Abre el gobierno estatal la posibilidad de liberar a Suástegui “en los próximos días”

*En otros casos de presos políticos no ha avanzado el procedimiento para su excarcelación, dice David Cienfuegos. Afirma que el gobierno prestó a la CETEG el vehículo reportado como robado y por el cual fue detenido por policías ministeriales el maestro Walter Añorve. La fiscalía especial para el caso Chavarría, responsabilidad del fiscal del estado, se deslinda el secretario de Gobierno

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, anunció ayer que existe la posibilidad de que cuando menos el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, obtenga su libertad “en los próximos días”, y rechazó que haya un rompimiento entre el Cecop y el Gobierno estatal, pues dijo que, incluso, ya liberaron los pozos de agua que mantenían tomados en Acapulco.
En el caso de los otros presos, declaró que no ha podido avanzar el proceso para su liberación, no por falta de voluntad del gobernador Rogelio Ortega Martínez, sino porque ha sido respetuoso de la autonomía de las instancias que deben resolver, como el Congreso del estado, en el caso de la ley de amnistía, y la Fiscalía General del Estado (FGE), que debe resolver el desistimiento de la acción penal.
En otro tema, declaró que es la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determinará si existe la posibilidad jurídica y económica de crear la fiscalía especial para investigar el asesinato del diputado Armando Chavarría, que este 20 de agosto cumplirá seis años de ocurrido.
El funcionario estatal fue entrevistado después de que inauguró la exposición de “Caricatura Política en los Tiempos de Crisis 2014-2015”, en el vestíbulo del edificio Centro del Palacio de Gobierno a la una de la tarde de ayer.
A una pregunta del reportero, Cienfuegos Salgado rechazó que haya un rompimiento entre el Cecop y el gobierno del estado, como informaron integrantes de la agrupación la tarde del domingo, tras una reunión con el gobernador Rogelio Ortega en la que no llegaron a acuerdos respecto a la liberación de Suástegui Muñoz.
Informó que incluso por la noche del mismo domingo los integrantes del Cecop liberaron las bombas que mantenían tomadas y que la mañana de ayer personal de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Acapulco (Capama) reinició el bombeo de agua.
“No hay ningún rompimiento, solamente la necesidad de respetar los tiempos de las instituciones. El Poder Judicial es independiente y va a tomar la decisión en el momento que considere oportuno”, dijo en referencia a la demanda de los integrantes del Cecop para la liberación de su líder.
Con respecto al resto de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de quienes sus familiares han realizado protestas en los últimos días para pedir que Ortega Martínez cumpla su palabra de liberarlos antes de que termine su administración, Cienfuegos aseguró que, igual, el gobierno ha mantenido comunicación con ellos.
“Se les ha señalado algo muy claro, que hay que mantener la ruta jurídica y esa ruta jurídica lleva tiempo. El debido proceso no es algo que salga de un día para otro. Lo hemos visto en el caso de Nestora (Salgado García) y Marco Antonio (Suástegui Muñoz), que se llegaba a decir que de hoy para mañana y ya vimos que con toda la voluntad política que tiene Rogelio Ortega se ha ido avanzando poco a poco y hay que esperar los tiempos de las instituciones”, señaló.
–¿Qué es lo que detiene su liberación?
–Me parece que el cumplimiento de las formalidades se tiene que respetar, es algo que todos entendemos, y sobre todo que en todo proceso hay una parte que es víctima y esa víctima tiene el derecho de ser oída, por supuesto, y en caso de que sea necesario que se atiendan sus peticiones.
–Pero en el caso de Nestora, que ya va a cumplir dos años presa, los testigos no se han presentado, incluso uno de los que ella señaló como parte de la delincuencia organizada está en el Ayuntamiento –cuestionó un reportero en referencia al síndico Armando Patrón Jiménez, quien ahora es presidente municipal interino de Olinalá.
–Serán las autoridades judiciales las que determinen esto. Aquí hay que enfatizar que el gobernador ha sido respetuoso del principio de la división de poderes, y eso es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero el gobernador no ha presionado a ninguna autoridad para que tomen decisiones, se ha ajustado al marco de la legalidad y eso es lo importante, que el mensaje que está mandando Rogelio Ortega es de voluntad por encima de todo y estamos respetando los tiempos del Poder Judicial y los derechos de las víctimas, y eso creo que es entendible.
–Pero el gobernador Ortega se comprometió a liberar a los presos antes de que termine su administración y no ha pasado nada.
–El gobernador ha hecho todos los esfuerzos que han sido pertinentes y ustedes los conocen muy bien. Empezó primero con la petición al fiscal para que se pudiera echar abajo la acusación de Nestora; se hizo la solicitud y el fiscal, que es de un órgano independiente del Poder Ejecutivo, decidió que no se podía otorgar. Posteriormente ha enviado al Congreso del estado una ley de amnistía para privilegiar que estas personas que se encuentran en la cárcel y sometidas a procesos vinculadas con la defensa de derechos humanos o con intereses colectivos puedan salir. El gobernador en ese sentido creo que ha cumplido.
–Ya faltan casi dos meses para que termine la administración, ¿qué podrán hacer en estos dos meses, pues no ha procedido ni la ley de amnistía ni el desistimiento?
–Insisto, esa es competencia de otras autoridades; por un lado la Fiscalía y por el otro el Congreso, pero lo más importante son las pláticas que se han mantenido con Tlachinollan, por ejemplo. Se ha visto que la ruta jurídica está avanzando y yo no dudaría que en los próximos días, Marco Antonio Suástegui obtuviera su libertad —anunció el funcionario.
–¿En qué condiciones podría recobrar su libertad Marco Antonio Suástegui?
–Las órdenes de aprehensión se pueden echar abajo si se demuestra que no hay elementos que constituyan el delito. En el caso particular, Tlachinollan está tratando de que se demuestre la no existencia de los bienes que se imputa que fueron robados por Marco Antonio Suástegui. Si esto sucede así, inmediatamente la acusación cae.
–Para el resto de los presos, los diputados dicen que la ley de amnistía no reúne el perfil ni los requisitos.
–Puede ser así, sin embargo el Congreso tiene todas las facultades para hacer las modificaciones y aprobarlas como estime pertinentes, al final el Congreso es el representante de los guerrerenses y ojalá haga un excelente trabajo para que salga la mejor ley.
–¿Cuántos presos políticos reconoce el gobierno del estado?
–El gobierno del estado reconoce que hay luchadores sociales que se encuentran en la cárcel. Pero el concepto de presos políticos no existe formalmente. El gobernador sabe de presos que están por sus convicciones políticas y por sus posiciones ideológicas enfrentando procesos y de esos en las listas que han enviado las organizaciones sociales llegan a alrededor de 60 personas y son las que se enviaron al Congreso del estado.

