Se reúnen defraudados por cajas de ahorro con representantes de la próxima administración

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Personas defraudadas y aglutinadas en la Alianza en Defensa de los Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), se reunieron con representantes del gobernador elector Héctor Astudillo Flores, y de la delegación de Gobernación, donde se determinó solicitar 560 millones de pesos para cubrir la deuda de 13 mil 582 familias.
En una reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se determinó que la nueva administración de Héctor Astudillo solicitará a la Secretaría de Hacienda una partida presupuestal adicional de 560 millones para los defraudados.
El líder de los defraudados, Jaime Alvarado, explicó que en la reunión participaron dos representantes del gobernador electo: Alberto Fernández y Óscar Nieto Castro, quienes se identificaron como parte del equipo de transición.
Dijo que en la reunión se comprometió el equipo que representa a Astudillo Flores, a que en la próxima reunión que tendrán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se solicitará una partida dentro el próximo presupuesto, para cubrir el ahorro perdido de familias de 34 municipios de Guerrero.
Aseguró que en la reunión se comprometieron a atender puntualmente el caso de las 13 mil 582 familias, en su mayoría indígenas, de la región de La Montaña, Costa Chica, Acapulco, Centro y Tierra Caliente.
Comentó que se les informó que el próximo gobernador quería estar enterado de la situación que enfrentan los defraudados, “tiene simpatía por resolver el caso” para la próxima administración, aseguró.
En la reunión, que duró poco más de dos horas, también estuvo presente a subdelegada de Gobernación, Edit Pachi Giles, quien intervino en el procedimiento con la federación, para tener acceso al fidecomiso de atención a casos de defraudados por cajas de ahorro y financieras.
Jaime Alvarado señaló que también están esperando que el Congreso local se solidarice con los defraudados, para que promuevan un punto en la sesión, que obligue al gobierno del estado y de la federación a atenderlos.
Ante la falta de atención, decidieron que la próxima semana se movilizarán, como medida de presión.