Habrá un nuevo informe sobre el caso Iguala, dice Osorio Chong

*Se ha trabajado no sólo para tener la “verdad histórica” de los hechos del 26 de septiembre del año pasado, sino también para evitar que algo así vuelva a suceder, afirma el secretario de Gobernación

*Ejecutan en la ciudad a una maestra que es sobrina del alcalde; tocan a su puerta y le disparan

*Insistirán los padres en las entrevistas del Grupo de Expertos a los militares, informa Vidulfo Rosales

*Dos cámaras del Palacio de Justicia ven el lugar de uno de los ataques a los normalistas

*Pedirá magistrado a Lambertina Galeana que responda al señalamiento sobre los videos destruidos

*También corresponde al fiscal Godínez hacer lo propio, dice el gobernador Rogelio Ortega

Alista el gobierno federal un nuevo informe sobre el caso Iguala, adelanta Osorio Chong

*Se ha trabajado no sólo para tener la “verdad histórica” de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, sino también para evitar que algo así vuelva a suceder, afirma

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

Sin dar detalles del contenido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que la Procuraduría General de la República (PGR) y otras dependencias presentarán un nuevo informe sobre el caso Iguala.
“Viene un informe de la propia Procuraduría y de otras instancias, en las que habremos de dar a conocer lo que se está haciendo, y lo que por cierto ya se realizó en algunas de las recomendaciones que se hicieron. Entonces seguimos adelante, trabajando, para que se dé absolutamente con todos los responsables. Saben ustedes que hay más de 150, 115 detenidos”, indicó en rueda de prensa en Mazatlán, Sinaloa, donde encabezó una reunión de seguridad con los gobernadores de la región noroeste.
Osorio Chong subrayó que el gobierno federal ha trabajado no sólo para tener la “verdad histórica” de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, sino también para evitar que algo así vuelva a suceder.
Expuso que se trabaja en diferentes leyes, reglamentos y ordenamientos para la “no repetición” y también para que se pueda castigar severamente a quienes incurran en ese tipo de delitos.
Añadió que se atenderán las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
“Es un tema que a México le dolió, a México entero, a todos los que habitamos aquí, y por eso es que el compromiso del Presidente, desde un principio fue coadyuvar con las familias. No hemos dejado de estar en contacto, apenas el sábado pasado estuve con ellos.
“Escuchamos todavía algunos planteamientos (…) que por supuesto estamos atendiendo. Estuvieron los expertos de la Corte Interamericana, con ellos ahí presentes. Ahí se les dijo que todas las recomendaciones que hiciera en su informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se habrán de atender”, señaló.
El 23 de julio, la CNDH dio a conocer un informe en el que identificó 26 fallas en la investigación de la PGR sobre el caso, como la falta de diligencias ministeriales, por lo que planteó, entre otras cosas, agotar todas las líneas de investigación y no descartar hipótesis.

No hay agentes de EU buscando a El Chapo, dice

En otro tema, el titular de la Segob rechazó, a pregunta expresa, que agentes de Estados Unidos participen en operativos del Ejército y la Marina en la sierra de Sinaloa para tratar de localizar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
“Tenemos colaboración con instituciones internacionales en el marco de la ley, y no hay nadie que esté haciendo en nuestro país algo de lo cual no estemos enterados. No hay este operativo al que usted hace referencia”, comentó.
Osorio Chong reiteró que las instituciones federales trabajan en dos líneas: la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa y las investigaciones para dar con quienes participaron en la fuga “de una u otra manera”,
Aunque se le preguntó sobre la información de inteligencia en el sentido de que El Chapo ha estado en Sinaloa tras evadirse del Altiplano, se limitó a decir que no puede ni debe decir nada al respecto porque podría “echar a perder” el trabajo de las instituciones.

