para puestos públicos, haciendo un manejo transparente de los recursos.
“En las pasadas elecciones, los obispos de Guerrero afirmamos que no bastaba votar, que después de las elecciones deberíamos de ejercer realmente nuestra ciudadanía, a través de la organización, participación, control y seguimiento de las políticas públicas y de los recursos destinados para su aplicación. Como ciudadanos debemos generar los espacios de participación, exigibilidad y vigilancia en el combate a la pobreza y los servicios de salud”, dijo.