Sigue la investigación contra el dirigente de la CETEG opositora

Con respecto a la detención del integrante de la comisión política de la CETEG, Walter Emanuel Añorve, detenido en Acapulco el sábado cuando circulaba en una camioneta con reporte de robo, el secretario de Gobierno dijo que fue liberado bajo reservas de ley “y en este momento se encuentra en investigación para deslindar responsabilidades”.
Pero explicó que no se le puede acusar de robo porque no estaba en flagrancia, sino que había un reporte de varios días y al encontrársele con el vehículo con estas características se tenía que hacer la investigación.
–Él dice que lo tenía en préstamo por el gobierno del estado.
–Seguramente lo tendrá que determinar la Unidad de Control vehicular del gobierno del estado.
–¿El gobierno del estado presta vehículos a las organizaciones sociales?
–En algunos casos sí, es una práctica que tienen los gobiernos de proporcionar unidades a las organizaciones sociales, como elementos para transportarse.
–¿Cuántas organizaciones tienen vehículos prestados, y por qué no se ha hecho una revisión?, porque si este vehículo tenía reporte de robo y es del gobierno del estado, entonces también el gobierno tiene dentro de su parque vehicular unidades con procedencia ilícita.
–No, el gobierno del estado en cumplimiento de medidas cautelares asigna vehículos a distintos miembros de organizaciones que reciben amenazas o que solicitan incluso el apoyo del gobierno del estado, pero eso lo lleva un área específica de la Secretaría de Administración y Finanzas.
–La CETEG dice que el gobierno le dio cinco vehículos en préstamo.
–Seguramente se les ha prestado vehículos, especialmente cuando los ha solicitado para trasladarse. A la Secretaría General de Gobierno han llegado estas peticiones y se tramitan ante la Secretaría de Administración.
–¿Tiene suficientes vehículos el gobierno para andar prestando a las organizaciones? -preguntó otro reportero.
–No es suficiente el parque vehicular, ha disminuido por los robos y por la destrucción que se dio en los últimos meses del año y los primeros de éste.

Caso Chavarría

En la entrevista los reporteros preguntaron por los avances de la investigación y la integración de la fiscalía especial para el caso del asesinato del diputado Armando Chavarría, pero el funcionario declaró que el gobernador ha hecho lo que le corresponde, hacer la solicitud al fiscal y que será éste el que determine, “en pleno ejercicio de su autonomía”, si hay los elementos jurídicos, pero sobre todo los económicos para establecer la fiscalía, “porque una fiscalía trae aparejada una estructura dentro de la Fiscalía General”.
Recordó que la propuesta fue presentada hace tres meses, a petición de Martha Obeso viuda de Chavarría, quien incluso propuso al ex rector de la UAG Enrique González Ruiz para que encabece la fiscalía, sin embargo insistió que esta es una decisión sólo del fiscal.