La principal línea en el asesinato de Jiménez debe ser que buscaba a los 43 de Ayotzinapa, demanda la UPOEG

La principal línea en el asesinato de Jiménez debe ser que buscaba a los 43 de Ayotzinapa: UPOEG

*Que la Fiscalía no sólo busque culpables en la UPOEG y el FUSDEG, sino fundamentalmente en autoridades estatales y federales vinculadas con el crimen organizado, señala la organización

Jacob Morales Antonio

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la principal línea en la investigación del asesinato del promotor de la organización en Xaltianguis, Miguel Ángel Jiménez Blanco, el 8 de agosto, sea por la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa que encabezó en Iguala.
Demandó también no sólo buscar a los responsables del asesinato en la UPOEG y el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), sino entre los servidores públicos estatales y federales que pudieran tener interés en la actividad que desarrolló en Iguala por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los vínculos de las autoridades con el crimen organizado.
En un comunicado de tres cuartillas la organización manifestó que “no estamos contra el FUSDEG ni le disputamos ningún territorio”. Y que desde que se separaron han sido “totalmente respetuosos del actuar y las desiciones del FUSDEG”.
“No hemos sido nosotros los que hemos iniciado ni promovido las diferencias que existen entre nuestras organizaciones. Sólo pedimos que respeten nuestra organización y que no pretendan meterse en nuestros asuntos. Es lo justo; es lo legítimo”, se lee.
El texto difundido ayer por la tarde dice que el coordinador regional de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande, está “en la mejor disposición de comparecer ante la autoridad para rendir –su– declaración y aclarar las imputaciones que se le hacen” por parte de Jiménez Blanco, en un video grabado hace casi un año, donde lo señala como “peligroso” y lo responsabilizó de lo que le pudiera ocurrir.
En el comunicado firmado en el municipio de Marquelia, la UPOEG demandó garantías para la seguridad e integridad de sus miembros y de sus familias, así como una investigación justa, imparcial, sujeta a derecho y sin “sesgos políticos”.
La organización manifestó su interés de llegar a la verdad jurídica, política e histórica del asesinato de Jiménez Blanco, para que no quede impune, ni se proteja desde el poder a los asesinos. “Queremos que se investigue a fondo qué pasó y qué está pasando; por qué tantas agresiones contra quienes combatimos el crimen, la corrupción, la impunidad y procuramos paz, seguridad y justicia a los guerrerenses”.
Agrega: “el estado de Guerrero y el país necesitan saber quiénes y por qué están azuzando y promoviendo la división y la discordia entre nuestros pueblos y comunidades”. Señala que Jiménez Blanco se integró a la UPOEG cuando la organización hizo presencia en Tierra Colorada, en el Valle del Ocotito y en Xaltianguis y “siempre se mantuvo leal a los ideales y principios de nuestra organización”.
En el comunicado precisa que desde las primeras semanas de octubre se Jiménez Blanco fue comisionado para apoyar, con brigadas de policías ciudadanos en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y las víctimas del crimen organizado, que descubrieron en decenas de fosas clandestinas.
“En nuestra opinión, esta debe ser la principal línea de investigación de la ejecución extrajudicial de que fue objeto Miguel Ángel Jiménez Blanco, porque la investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la posible implicación de autoridades estatales y federales con el crimen organizado, eran la principal motivación y finalidad de su permanencia en Iguala y de su compromiso con los familiares de Los Otros Desaparecidos, como coloquialmente se les denomina”.
Agrega: “demandamos que no sólo se busque a los culpables entre la UPOEG y el FUSDEG sino, y fundamentalmente, entre los servidores públicos estatales y federales que pudieran tener interés en la eliminación de Miguel Ángel Jiménez Blanco con motivo de su actividad a favor del pueblo en Iguala y por lo que éste había investigado acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los vínculos de las autoridades con el crimen organizado”.
La UPOEG, autoridades comunitarios y los integrantes de Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias, “somos los principales interesados en que se esclarezca hasta sus últimas consecuencias la ejecución extrajudicial de nuestro compañero” y exigen castigo a los responsables.
La organización manifestó que la ejecución de Jiménez Blanco es un atentado contra las fuerzas democráticas del estado, al que no son ajenos el gobierno federal y estatal, “que atizan y promueven la división entre nuestros pueblos y comunidades, para justificar su pretensión de desarmar y someter a los cuerpos populares de seguridad y justicia ciudadana y comunitaria –por parte de– corporaciones policiacas y de procuración e impartición de justicia, que desgraciadamente están profundamente penetradas y al servicio del crimen organizado”.

