Es una amenaza para las policías comunitarias la convocatoria del gobierno, advierte la CRAC de Tixtla

*Ofreció el gobernador agregar sus propuestas a la iniciativa de ley de amnistía, dice Bertoldo Martínez

Es una amenaza para las policías comunitarias la convocatoria del gobierno para regularizarlas, advierte la CRAC de Tixtla

El proyecto de Rogelio Ortega es para someter, cooptar y dividir más a la Policía Comunitaria y quienes no acudan al llamado quedarían fuera de la ley, dice la vocera de la Casa de Justicia La Patria es Primero. El objetivo es tener los datos de todos los policías comunitarios para detenerlos, afirma

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La comandante de la Policía Comunitaria y vocera de la Casa de Justicia La Patria es Primero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Tori declaró ayer que la organización no necesita del reconocimiento del gobierno del estado, mientras tenga el del pueblo.
Su declaración fue en respuesta a la convocatoria del gobierno estatal, publicada ayer en estas páginas, en la que llama a todas las policías comunitarias del estado a una convención estatal para su “refundación, institucionalización y regulación”.
Alertó que ese proyecto de Rogelio Ortega es para someter, cooptar y dividir más a la Policía Comunitaria pero, además, representa una amenaza para las policías de las casas que decidan no acudir a ese llamado, pues para el gobierno quedarían fuera de la ley.
Agregó que los policías comunitarios de esa casa tampoco necesitan de las “migajas y dádivas” que ofrece el gobierno a cambio de mantenerlos contralados, en referencia al ofrecimiento de capacitación, equipamiento, atención médica y seguro de vida.
Tori fue entrevistada ayer durante la marcha de integrantes de varias organizaciones sociales en esta capital para pedir la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García.
El jueves, el gobierno del estado emitió una convocatoria que se publicó ayer en la que llama “a todas las expresiones y liderazgos  acreditados de las policías comunitarias que tengan interés en participar con sus propuestas en la formulación de un marco normativo que regule las acciones de las policías comunitarias en general y aprueben apegarse a él mediante la firma de un convenio con el Gobierno del estado en la convención de refundación, institucionalización y regulación de las policías comunitarias”.
Se establece que la convención estatal para aprobar y suscribir dicho convenio será el 29 de septiembre en esta capital.
“Por supuesto que nosotros, como Casa de Justicia La Patria es Primero de Tixtla no vamos a asistir. Siempre hemos manifestado que mientras tengamos el reconocimiento del pueblo no nos interesa ningún reconocimiento del gobierno estatal o federal. Mientras tengamos el reconocimiento y el respaldo del pueblo, nosotros así vamos a seguir trabajando”, dijo en respuesta a la convocatoria la comandante Tori.
Vestida con su uniforme verde olivo, encapuchada y marchando una fila atrás del contingente de la Policía Comunitaria, la vocera de la Casa de Justicia La Patria es Primero, calificó como “inaudita” la convocatoria, y  preguntó, “cómo es posible que teniendo presos a los de la CRAC, que en el caso de Nestora Salgado hoy se cumplen dos años y en el de Gonzalo Molina y Arturo Campos ya van a cumplirlos, pretendan que acudamos a un llamado de esos, cuando ha sido el gobierno del estado el que ha estado metiendo la división y metiendo, sobre todo, la discordia entre la CRAC, y más allá de eso el gobierno ha estado cooptando a los compañeros de la CRAC”.
En este sentido advirtió que ve la convocatoria como una amenaza, porque les dicen que van a convocar a todas las policías comunitarias para que asistan a esa convención, para regularizar e institucionalizarlas.
“Por consiguiente las que no acudan van a quedar al margen de la ley, y con eso nos están diciendo que los que no vayamos seremos delincuentes”, dedujo Tori.
Agregó que tampoco eso les importa porque desde hace mucho el gobierno los ha tratado de esa forma, “con la detención de nuestros compañeros Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y los de la Casa de Justicia de El Paraíso”.
Consideró que Rogelio Ortega hace lo mismo que hizo Eliseo Villar, quien fue coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán, “en su momento desconoció a los compañeros (Nestora, Gonzalo y Arturo) y fue el pretexto que utilizó Ángel Aguirre para decir que como ya no formaban parte de la CRAC los podían detener. Es algo similar lo que ahora nosotros vemos, y por supuesto que no acudiremos a ese llamado que hace el gobernador, porque lo hace con la intención de seguir desmantelando a la CRAC que ya tiene muchos años”.
Dijo que el objetivo detrás de esa convocatoria es tener los datos de todos los policías comunitarios, “los nombres, saber dónde estamos, a qué nos dedicamos, para que cuando estén listas las órdenes de aprehensión por las denuncias que ya tenemos sepan en dónde ubicarnos”.
Insistió en que a ellos no les preocupa la reglamentación, “ni queremos someternos al control del gobierno. Nosotros siempre hemos optado por la autonomía de nuestro sistema comunitario, porque ya lo vimos, las policías estatales o federales están coludidas todas con el narco, entonces, ¿para qué quiere el gobierno que tengamos coordinación con mandos militares o con las policías, si lo único a lo que se han dedicado es a buscar relaciones con el crimen organizado?”.
En cuanto al ofrecimiento de armamento, uniformes, capacitación, equipamiento, atención médica y seguro de vida para los policías comunitarios que les ofrece el gobierno estatal a quienes se reglamenten, Tori respondió que tampoco les interesa, porque es otra forma de seguirlos cooptando para mantenerlos bajo su control.
Agregó que esos ofrecimientos no son necesarios para los integrantes de la CRAC La Patria es Primero, “lo que nosotros queremos y la razón por la que existimos es dar seguridad a nuestros pueblos, y ese es nuestro seguro de vida para nosotros”.
Abundó que el seguro de vida que tienen, “es la gente que nos avala”, y que en una circunstancia de amenaza “toda la gente de los pueblos sale para contener esa amenaza en su contra”.
Concluyó que esa es la misión final de la Policía Comunitaria, y que lo que les ofrece el gobierno, “son más bien migajas y dádivas para poder mantenernos controlados, y nosotros no necesitamos de eso”.

