Desafuero y castigo penal al gobernador solicitó un colegio de abogados al Congreso

Karina Contreras

El Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero que encabeza Alfredo Pérez Zárate, demandó al Congreso local que analice “lo más pronto posible” las pruebas que ese gremio presentó para la solicitud de desafuero del gobernador Rogelio Ortega Martínez, y se le castigue penalmente por enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio indebido del propio derecho y abuso de autoridad.
En conferencia de prensa, Pérez Zárate acompañado del vicepresidente Juan Luis Juárez Solís y el integrante José Sánchez Chávez, dijo que para que avance el caso tiene que haber “voluntad política” de los diputados, si no tendrá que quedarse en la relación de los asuntos pendientes de la actual Legislatura para heredarla a la siguiente.
El abogado dijo que la petición de juicio de procedencia tendrá que ser asumida por el Congreso del Estado con toda responsabilidad.
La demanda ante el Congreso local para pedir el desafuero del gobernador fue este martes en la Oficialía de Partes, y se señala que es una “denuncia de hechos que están considerados como delitos en el Código Penal en el Estado de Guerrero, y actos tanto civiles como administrativos… consideramos como delitos graves, razón por la cual también proceden y así se solicita se decrete el desafuero constitucional del C. Rogelio Ortega Martínez como actual gobernador del estado de Guerrero”. La denuncia fue ratificada el miércoles.
Pérez Zárate añadió que dieron los elementos para que los diputados revisen esa denuncia porque tiene la “obligación de oficio una vez que recibió la denuncia de nosotros sustentada y fundamentada en la ley, para abrir las investigaciones que se tengan que abrir, estamos registrando lo que la sociedad conoce ya. Ya la denuncia radica en el Congreso local, la actual legislatura sale el 13 de septiembre, la denuncia está aceptada y se tiene que dar a conocer al pleno en la sesión del 13 de septiembre, la tiene que conocer el pleno”.
Dijo que el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega ya tiene conocimiento de esa demanda de juicio político y tiene facultades para convocar a una sesión extraordinaria, pero eso es “si hay voluntad política del Congreso, si no tendrá que quedarse en la relación de pendientes de la actual para heredarla a la siguiente legislatura”.
Indicó que lo que buscan es un juicio de procedencia contra el gobernador Ortega Martínez para el desafuero y responsabilidad penal por sus conductas ilícitas, pero el Congreso tiene que evaluar si hay elementos suficientes para desaforarlo.
Explicó que aunque se vaya no cesa su responsabilidad porque legalmente todavía hay cinco años más después de la entrega de su mandato.
El abogado dijo que lo que denuncian cuadra en el Código Penal del estado porque “estamos hablando de administración fraudulenta de los recursos, es un delito tipificado en el Código Penal”.