Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Ayotzinapa frente a la cerrazón total del gobierno

El firme rechazo del gobierno federal a que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interrogue a los militares que estaban de servicio en Iguala la noche del 26 de septiembre no sólo es una definición de Estado, la misma que ha aplicado el presidente Enrique Peña Nieto en este caso, sino que además remite a la perturbadora posibilidad de que, en efecto, los militares tengan responsabilidad o hayan participado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Esta última es una conjetura inevitable, alimentada por el empeño que el gobierno federal ha puesto en cerrar el caso con la “verdad histórica” que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam en noviembre de 2014 y luego ratificó en enero de este año en medio del descrédito generalizado dentro y fuera del país. Se nutre, además, de la campaña personal que en los últimos meses ha desplegado el presidente, según la cual el Ejército es un ejemplo de rectitud y amor a la patria y por lo tanto está fuera de toda sospecha.
Pero no puede el Ejército estar fuera de sospecha si el gobierno pone tanta vehemencia en impedir que los militares sean parte de la investigación sobre los acontecimientos de aquella noche. La conducta lógica y sensata es que los militares de inmediato hubieran sido llamados a declarar sobre los hechos de los cuales fueron testigos, en el menor de los casos, sin embargo la Procuraduría General de la República adoptó la posición de que ni el Ejército ni la Policía Federal tuvieron ninguna clase de responsabilidad. Se ignora cómo llegaron la PGR y el gobierno federal a esa conclusión que sólo acentúa la suspicacia, pues persiste la pregunta: si los militares y los policías federales no tuvieron nada que ver en la sangrienta refriega, ¿cuál es entonces el motivo de que no se permita que sean interrogados por la misión de la CIDH, ya que no lo han sido por parte del Ministerio Público?
Si se concede crédito a la versión oficial, no parece haber preocupado ni interesado a la PGR establecer las razones, por lo visto imperiosas, que orillaron a los criminales a desaparecer real, física y materialmente a sus víctimas hasta hacerlas polvo, y el esclarecimiento de ese elemento podría explicar la verdadera autoría de este crimen atroz. Porque aun cuando hayan sido los sicarios los ejecutores de la calcinación, y los jefes del cártel de Guerreros Unidos quienes dieron las órdenes, el elevado interés que dio origen a ese hecho no es congruente con su perfil criminal ni con su modus operandi en el día a día de sus actividades ilícitas. Si evidentemente no era a ellos, debemos preguntarnos en consecuencia a quién convenía que los jóvenes no fueran hallados ni muertos. ¿A quién?
El interrogatorio a 26 militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala fue solicitado por los expertos de la CIDH casi al comenzar en marzo su trabajo de revisión de las investigaciones, y el gobierno federal se tardó cinco meses en responder que no, casi al término de la misión de seis meses. Si la presencia del grupo se prolonga por otros seis meses como ha solicitado, es previsible que las autoridades mantengan su negativa, lo cual generará un empantanamiento que el respeto a la ley y la sensibilidad debieron haber impedido desde el principio.
Francisco Cox, integrante del grupo de la CIDH, explicó el lunes pasado con sus compañeros que el gobierno les ofreció enviar por escrito las preguntas para los militares, pero que naturalmente decidieron declinar ese mecanismo “porque no tendríamos el control ni la posibilidad de repreguntar”. Con la paciencia y la diplomacia que las circunstancias le permiten, el enviado de la CIDH explicó que la negativa oficial genera una “diferencia de opinión fuerte con el gobierno en cuanto cuáles son nuestras atribuciones y lo que es el marco de la legalidad de cumplir nuestro mandato; consideramos que tenemos una visión, una interpretación distinta del convenio a la que tiene el gobierno”.
Quiso decir con ello que la cerrazón del gobierno choca con el interés público representado por ellos, representado por ellos en ausencia de una instancia nacional que represente institucionalmente a las familias de los 43 jóvenes. No es el primer obstáculo ni la única negativa que el grupo de expertos ha recibido del gobierno de Peña Nieto, pues no ha hecho el menor caso a otra peticiones y recomendaciones que los enviados le han formulado, como la de reclasificar a desaparición forzada los cargos levantados contra los detenidos por el caso Ayotzinapa, o ampliar las investigaciones para seguir líneas que han sido desestimadas por la PGR, presumiblemente como la de los militares.
En marzo, al cabo de dos semanas de estancia en México, el grupo de la CIDH manifestó que “todavía no tenemos una certeza de lo que ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas”. Tampoco ahora muestran los expertos señales de saber qué es lo que realmente sucedió en Iguala y la suerte que corrieron los normalistas. Pero no hay ninguna duda ya de que no comparten en absoluto la “verdad histórica” oficial, lo que llevará el empantanamiento a un círculo vicioso, al mismo círculo vicioso que mantienen las autoridades y que deja en total indefensión a los padres de las víctimas. Y la misión de la CIDH era la solución para romper ese círculo vicioso. Después de eso sigue la imposición autoritaria de la verdad fabricada, la ruptura del principio de justicia y el mensaje de “háganle como quieran”.
Se había visto ya por las respuestas ofrecidas a las primeras recomendaciones del grupo de la CIDH que el gobierno de Peña Nieto está dispuesto a pagar el costo del descrédito nacional e internacional antes que mover la posición que ha sostenido hasta ahora en el caso Ayotzinapa. A esa determinación obedece la negativa al interrogatorio de los militares, aunque de esa forma crezca la suspicacia generalizada que provoca la versión oficial.
No importa que nadie crea en la “verdad histórica” presentada por la PGR y tenga todas las características de haber sido fabricada con el objetivo de constreñir la realidad de los hechos a simples acciones de delincuencia y asesinato, aberrantes pero “aisladas”. Así es como el gobierno quiere que los hechos sean vistos, juzgados y recordados.
Escandaliza semejante cerrazón del gobierno, pues por otra parte ha sido documentado públicamente que los militares estuvieron informados y al tanto de los movimientos de los estudiantes en Iguala desde que éstos llegaron a la ciudad, y durante toda la noche mientras eran acribillados. En esas circunstancias, ¿como puede negarse el gobierno a que los militares sean interrogados?
Recordemos que la presunción de que los militares podrían no ser ajenos a la agresión contra los estudiantes, y por lo tanto deben ser investigados, no proviene de una simple sospecha, sino de información de carácter oficial dada a conocer por la prensa. Citemos otra vez el reportaje del diario Milenio en el que afirma lo siguiente: “Los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero que no intervinieron mientras ocurrían las agresiones contra quienes resultaron muertos, heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”. Los documentos a que hizo referencia el periódico son partes militares y mensajes que el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala –ya removido de ese cuartel y trasladado a otra ubicación– envió a la comandancia de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, desde temprana hora de la noche del 26 de septiembre y a lo largo de las varias horas que duró la jornada sangrienta. (“Partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras”, Milenio, 25 de febrero de 2015)
Con todo, increíblemente el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo ayer que la desaparición de personas y la tortura son temas prioritarios para el gobierno federal, y que “procurar y administrar justicia es comprometerse con la legalidad, por encima de cualquier otro interés. Procurar y administrar justicia es defender con firmeza la dignidad y los derechos humanos”.

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