Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Chavarría: seis años y sigue la protección a Zeferino

El asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera llegará el próximo jueves 20 a su sexto aniversario sin que se vislumbre ya la menor posibilidad de que sea un gobierno del PRD el que resuelva el crimen ocurrido en otro gobierno del PRD contra un distinguido militante del PRD.
Peor todavía, se cumplen los seis años en medio de la certeza de que en todo este tiempo los responsables materiales e intelectuales de la ejecución han recibido la protección de los gobernadores Angel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez.
El ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo es el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato y está señalado así en el expediente judicial, como dio a conocer El Sur hace un año, sin que ello haya motivado las acciones correspondientes por parte de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado.
Como se recordará, al contrario de lo que era su obligación, el entonces procurador Iñaky Blanco Cabrera intentó minimizar y desacreditar como una simple “conjetura” la información de que Torre-blanca ordenó el homicidio. Esa información provino de la declaración rendida en la Procuraduría por el comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, participante confeso en el plan criminal y luego de su revelación –hecha en junio de 2011– asesinado aparentemente por esa causa.
Es decir, el testimonio que incrimina a Zeferino Torreblanca es un indicio obtenido por la Procuraduría, y por lo tanto era obligación de la Procuraduría investigarlo para confirmar la acusación o comprobar su falsedad. Pero la Procuraduría no hizo nada con ese señalamiento, ni en el 2011 ni en los años posteriores, a pesar de que es la pista más sólida que explica y da cuerpo y sentido a la hipótesis de que la eliminación de Chavarría Barrera fue un crimen urdido y ejecutado por el gobierno de Zeferino Torreblanca para sacarlo de la sucesión que finalmente habría de dirimirse a favor de Angel Aguirre en enero del 2011. Tampoco hizo nada el procurador Iñaky Blanco, salvo continuar con el libreto del encubrimiento por instrucciones del ex gobernador Aguirre.
Que existió complicidad por parte de Aguirre Rivero con Zeferino Torreblanca puede acreditarse en los hechos que se desataron hace un año a raíz del reportaje de El Sur, publicado el 18 de agosto. Debe recordarse que después de que apareció la nota sobre la revelación del comandante Zamora Rojo, el ex procurador Alberto López Rosas confirmó su veracidad y ratificó que el comprometedor testimonio está contenido en el expediente, lo que enfureció a Iñaky Blanco, pues la reacción de López Rosas dejó en evidencia la inacción del procurador.
El procurador Iñaky Blanco fracasó en su tentativa de reducir a un simple rumor la acusación contra Zeferino Torreblanca, y se vio obligado a citar al ex gobernador a una comparecencia que duró diez horas. Lo tuvo que hacer pese a la actitud del gobernador Aguirre Rivero, quien sin el menor respeto por la ley declaró que el señalamiento contra Torreblanca Galindo era una persecución mediática, una “cacería” que más tarde no quería para él. Estas fueron sus palabras: “A mí no me gustaría que el día de mañana no siendo gobernador se emprendiera una campaña en contra mía si no se tienen los elementos o el sustento jurídico debido, esa fue la recomendación que yo le hice al procurador, jamás torcer el camino de la aplicación estricta con base a derecho”.
¿Cuál fue la base que dio sustento a esa declaración de Aguirre Rivero? Ninguna. Lo único que la lógica legal indicaba era que la Procuraduría siguiera la pista señalada, pero eso es precisamente lo que no hizo. El llamado de la Procuraduría a Zeferino Torreblanca fue en calidad de testigo y no de indiciado, como correspondía, deferencia que no muchos acusados de homicidio pueden presumir.
Se ignora qué es lo que declaró el ex gobernador Zeferino Torreblanca durante las diez horas en que fue interrogado, pero el interrogatorio no produjo nada, pues en aquellos días el procurador no se mostró interesado en perseguir al presunto asesino, sino en perseguir al ex procurador López Rosas, que también fue citado a declarar sobre las condiciones en que durante su gestión fue obtenido el testimonio del comandante Zamora Rojo.
De todos los procuradores que ha habido desde el 2009, López Rosas fue el único que consiguió algunos avances en la investigación del caso Chavarría, pues logró confiscar una de las pistolas empleadas en el homicidio, estableció la identidad y localizó a dos de los responsables materiales, que resultaron ser agentes ministeriales activos en el momento en que cometieron el asesinato y que en este momento –hoy, 17 de agosto del 2015– se encuentran presos en cárceles del centro del país por otros delitos, y finalmente obtuvo la confesión y el testimonio ministerial de Zamora Rojo en el que éste dijo que el crimen fue ordenado por Zeferino Torreblanca.
