Denuncian impunidad y complicidad del gobierno en el caso Chavarría y otros crímenes políticos

*Hay obstrucción de la justicia por parte de las autoridades, denuncia su viuda Martha Obeso a seis años del asesinato. Ángel Aguirre brindó protección a Zeferino Torreblanca, señalado por el crimen, y a Rogelio Ortega “le falta voluntad política”, señala. Exponen los casos de Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino y Longino Vicente Morales. Demandan la liberación de Nestora Salgado y de los otros presos políticos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de dirigentes sociales asesinados, de desaparecidos y de detenidos, denunciaron ayer que existe una red de complicidades entre autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes para mantener en la impunidad a los responsables de crímenes contra personajes politicos, luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
La denuncia fue durante la conferencia de prensa denominada “Voces contra la Impunidad” en el marco del sexto aniversario del asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, que se cumple este 20 de agosto, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Asistieron la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares; la viuda de Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza Martínez; la hermana de la dirigente de la Organización Campesina del la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino, Norma Mesino; la hermana de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá detenida, Nestora Salgado, Cleotilde Salgado; la esposa del dirigente indígena desaparecido Longino Vicente Morales, Bladina Diéguez Castro, y la hija del desaparecido durante la década de los 70 Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla.
Asimismo, estuvo el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y ex integrante de la Comisión de la Verdad, José Enrique González Ruiz; el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
Las primeras firmaron un pronunciamiento al final de la conferencia de prensa en el que expresan que “el estado de Guerrero ha llegado a límites históricos de impunidad”.
Dijeron que quienes estuvieron en esa mesa son una “pequeña muestra de la sociedad lastimada por la violencia criminal, por la falta de justicia y por la impunidad auspiciada y protegida desde el Estado”.
Antes, durante la conferencia de prensa que se convirtió en un foro de denuncia, cada una de las seis mujeres que han perdido a sus familiares en asesinatos, como los de Chavarría Barrera, Arturo Hernández y Rocío Mesino, que sufrieron desaparición forzada como Longino Vicente y Rosendo Radilla, o que se encuentran presos como el caso de Nestora Salgado, expusieron sus casos.
Todos ellos se encuentran sin resolver por una sola causa, la impunidad, coincidieron las ponentes.

Caso Chavarría, complicidades

La viuda de Chavarría Barrera dijo que a seis años del asesinato de su esposo “hoy tengo la certeza y denuncio la complicidad de las autoridades con los asesinos, la obstrucción de la justicia y la impunidad que rodean el magnicidio de Armando Chavarría Barrera”.
Se quejó de que siete procuradores, incluido el actual fiscal general Miguel Angel Godínez Muñoz, se han negado a esclarecer el caso y llevar ante los jueces a los culpables, “pese a que en el expediente existen señalamientos claros sobre la identidad de los autores materiales e intelectuales del homicidio de la cabeza del Poder Legislativo del Estado”.
Como el año pasado, Obeso Cázares denunció al ex gobernador Zeferino Torreblanca como el responsable que mandó matar a Armando Chavarría.
Dijo que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero protegió a Zeferino Torreblanca y a los asesinos materiales, encubriéndolos y denegando la justicia.
Del actual gobernador, Rogelio Ortega, expresó que “le falta voluntad política, determinación y compromiso con nuestro reclamo de justicia”.
Pero añadió que gracias a la presión de la opinión pública, Ángel Aguirre no pudo, pese a todo, que el ex gobernador compareciera “voluntariamente”, según la Procuraduría (hoy Fiscalía), a rendir su declaración “dizque como testigo”.
Expuso que la revelación de uno de los implicados, que fue ultimado días después de rendir su declaración, “no deja lugar para la inacción y la omisión del gobierno, y confirma el origen y el carácter político del homicidio de Armando, ya que se trató de un crimen de Estado ordenado y perpetrado desde el poder público”.
Sin embargo, cuestionó que a pesar de la puntualidad y seriedad de la acusación en su contra, Zeferino Torreblanca, el principal señalado como el responsable del crimen, fue tratado por la Fiscalía General del Estado como “invitado de la casa. Y así sigue siendo tratado”.
Luego denunció que a seis años del crimen político, continúa la actitud encubridora y cómplice del gobierno y de la Fiscalía General, para frenar todo avance en las investigaciones y para impedir que los responsables sean sujetos a proceso”.
Recordó que desde principios de año pidió al gobernador Ortega la creación de una fiscalía especializada para investigar el asesinato de su esposo, y que “con renuencia” aceptó y transmitió su disposición al fiscal, quien el 6 de abril declaró a los medios de comunicación que ya había solicitado el visto bueno al Congreso del estado, “cuando en realidad nunca lo hizo”, denunció la viuda, quien se quejó que la propuesta sigue detenida en esa instancia.
Acusó: “es evidente que por cálculos políticos y amistosos, el asesinato de Armando Chavarría no se encuentra en la agenda del gobierno de Rogelio Ortega, ni en la agenda de trabajo del fiscal Miguel Ángel Godínez”.
Agregó que tampoco están en su agenda los asesinatos del diputado priista Moisés Villanueva de la Luz, Rocío Mesino, Arturo Hernández, ni la desaparición forzada de Longino Vicente y mucho menos el asesinato de los dirigentes indígenas Raúl Lucas y Manuel Ponce, de Ayutla.
Concluyó: “En Guerrero, la impunidad ocupa el lugar del Estado de derecho, porque así funcionan las redes de impunidad alentadas y sostenidas desde las esferas del poder. Ahora ya no tengo ninguna duda, en el caso de Armando Chavarría existe un gigantesco encubrimiento que involucra a dos gobernadores, a seis ex procuradores y al actual fiscal del estado”.