Busca Ortega que se firme un convenio que somete a la CRAC, denuncia Cirino

*El dirigente de la Casa de Justicia de los Pueblos Fudadores desconoce el documento que se está revisando en una mesa con funcionarios del gobierno del estado. “Que se quede con su equipamiento, con su dinero y con su intención de someter al sistema comunitario”, declara

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, de Santa Cruz del Rincón, Cirino Plácido Valerio, denunció que el gobernador Rogelio Ortega Martínez, pretende lo mismo que Ángel Aguirre Rivero: someter a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y regularla igual que a los demás movimientos de seguridad y justicia en el estado.
En declaraciones telefónicas, aseguró que no se van a aceptar las condiciones del Ejecutivo, porque la CRAC ya tiene legalidad en la Ley estatal 701, la Constitución Política y convenios internacionales. Desconoció el documento que estaban revisando en una mesa con funcionarios del estado, porque no plasma lo que han pedido desde el comienzo de la negociación: respeto a la institución.
“Que se quede con su equipamiento, con su dinero y con su intención de someter al sistema comunitario, (Ortega Martínez) hace el trabajo de Gobernación, que vayan a firmar su convenio los traidores”, dijo.
Lamentó el papel del gobernante nombrado como sustituto de Aguirre Rivero, separado del cargo por el asesinado de estudiantes y la desaparición forzada de 43 en Iguala. Consideró que la función de Ortega es “apagar la lumbre para poder lidiar y mediatizar los movimientos sociales”, porque avaló la represión y los desalojos del gobierno federal”.
Señaló como ejemplos el homicidio de un activista el día de la jornada electoral en Tlapa, los desalojos de docentes en Acapulco, donde hubo un maestro jubilado asesinado y mujeres violadas por policías.
Recriminó que Ortega Martínez haga alarde de un convenio con todos los grupos de policías ciudadanos, FUSDEG, UPOEG, Policía Ciudadana de Temalacatzingo, con la CRAC, “como si fuéramos lo mismo”. Aclaró que la CRAC tiene un proyecto político y normas para actuar como sistema comunitario.
Anunció que hoy habrá una asamblea con las casas de justicia que conformaron un bloque de trabajo que encabezan los Pueblos Fundadores y Cochoapa, a donde convocaron a las casas de San Luis Acatlán y Espino Blanco, que encabezan otro sector visible pero que ya marcó distancia de Plácido Valerio.
Aclaró que si no se acercan a la asamblea, se hará la discusión para hacer un pronunciamiento político sobre la relación con el gobierno del estado.
Por otro lado, insistió en que la división de los pueblos sólo beneficia al Estado y que les preocupa la rivalidad de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) porque fueron infiltrados y cayeron en la trampa del gobierno.
Denunció que las dos organizaciones son manipuladas para justificar que los militares tomen el control de la entidad, y la represión de los luchadores sociales de Guerrero que estorban a la aplicación de sus reformas políticas. Como parte de esta estrategia operada desde Gobernación, insistió en que unos 30 líderes de Guerrero están una lista para ser detenidos y otros detenidos.
Aunque se deslindó de la UPOEG que lidera su hermano, Bruno Plácido, así como al FUSDEG  –escisión de la UPOEG–, consideró que las dos organizaciones han tenido errores, y por medio de ellas están empujando a los pueblos a un callejón sin salida.
Responsabilizó al Frente de lo que pueda pasarle, “yo acuso al FUSDEG que trae línea de asesinarnos, por qué, sino (fuera así) para qué me anda buscando”, dijo, en relación a una denuncia anterior de que los policías ciudadanos del Frente iban a detener a una persona que confundieron con Cirino Plácido.
Recordó que desde adentro, el Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) están desarticulando los movimientos sociales, y como referencia señaló el caso de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, fraccionada en 2013, la UPOEG que quedó al descubierto con las denuncias del promotor, Miguel Ángel Jiménez Blanco, en un video difundido después de que fue asesinado, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que opera con dos representaciones visibles.