Llaman a instalar el comedor de Tlapa ante la temporada de alta migración de jornaleros

*La Unidad de Servicios Integrales a cargo de la Sedesol está sucia, no se abren los dormitorios o las regaderas a quien solicite el espacio como jornalero, afirman integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña. La Secretaría de Asuntos Indígenas se atribuyó la coordinación de la Comisión Intersecretarial y debe de citar a reunión, demandan

Carmen González Benicio

Tlapa

Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña se quejaron de que a 12 días de que inicie la temporada de alta migración, las instituciones que participan en la Comisión Intersecretarial creada para atender al sector, “no han convocado a reuniones y tenemos la incertidumbre de si se va instalar el comedor o no”.
En las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en Tlapa, los encargados del comedor comunitario e integrantes del Consejo, Miguel Martínez Peralta, Flores Sánchez Crescencio y Aureliana Díaz Benigno externaron que desde julio propusieron una reunión con la Comisión, a través de la secretaria de Asuntos Indígenas, Martha Sánchez Nestor “a quien le propusimos las fechas del 27 al 31 de julio para hacerla y no hemos tenido respuesta”, dijo Martínez Peralta.
Agregó que la reunión es para definir la continuidad del comedor comunitario que inicio en el 2006 en el periodo de Zeferino Torreblanca, luego de varias movilizaciones y reuniones de los jornaleros.
“No sabemos nada de las instituciones ni de la Secretaría de Migrantes que antes coordinaba los trabajos y ahora lo hace la SAI (Secretaría de Asuntos Indígenas), las reuniones que se venían haciendo cada mes se terminaron, parece ser que el tema de los jornaleros no les importa, cada año es lo mismo se les tiene que recordar lo que tienen que hacer”, se quejó.
Informó que durante el periodo de migración alta, que el Consejo dice que fue de septiembre de 2014 a enero de 2015, registraron la salida de 10 mil jornaleros entre indígenas na savi, me’phaa y nahuas.
Dijo que los datos de esos meses son porque ellos están de manera permanente en la USI y les permite registrarlos, pero al concluir ese periodo regresan a su comunidad de origen a trabajar el campo, ya que la SAI, “con mala gana nos pagan el salario simbólico de septiembre a enero, y los otros meses ni se toman en cuenta”.
Sin embargo, agregó que este año mantuvieron contacto en la USI, documentaron la salida de más de 6 mil jornaleros y la incorporación de un nuevo estado del norte que les da trabajo, Coahuila, “la migración ya no es una temporada, es todo el año en que van por cuenta propia o contratados”.
La migración de los jornaleros agrícolas de la región es a 18 estados del norte del país “donde viven en condiciones de explotación, siguen muriendo en los campos y su traslado es necesario a sus pueblos, pero parece ser que no es un tema prioritario para las autoridades estatales ni federales porque nadie busca reunirse para atender el tema”, remarcó Martínez Peralta.
Los integrantes del Consejo denunciaron que la Sedesol federal responsable de la USI no se hace cargo del mantenimiento del lugar o quién lo atienda de febrero a agosto, porque está muy sucio, no se abren los dormitorios o las regaderas a quien solicite el espacio como jornalero o gente de las comunidades que tienen algún familiar en el hospital cercano, “y cuando abren les cobran los servicios”.
Dijeron que esas acciones las hacen los encargados de la ventanilla del programa 70 y Más de la Sedesol que son los que están de manera permanente en el lugar, pero no hacen nada por el mantenimiento. Apenas acudieron y encontraron la salida del drenaje tapada.
Las reuniones de la Comisión Intersecretarial quedaron estancadas desde la contingencia del huracán Ingrid y de la tormenta Manuel en septiembre de 2013. Las autoridades dijeron que las acciones las estaban enfocando en apoyar a las comunidades afectadas y por eso no daban seguimiento, y en septiembre de 2014 tras los ataques a los normalistas en Iguala, dejaron de celebrarse.
La última reunión fue en diciembre con el argumento de que no había condiciones para realizarlas, y las acciones anunciadas se quedaron incompletas, como la instalación de un módulo del Registro Civil.
Los integrantes del Consejo urgieron a las autoridades encargadas, en específico a la SAI que se atribuyó la coordinación de la Comisión, a que cite a una reunión para definir si continuará la entrega de los insumos para el funcionamiento del comedor y su contratación, ya que desde el 2006 que se autorizó el comedor saben que le destinaron cerca de 300 mil pesos y para el 2014 se hablaba de 400 mil, “aunque eso era en insumos, de los cuales nosotros nunca vimos las notas que se pagaban para saber si realmente se ejercían esos recursos”.
Lamentaron que año tras año tengan que recurrir a la presión de las autoridades para que les den recursos que ya debían tener programados, porque “la migración no termina, al contrario cada vez aumenta y se hace todo el año”.
Se quejaron de que las instituciones tampoco son transparentes en sus programas porque varios jornaleros beneficiados con tarjetas de apoyo de movilidad laboral no tienen fondos, y tampoco se los entregan, pero informan que ejercieron los recursos.
Pidieron a la SAI que establezca como política pública el apoyo al comedor para los jornaleros, y que no se tenga que estar solicitando el apoyo cada año.