Hernández Cardona, Rocío Mesino, Longino Vicente

Por su parte, Sofía Mendoza, viuda de Arturo Hernández, dijo que este es otro caso en el que se evidencia que la impunidad ha logrado penetrar hondo en la sociedad en Guerrero.
La viuda narró todo lo que ha tenido que hacer en busca del esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de su esposo, quien fue levantado el 30 de mayo del 2013 junto con otros 7 integrantes de Unidad Popular y tres días después, el 3 de junio, tres de ellos, entre los que estaba Hernández Cardona, fueron encontrados ejecutados y sus cuerpos con huellas de tortura.
Agregó que ahora ya no tiene ninguna duda de que el responsable no sólo intelectual, sino material, es el presidente municipal desaforado de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, como lo testificó ante un notario y después ante la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía Genera), el sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
Acusó que ahora Mendoza Villa sufre una feroz persecución, pues ha sido allanado su domicilio en seis ocasiones y tiene que andar de un lugar a otro para proteger su integridad física, pero que aún así la Procuraduría General de la República exige que se presente a declarar, “pero nosotros no podemos exponerlo por las amenazas que ha recibido”, dijo.
También denunció que la PGR imputa a Abarca Velázquez, preso por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sólo por el delito de secuestro agravado, y que lo que están pidiendo es que sea juzgado por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, pues se trató de un crimen de Estado, igual que el del diputado Armando Chavarría Barrera. A su vez, Norma Mesino, hermana de Rocío Mesino, asesinada el 19 de octubre del 2013, denunció que el caso sigue impune, igual que todos los que se han cometido en contra de luchadores sociales.
“No hay ningún avance aun cuando se tiene una línea principal de investigación, pero está archivado y olvidado por los órganos de impartir justicia, no hay ningún detenido ni procesado”, dijo.
Después exigió que ningún caso “de nuestros compañeros asesinados quede en la impunidad. Sabemos que el gobierno en turno es indolente, que protege a los asesinos y no va a investigar, no habrá justicia, porque tenemos un sistema podrido. Tal vez sean años de lucha por la justicia y no dejaremos de exigirla porque es nuestro derecho”, advirtió.
Otra de las ponentes fue Bladina Diéguez Castro, esposa del dirigente indígena desaparecido el 22 de junio del 2012, quien expresó que en México y en Guerrero la espera de justicia de centenares de casos de desaparición forzada siguen siendo un acto de justicia negada, y que se encuentra entrampada en una red de corrupción, complicidades, ineptitudes “y una profunda deshumanización de quienes pasan por las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia”.
Explicó que la falta de compromiso de las autoridades judiciales está dejando en la impunidad esta desaparición, pues informó que en el primer año de la desaparición de Longino Vicente cambiaron a tres fiscales y a siete grupos policiacos encargados de la investigación.
“Preocupa la actitud de las autoridades de evasión y de dilación en cuanto al caso, sabemos que es estrategia de los funcionarios hacer como que trabajan y apoyan a las familias que son víctimas de éste tipo de delitos, no es extraño pues, que en lugar de actuar, se escuden en las familias revictimizándolas”, expresó.
Acusó que a tres años de la desaparición de Longino Vicente, las autoridades no han cumplido con su trabajo, y que su caso es uno más de los cientos que hay en Guerrero, y que está quedando en la impunidad.