Ejecutan en Iguala a una sobrina del alcalde; tocan a su puerta y le disparan

*Irma Lizet Esquivel Lara, de 32 años era maestra de preescolar en Tonalapa del Río, Teloloapan

Alejandro Guerrero

Iguala

Un pistolero ejecutó la noche de ayer de un balazo en la cabeza a la sobrina del alcalde interino de Iguala Siviano Mendiola Pérez, Irma Lizet Esquivel Lara, de 32 años quien era maestra de preescolar.
El homicida, tocó a la puerta de su casa de la colonia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al sur de la ciudad, y le disparó.
Cerca de las 10 de la noche de ayer un reporte al número de emergencias 066 alertó a las corporaciones de seguridad pública estatales y federales de detonaciones de arma de fuego en esa colonia.
Al lugar llegaron policías del estado, de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la Ministerial del estado, y acordonaron la zona para las diligencias.
Información obtenida en el lugar de los hechos con fuentes ministeriales dice que la maestra asesinada, Irma Lizet Esquivel Lara, de 32 años, trabajaba en el preescolar Benito Juárez de la comunidad de Tonalapa del Río, municipio de Teloloapan.
Según información que el esposo de la maestra dio a las autoridades, un hombre llegó a tocar a la puerta de su casa en la calle Río Atoyac y llamó a la maestra por su nombre, cuando abrió le dio un disparo en la cabeza y huyó.
Según testigos al menos eran dos hombres los que llegaron al lugar y huyeron en una motocicleta.
Después de las diligencias el cuerpo fue levantado minutos después de las 11:00 de la noche y trasladado al Servicio Médico Forense de esta ciudad.
En mes y medio, desde el 27 de junio cuando repuntó la ola de violencia en la vigilada por fuerzas federales ciudad de Iguala, 28 personas han sido ejecutadas, entre ellas cuatro mujeres y un menor de edad, según los registros de las notas publicadas en El Sur.
Balacera en el centro causa una intensa movilización policiaca

Una balacera cerca de la medianoche de este lunes en calles del centro de la ciudad movilizó a efectivos armados de diferentes corporaciones estatales y federales, sin que se reportara la detención de los pistoleros o lesionados.
Después de un reporte de vecinos del centro de la ciudad a las 11:30 de la noche, hubo una fuerte movilización policiaca en el primer cuadro de la ciudad en la que participaron efectivos de la división de Gendarmería de la Policía Federal y de la Policía del Estado.
Según fuentes policiacas, dos hombres armados se desplazaban en una motocicleta en la calle Hidalgo esquina con Rayón.
En el lugar no se reportó a personas lesionadas, tampoco en clínicas ni hospitales, tampoco se detuvo a los presuntos pistoleros.
La balacera y la movilización policiaca se da en una escalada de violencia que en mes y medio ha dejado 27 personas ejecutadas con violencia.

Insistirán en las entrevistas del Grupo de Expertos a los militares de Iguala, informa Vidulfo Rosales

*La negativa de las autoridades parece una demostración de poder y mano dura de que el Ejército no se va a someter a ninguna autoridad civil, afirma el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La negativa del gobierno a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a 26 militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, sobre los crímenes del 26 de septiembre en esa ciudad, parece una demostración de poder y mano dura de que el Ejército no se va a someter a ninguna autoridad civil, consideró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
El defensor, también representante legal de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, aclaró que van a insistir en las entrevistas por los expertos, “que son fundamentales en la investigación”.
Mencionó que la Secretaría de Gobernación les propuso que hicieran las preguntas por escrito para que los militares las respondan ante el Ministerio Público, sin los expertos y sin la posibilidad de hacer las preguntas que pudieran surgir. Los expertos consideraron que en esas condiciones no pueden hacer su labor.
Aclaró que si las autoridades insisten en proteger a los militares, el Estado tendrá que responder a su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos humanos.
Recordó que el Grupo es auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo creado el tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que avaló México, y que tiene el deber ineludible de atender sus disposiciones.
“Negar una petición del GIEI es una mala señal, indica la existencia de otra entidad que se sale del marco legal y que tiene poderes distintos o paralelos al propio Estado”, denunció.
En cuanto a la renovación del convenio para que el GIEI amplíe su mandato -el primer periodo concluye el próximo 2 de septiembre-, precisó que depende de las autoridades mexicanas porque ya se hizo la petición.
El mandato del Grupo es brindar asistencia para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde seis civiles (entre ellos tres estudiantes de Ayotzinapa) fueron asesinados y 43 normalistas fueron desaparecidos por policías. También asiste los procedimientos de búsqueda de los normalistas, de atención a las víctimas y en la formulación de políticas de no repetición.
Rosales Sierra aclaró que sólo se ha hablado de la posibilidad de ampliar el periodo del mandato por otro igual de seis meses. No obstante, el primer convenio señala que el mandato del Grupo se puede extender por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Recordó que la CIDH ya expresó disponibilidad para ampliar el periodo del convenio con México, “pero dependerá del Estado mexicano si acepta la ampliación para seguir recibiendo asistencia técnica”.
Estimó que ya no discutirían las cláusulas, “sería el mismo mandato y la prórroga por un plazo igual”.
Aclaró que en la reunión del secretario de Gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, con los padres de familia, “no dijo del todo que sí” a la continuidad del trabajo de los expertos, “dijo que por ahí no le miraba inconveniente pero tenía que consultarlo con otros funcionarios”.
Adelantó que en el segundo periodo se prevé que los expertos estén menos tiempo en el país, porque ya realizaron la mayor parte de las entrevistas y visitas, falta revisar el avance en las recomendaciones que han hecho a las autoridades.
Será a través de la oficina de Relaciones Exteriores que México solicite la prórroga de las asesorías a la CIDH, para garantizar la continuidad de sus trabajos, agregó.

Dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala ven el lugar de uno de los ataques a los normalistas

*Del puente a las cámaras de vigilancia hay una distancia no mayor a 150 metros. Pedirá a la presidenta del Tribunal Superior, Lambertina Galeana, que dé una postura sobre la denuncia de la destrucción de las videograbaciones del 26 de septiembre, dice el magistrado Miguel Barreto

Alejandro Guerrero y Zacarías Cervantes

Iguala y Chilpancingo

En el Palacio de Justicia de Iguala, también llamado Ciudad Judicial, se observan al menos cinco cámaras de videovigilancia y unos cuatro guardias desde el exterior, el edificio de cuatro niveles está ubicado en el entronque de la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca.
En el exterior se observan cinco cámaras, dos en la parte superior, una al frente del edificio del lado de la carretera y la otra en el costado poniente, ambas con buena visibilidad hacia la zona en la que fue uno de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, cerca o abajo del puente de la desviación que va hacia la caseta.
Del puente hacia las cámaras de vigilancia hay una distancia no mayor a 150 metros.
Otras tres cámaras están instaladas en los accesos al edificio, dos en la puerta principal en sentidos contrarios, pero las dos apuntan al centro de la puerta de entrada, y una más está en el portón principal que está en dirección contraria al puente.
Ayer en la tarde se observaron cuatro vigilantes en el edificio, cuatro vestidos de negro en la azotea del edificio y uno más con uniforme de la Policía Auxiliar en la parte baja.
En un comunicado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga los ataques a los normalistas, denunció la posible destrucción de una videograbación que da cuenta de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que grabaron las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con el GIEI que es auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los videos que captaron las videocámaras existieron y fueron enviados a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de Lambertina Galeana Marín quien sustituyó a Jesús Martínez Garnelo que ya fungía como secretario general de Gobierno.
Los expertos señalaron que “parece que tales registros videográficos fueron destruidos, si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”.
Los hechos a los que se refiere el GIEI corresponden al lugar donde la noche del 26 y en los primero minutos del 27 de septiembre fue atacado, por policías municipales de Iguala y Cocula al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, el tercer autobús en el que viajaban los normalistas.
En la sede del Tribunal Superior de Justicia hubo silencio, se buscó una entrevista con la presidenta Lambertina Galeana, pero personal de su oficina dijo que no se encontraba.
También se buscó vía telefónica al magistrado Miguel Barreto Cedeño, quien es vocero a partir del movimiento de los trabajadores del TSJE que hicieron un paro laboral en demanda de incremento salarial al inicio de este año, pero aclaró que ya no desempeñaba esa función.
El funcionario se comprometió a localizar a la magistrada presidenta para plantearle la solicitud del reportero y sugerirle que emitiera una postura al respecto, “y yo te devuelvo la llamada”, prometió el magistrado pero ya no contestó.

