Condena la CIDH el asesinato de Jiménez Blanco y urge al gobierno a investigarlo de oficio

*El organismo insta a las autoridades a seguir todas las líneas lógicas en la averiguación, incluyendo las actividades del promotor de la UPOEG como defensor de derechos humanos

Jacob Morales Antonio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Miguel Ángel Jiménez Blanco, e instó a las autoridades de México a actuar de forma “urgente” para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
En un comunicado emitido el lunes, la CIDH solicita al gobierno “seguir todas las líneas lógicas de investigación” del asesinato del promotor que encabezó la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y apoyó a las familias del comité Los Otros Desaparecidos en la identificación de fosas clandestinas.
El 8 de agosto Jiménez Blanco fue asesinado cuando manejaba un taxi colectivo en Xaltianguis. Según la UPOEG, fue amenazado por la búsqueda de los 43 normalistas que encabezó en Iguala, además había sido perseguido por desconocidos durante su estancia en esa ciudad de la región Norte, aunque en un video difundido tras su muerte, Jiménez Blanco señaló de lo que le pudiera suceder y calificó de “peligroso” al comandante de la Policía Ciudadana de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande.
“La Comisión urge al Estado a investigar de oficio este asesinato con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial, y a procesar y sancionar a las personas que resulten responsables”, se lee en el comunicado.
“Insta a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que el asesinato haya estado motivado por las actividades de Miguel Ángel Jiménez Blanco como defensor de derechos humanos”, agrega.
La CIDH afirma que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos, “no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad”.
Insiste al Estado mexicano que debe de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad y la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos para que puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, en contextos seguros y libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida y su seguridad.
Dice que es una obligación “ineludible de adoptar” de los Estados proteger la vida y prevenir vulneraciones a la integridad personal de todas las personas bajo su jurisdicción.
Informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH en el acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, continúan sus trabajos.
El domingo la UPOEG en un comunicado pidió a las autoridades del gobierno que la principal línea de investigación del asesinato de Jiménez Blanco sea por la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa que encabezó en Iguala.
Además demandó no sólo buscar a los responsables del asesinato en la UPOEG y el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), sino entre los servidores públicos estatales y federales que pudieran tener interés en la actividad que desarrolló en Iguala.