Cuestionan periodistas que los partidos a través de diputados nombren a los miembros del Itaig

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por la opacidad, corrupción, impunidad y violencia en el estado, plantean en seminario

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Periodistas guerrerenses aseguraron que mientras los partidos políticos, a través de los diputados locales, sean quienes designen a los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Itaig), difícilmente se recuperará la confianza de la ciudadanía en las instituciones, como ese órgano colegiado.
Este viernes en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se celebró el seminario Armonización Legislativa de las Entidades Federativas en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, que forma parte de la Gira Nacional por la Transparencia, convocada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Senado, el Congreso local y el ITAIG.
En el seminario participaron como ponentes el senador Enrique Burgos García; el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Laura Arizmendi Campo; el contralor general del Estado, Eduardo Loría Casanova, y el comisionado de la Comisión de Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), Francisco Javier Mena Corona.
También participaron como ponentes el corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, y la periodista Marlén Castro Pérez, entre otros expertos en la materia.
Durante sus intervenciones, ambos periodistas coincidieron en que existe desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y criticaron el procedimiento por el cual son designados los consejeros del Itaig.
Marlén Castro aseguró que el reto de los organismos de acceso a la información es buscar alternativas y estrategias para acercar ese derecho a todos los guerrerenses y no a unos cuantos, y criticó que en el lugar solamente estuvieran presentes diputados, funcionarios de gobierno, miembros del Senado y de los órganos de transparencia.
“Yo creo que encerrarnos en un lugar como este no contribuye mucho a esto, habría que buscar la manera de salir de estas paredes y discutir estos temas allá afuera, de tal manera que la señora que está allá afuera vendiendo comida sepa que este derecho puede contribuir a mejorar su vida cotidiana”, dijo.
Lamentó que en Guerrero haya un gran porcentaje de ciudadanos que desconocen que tienen el derecho de acceder a la información pública.
Comentó que en la Gira Nacional por la Transparencia es necesario analizar el procedimiento de designación de los consejeros o comisionados de los órganos de transparencia y acceso a información pública.
“Hemos estado hablando de que permea en nuestra sociedad una gran desconfianza, que el 90 por ciento de los ciudadanos no le creemos pero absolutamente nada a los partidos políticos y mientras este proceso de designación esté en manos de los partidos políticos las cosas seguirán, desafortunadamente, igual”, sostuvo Marlén Castro.
Indicó que si bien la Ley General de Transparencia establece algunos principios de participación ciudadana, estos no son determinantes durante la designación de los consejeros o comisionados, es decir que queda en manos de los partidos la decisión de quienes integrarán a esos organismos.
En el caso del Itaig, explicó que ella junto a otros periodistas y ciudadanos conformaron un observatorio ciudadano para monitorear el último proceso de designación de sus consejeros.
“No quiero ser muy específica, pero creo que todos reconocemos que hay perspicacias, suspicacias en el asunto de cómo se hacen esas designaciones, mientras no allanemos este asunto, el asunto de la transparencia y de la rendición de cuentas lo abordemos solamente en estos lugares cerrados”, señaló.
Posteriormente, el corresponsal Ezequiel Flores aseguró que el nivel de desconfianza que existe por parte de la ciudadanía hacia los representantes de las instituciones es proporcional “al nivel de opacidad, corrupción, impunidad y violencia que se viven en el estado de Guerrero”.
Indicó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala “agudizó la crisis político-social que padece la entidad desde hace más de cuatro década, hemos llegado a un cinismo como sociedad que nos acerca al estado delincuencial si no es que ya lo estamos padeciendo”.
Manifestó que en Guerrero es normal que un alcalde se exhiba en videos cantando narcocorridos para grupos delictivos, en referencia a Eleuterio Aranda, presidente municipal de Acapetlahuaya; y recordó los señalamientos que existen en contra del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, cuyos hermanos son líderes del grupo criminal Los Ardillos.
“El problema en Guerrero no es de leyes, o el perfeccionamiento de la norma, sino la falta de cumplimiento en lo establecido ante la carencia de voluntad ética, moral y política de las autoridades, condiciones básicas de la formación humana”, dijo.
También mencionó las llamadas telefónicas que fueron filtradas a Proceso en las que se escucha al secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales; al de Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, y al diputado perredista Amador Campos, presuntamente negociando un incremento de recursos financieros porque fue un compromiso supuestamente por haber ratificado en el cargo al gobernador Rogelio Ortega Martínez.
“Las reacciones ante este hecho, que reflejan el nivel de la clase política de Guerrero, se enfocaron a denostar la información que se publicó, pero no se explicó de fondo estas prácticas calificadas por los funcionarios involucrados como usos y costumbres, en mi pueblo le dicen corrupción a secas”, sostuvo.
Coincidió con Marlén Castro en que mientras no se cambie el método de designación de consejeros o comisionados y los partidos estén involucrados, la ley seguirá siendo violentada.
Durante su ponencia, la diputada Laura Arizmendi Campos informó que en el 2013 se presentaron mil 844 solicitudes de información en Guerrero y para el 2014 fueron dos mil 714, siendo los municipios de Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo los que concentraron más peticiones.
Dijo que la mayoría de los recursos que se resuelven en el Itaig corresponden a información pública de oficio que no está a disposición de los ciudadanos, además de que poco más de la mitad de los ayuntamientos de Guerrero no tienen una página web.
Comentó que en el 2014, de los 3.7 millones de habitantes que tiene la entidad solamente el .007 por ciento hizo solicitudes de información, y por esta razón concluyó que existe la necesidad de iniciar una campaña de difusión y promoción en todo el estado para motivar a los ciudadanos a que pregunten y hagan valer su derecho.
En tanto, el contralor Eduardo Loría explicó que es necesario facilitarle a los guerrerenses el acceso a la información pública, “simplificarlo”, y propuso también que los 81 ayuntamientos tengan portales de internet, y ahí mismo cuenten con un sitio especial que contenga toda esa información.
Dijo que lo anterior es un reto, pues es necesario clasificarla y sintetizarla para hacerla clara y sencilla.
Sugirió también ampliar el padrón de sujetos obligados, “creo yo que es el paradigma más fuerte y más importante que tenemos que analizar, porque en Guerrero hay 171 sujetos, de los que 86 corresponden al Ejecutivo”.
El seminario comenzó a las 10 de la mañana y concluyó poco antes de las tres de la tarde; en total fueron tres mesas de trabajo, la primera con el tema “Armonización de la legislación de las entidades federativas”; la segunda con el tema “Retos en materia de transparencia en los estados, sistema nacional de transparencia y de protección de datos personales”, y la tercera con el tema “Las obligaciones de transparencia a cargo de sujetos obligados”.