Jamás ofreció liberar a presos políticos,dice Ortega; es asunto de jueces o diputados

*Afirma que es posible que el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, salga libre, pero afirma que es decisión del Poder Judicial. Corresponde al fiscal dar una respuesta al Grupo de Expertos sobre el caso Ayotzinapa, plantea

Karla Galarce Sosa

“Yo jamás dije que iba poner a un preso político afuera de la prisión, la que lo puede hacer es la Fiscalía si se desiste de la acción penal, y lo solicitamos; el que lo puede hacer es el Congreso (local) si se aprueba la ley de amnistía”, declaró el gobernador Rogelio Ortega Martínez a reporteros minutos antes de acudir a la reunión que sostendría con alcaldes de 49 municipios y la representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga en Acapulco.
“En la vida republicana hay tres poderes, yo hago mi parte”, comentó Ortega Martínez cuando un reportero preguntó si la separación de poderes y la autonomía de la Fiscalía obstruiría el trabajo del gobierno estatal.
De la exigencia de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que el lunes en la madrugada liberaron los pozos que abastecen de agua a una parte del puerto de Acapulco, dijo que está en manos del Poder Judicial el resolver la liberación del vocero, Marco Antonio Suástegui. “El gobernador no es ni juez, ni Ministerio Público, hay que respetar al Poder Judicial. El proceso de Marco Suástegui está a punto de culminar con el debido proceso jurídico, y es posible que salga en libertad pero eso está en manos de los jueces”, recalcó.
Sobre la destrucción de evidencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que señalaron expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Rogelio Ortega dijo que corresponde al fiscal dar una respuesta.
“A ustedes se les olvida, y a mucha gente, que (la Fiscalía) es autónoma e independiente, y no depende del Ejecutivo. Son tres poderes que hay, y ahora que soy gobernador, soy absolutamente respetuoso del poder legislativo y del poder judicial. Yo no soy Ministerio Público, ni soy juez, ni soy fiscal, es el poder judicial autónomo, el poder legislativo autónomo, y yo haré la parte que me corresponde”, expuso.

El gobierno estatal entregó documentación en caso Ayotzinapa

Agregó que corresponde al gobierno del estado entregar toda la documentación e hizo referencia a que la PGR atrajo el de la desaparición. Sin embargo, añadió que una parte de la investigación está documentada: “es la parte que nos entregó a nosotros el ex procurador Iñaki (Blanco), y ahí están en los archivos de la ex Procuraduría ahora Fiscalía, y creo que si alguien desea investigar, pues las puertas abiertas me imagino, y la disposición del fiscal”.
Un reportero preguntó si la división de poderes “ataría las manos al gobierno estatal” y Rogelio Ortega respondió que será todo lo contrario. Puso como ejemplo los presos políticos: “yo jamás, jamás porque no tengo facultades para ello, dije que iba a poner a un preso político afuera de la prisión. No lo puedo hacer, quien lo puede hacer es la Fiscalía si se desiste de la acción penal, y lo solicitamos, quien lo puede hacer es el Congreso si se aprueba la ley de amnistía y envía la ley de amnistía, entonces yo soy solidario coadyuvante y acompañante”.
Otro reportero preguntó si habría reactivación en las movilizaciones de grupos y organizaciones sociales ante la cercanía del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas (este 26 de septiembre), y el gobernador reiteró que en Guerrero están consagrados los derechos plenos de los ciudadanos a la libre manifestación; no obstante acotó que los bloqueos en la autopista y a las carreteras son una obstrucción al libre tránsito que afectan la economía del estado y a terceras personas.
Vislumbró una transición tranquila pues consideró que el diálogo que ha tenido con los distintos municipios ayudarán.
Mencionó que luego del anuncio que hizo en La Sierra de mantener el precio de la leche Liconsa en 5, 4 y hasta en 1 peso en los municipios de las zonas más marginadas y especialmente las zonas indígenas, se tendrán mejorías en los municipios de más alta marginación pues Nuvia Mayorga anunciaría una inversión “de más de 300 millones de pesos para municipios y zonas marginadas”.