Como si fuera abogado defensor de Torreblanca, el procurador Iñaky Blanco dijo hace un año: “Yo sé que a muchos la palabra indicio no les gusta, pero hasta en tanto no se cuenten con elementos de prueba que los robustezcan (la versión de Zamora Rojo) no les podemos dar el carácter de evidencia, el Ministerio Público tiene que actuar con absoluta responsabilidad y en el momento mismo en que se ejerza acción penal, si así se determina, tendrá que buscar convicción en el ánimo del órgano jurisdiccional del juez a efecto de que se obtenga una sentencia condenatoria; el Ministerio Público, lo he dicho una y otra vez, no puede partir de consensos sociales o sospechas, el Ministerio Público parte de elementos de prueba debidamente consolidados e integrados a un expediente, en este caso a una averiguación previa”.
Exactamente. Pero los elementos de prueba no iban a caer del cielo, tenía que buscarlos la Procuraduría, lo que nunca hizo. Por lo demás, existían ya numerosos elementos de prueba. Todo está en el expediente desde mediados del 2011 y resulta increíble que con ese cúmulo de piezas, testimonios, pruebas y pistas que dejó López Rosas, ninguno de los siguientes procuradores haya continuado la investigación. Lo real y cierto es que existían, y existen ahora mismo, suficientes evidencias para integrar conclusiones acusatorias en un pliego de consignación y solicitar órdenes de aprehensión a un juez. Ordenes de aprehensión contra Zeferino Torreblanca, contra sus cómplices y contra los asesinos materiales.
Así encontró el gobernador Rogelio Ortega Martínez el caso cuando fue designado el 26 de octubre de 2014. Así encontró el actual fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz el caso cuando fue nombrado por el Congreso a propuesta de Rogelio Ortega en diciembre. Pero como Ángel Aguirre, Rogelio Ortega tampoco tiene ningún interés en que la investigación avance y menos en establecer jurídicamente la responsabilidad de Zeferino Torreblanca en el crimen.
Como las casualidades no existen, la explicación de esa actitud es que Zeferino Torreblanca es amigo de Rogelio Ortega, factor que motivó a su vez que el gobernador interino designara en puestos clave del gobierno, como la Coordinación Ejecutiva y la Contraloría General del Estado, a los zeferinistas Fernando Donoso Pérez y Eduardo Loría Casanova. Es decir, existe un compromiso político entre Rogelio Ortega y Zeferino Torreblanca, y ya se sabe que así es como operan las redes de impunidad.
A regañadientes y en respuesta a una solicitud de la viuda de Cha-varría, Martha Obeso Cázares, el 26 de marzo de este año el gobernador Ortega Martínez solicitó al fiscal del estado “crear la fiscalía especializada para atender y resolver el caso del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera”. Y el 6 de abril Godínez Muñoz anunció que la crearía. En realidad es innecesario crear esa fiscalía, pues sin ninguna estructura adicional la institución dispone del equipo legal para llevar adelante la investigación, si hubiera voluntad política y compromiso con la ley. Pero de todos modos, es la fecha en que Godínez Muñoz no crea la fiscalía especial, cuando faltan dos meses para que termine la administración interina de Rogelio Ortega y el tiempo en este gobierno simplemente se ha agotado.
Ni falta hace ser mal pensado para llegar a la conclusión de que la propuesta de la fiscalía especial fue utilizada por Rogelio Ortega y Godínez Muñoz como pretexto para no hacer nada. Entre tanto, Zeferino Torreblanca hasta fue candidato del PAN a la presidencia municipal de Acapulco, elección que perdió humillantemente. Es decir, el gobierno de Rogelio Ortega y la Fiscalía General de Miguel Angel Godínez mantienen la misma línea de protección a Torreblanca Galindo que sostuvo Aguirre.
Seis años después, volveremos a decir que Chavarría Barrera fue asesinado para que Armando Ríos Piter, hoy senador y aspirante a ser presidente nacional del PRD, pudiera ser candidato de ese partido a gobernador. Era el favorito de Zeferino Torreblanca a sucederlo y la ingeniería política del grupo en el poder operaba en el impulso de esos planes. Se puede especular en qué medida tuvo Ríos Piter participación en la conjura para privar de la vida a Armando Chavarría, pero no se puede poner en duda que fue parte de la misma.
Como en la matanza ordenada por Constancio, en la historia del asesinato de Armando Chavarría se sabe quiénes organizaron el crimen, a quiénes beneficiaba, quiénes manipularon la investigación y quiénes no hicieron nada para esclarecerlo. Y todo eso sucedió en gobiernos del PRD. En gobiernos de izquierda. Qué indignante, qué tristeza y qué vergüenza.

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