Nestora Salgado, inocente

Cleotilde García, hermana de la líder de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado, también denunció la red de complicidades que se han tendido entre los tres niveles de gobierno y entre los tres poderes para mantener presa a su hermana.
Rechazó que haya voluntad de parte de las actuales autoridades estatales para liberarla, pues dijo que quienes la acusan siguen sin presentarse a las audiencias con el único propósito de alargar el proceso y ella siga en la cárcel.
Con la voz quebrada insistió que ella es inocente y que la acusan por delitos fabricados. Expuso: “Pero yo creo en Dios y para él no hay nada oculto, algún día se llegará a esclarecer la verdad y ella tendrá su recompensa”.
Asimismo, Tita Radilla, hija del desaparecido en 1994, Rosendo Radilla, denunció que el caso de su padre tuvo que ser llevado ante la justicia internacional debido a la impunidad que existe en México.
Recordó que la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Coidh) no sólo benefició a este caso, sino en general porque se acotó el fuero militar al resolver que los civiles no deben ser juzgados por tribunales internacionales.
Pero dijo que el asunto de fondo, que es el esclarecimiento de la desaparición de Radilla Pacheco, sigue sin resolverse.
En el contexto de las intervenciones de las seis mujeres, el ex comisionado de la Comisión de la Verdad, González Ruiz, se preguntó que qué más tiene que pasar en Guerrero, pera que haya justicia para las víctimas, “ya se han cometido todos los delitos que se puedan imaginar”.
Criticó que las autoridades de administración y procuración de justicia son muy eficientes para detener y encarcelas a líderes sociales y a defensores de derechos humanos, acusándolos de delitos prefabricados, como el caso de Nestora Salgado, pero que no actúan igual cuando se trata de esclarecer y hacer justicia cuando se asesina y se desaparece a los luchadores sociales.
Denunció que al terminar su trabajo la Comisión de la Verdad entregó un informe a los tres poderes del estado, en el que concluyeron que en Guerrero se cometieron delitos de lesa humanidad, pero que “son tan cínicos”, que ni siquiera han publicado ese informe, a pesar de que lo establece la ley, “eso demuestra que les interesa un soberano cacahuate”.
Acusó que todos los funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno se cobijan con el mismo manto de impunidad, “siempre pensando en que si jalan ese manto y descobijan al otro, después otro más, al jalarlo también, puede descobijarlo”.
Dijo que la falta de esclarecimiento y castigo hace que los impunes se vuelvan más descarados y reincidan en lo mismo. “Los impunes seguirán haciendo daño si nosotros guardamos silencio”, dijo.
Finalmente, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, reconoció que las comisiones de derechos humanos, no sólo la local, sino la nacional y las internacionales, no son suficientes “para apagar esa llama de la impunidad que tanto nos agravia a todos”.
Agregó que “así como la traemos (la impunidad) en la historia, la tenemos en el presente y no vemos cómo la vamos a evitar en el futuro sino con la participación de todos y todas  para arrancar esa conducta perversa de la impunidad de las esferas del gobierno”.
En el pronunciamiento final, las seis mujeres que lo firman, expresan que en la víspera de cumplirse el sexto aniversario del asesinato de Armando Chavarría “exigimos al gobierno del estado y al gobierno federal que cese la impunidad, que se esclarezcan y castiguen ejemplarmente éste y todos los crímenes que permanecen en el olvido institucional”.
Se pronunciaron, además, por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; por la libertad de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui y todos los presos por motivos políticos.