Piden la nulidad del proceso contra Nestora que acreditó su nacionalidad mexicano-estadounidense

*La luchadora social en prisión desde agosto de 2013 no tuvo acceso a la asistencia consular, que es un derecho irrenunciable, explica el abogado Leonel Rivero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A petición de un juzgado, la embajada de Estados Unidos notificó el 28 de julio a la juez de Primera Instancia de Tlapa, María Leonor Arroyo Mojica, que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García es ciudadana de ese país, estatus que de antemano conocían las autoridades estatales que ordenaron su detención el 21 de agosto de 2013.
Cuando la juez notificó a sus representantes que ya fue acreditada la nacionalidad mexicano-estadounidense en los expedientes judiciales, la defensa demandó la nulidad del proceso de la causa penal 05/2014-1, porque la luchadora social en prisión desde agosto de 2013 no tuvo acceso a la asistencia consular que es un derecho irrenunciable.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez explicó que a partir de la nulidad del proceso, que por ley tendrá que conceder la juez de Tlapa, se deben de reponer los amparos y apelaciones que en su momento no se hicieron válidos.
Solicitó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, que el Poder Judicial “sea más proactivo y vigile cómo se están llevando a cabo los procesos, como la demanda de nulidad, para que les den respuesta en los términos de ley”.
De los plazos, indicó que la defensa debe solicitar la nulidad tres días después de la notificación, pero se hizo el mismo día, y en tres días (a más tardar el lunes) la juez debe responder y fijar una fecha para una audiencia incidental.
Estimó que la nulidad va a proceder porque en la notificación, la juez acepta que “se tiene por acreditada la nacionalidad estadounidense de la procesada Nestora Salgado García”, y con ello se confirma que se violentó su derecho irrenunciable a la asistencia consular, entre otras irregularidades a su debido proceso.
Pidió al TSJ que tome las medidas de apremio para que cuando la parte acusadora sea citada a declarar, acudan a ratificar sus dichos.
A las audiencias programadas para el 17, 18 y 19 nadie se presentó. Hoy es el último día para que acusen los acusados, pero consideró que tampoco asistirán porque todo “ha sido un montaje” de las autoridades estatales.
No obstante, pidió que se emitan medidas de apremio para agotar el juicio penal a través de citatorios, multas y finalmente la utilización de la fuerza pública, para presentar a los testigos de cargo.
Recordó que desde que fue aprehendida por soldados y marinos en Olinalá, Nestora Salgado llevaba una identificación de ciudadana estadounidense, “la despojaron, se robaron sus pertenencias, desde el primer momento sabían de su estatus, en la declaración preparatoria donde se mencionan sus generales ni siquiera como ironía lo señalan”.
Denunció que el gobierno estatal a través de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado montó todas las acusaciones contra su defendida, y aunque la ahora Fiscalía General del Estado es autónoma, mantiene la misma política “ya sabemos cómo se manejan las cosas”.
Reiteró que el caso es netamente político, desde que Nestora Salgado fue detenida sin una orden judicial y no por la Policía Ministerial, sino por soldados del Ejército y la Marina. Además la solicitud para su traslado a un penal de máxima seguridad no la hizo un juez, sino el secretario de Seguridad Pública.
Aunado a los pronunciamientos insistentes del fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz, de que tiene tiene elementos sólidos para procesarla.
Sin embargo, Rivero Rodríguez aclaró que más bien sus casos se sostienen “con pinzas”, son “demasiado frágiles”.
Como ejemplo dijo que los policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, al mismo tiempo que Salgado García, debieron ser llevados a un arraigo para recabar su declaración.
Recordó que organizaciones de la derecha como Alto al Secuestro y México SOS pugnan porque la dirigente siga encarcelada.
Acusó a Rogelio Ortega Martínez de ser parte de esta estrategia, y como referencia mencionó una publicación en El universal del 12 de junio, donde tras una visita a la activista en el penal de Tepepan, recién llegada del penal de Nayarit, declaró que Nestora Salgado aceptó que el gobierno del estado le pagara un abogado distinto al que está a cargo de su caso.
Dijo entonces que el abogado era Mariano Albor, el representante legal del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, pero no fue aceptado por sus familiares.