Ofrece el gobernador a organizaciones sociales
agregar sus propuestas a la ley de amnistía, informan

“Nos dio a entender que le mienten, y entiendo yo que se refirió a su secretario de Gobierno”, dijo Bertoldo Martínez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos intentaron por última vez convencer al gobernador Rogelio Ortega Martínez para que envíe al Congreso local una iniciativa de ley de amnistía que beneficie a la mayoría de los presos políticos y con el contenido que propusieron, pues la que ya fue enviada está acotada, le expusieron.
Los dirigentes de distintas expresiones se reunieron durante una hora la tarde del jueves en el Palacio de Gobierno con Ortega Martínez, y nuevamente, el gobernador les prometió interceder ante los diputados para que se apruebe una ley en la materia con el contenido que propusieron los representantes de las agrupaciones sociales con los que se reunió.
En la reunión estuvieron el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández; la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la casa de justicia La Patria es Primero de Tixtla, Adriana Catarino Sánchez; los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz y Hoguer Morales Miranda, el abogado José Luís Reyes Angulo y Mario Alberto Martínez Rosario.
Mientras tanto, con el gobernador Ortega Martínez sólo estuvieron el director general operativo de la secretaría particular, Arturo Luna, así como el asesor de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Guzmán Hernández.
De la reunión que comenzó a las tres de la tarde y duró aproximadamente una hora en el despacho del gobernador, se conoció hasta ayer.
El dirigente del Fodeg, Bertoldo Martínez Cruz, entrevistado vía telefónica declaró que el gobernador reconoció que el contenido de la iniciativa de ley que fue enviada al Congreso para su discusión y en su caso aprobación, no fue el que acordó con ellos en una reunión anterior, “nos dio a entender que le mienten, y entiendo yo que se refirió a su secretario de Gobierno”, dijo el dirigente social.
Informó que en esa reunión el gobernador designó a Arturo Luna “para que empuje con los diputados la ley que nosotros (las organizaciones sociales) propusimos”, e informó que conforme avance la gestión van a determinar si se reúnen de nuevo con el gobernador la próxima semana.
Martínez Cruz advirtió que, de lo contrario, los integrantes de esas organizaciones no van a aceptar una ley si se aprueba con otro contenido, “precisamente es lo que estamos buscando que se empuje, con el contenido que nosotros realizamos”.
Añadió que cuando menos en esas pláticas acordaron con el gobernador “que vamos a empujar hacia allá”, y en cuanto a los plazos, Martínez Cruz dijo que esto “debe ser a la voz de ya, esto no puede esperar, si las cosas se van a hacer se tienen que hacer rápido, si no, vamos a ver después qué cosa hacemos”.
Dijo que a estas alturas del tiempo ya no tienen confianza en la palabra del gobernador, “ya no hay confianza en nadie, pero vamos a tratar de empujarle, a ver qué sale”.
El dirigente del Fodeg explicó que al gobernador le hubiera resultado más fácil enviar la iniciativa como ya la habían hecho con la propuesta de las organizaciones sociales que han venido trabajando el tema de los presos políticos, “porque nosotros hubiéramos asegurado a los diputados, hubiéramos cabildeado con ellos, y a lo mejor hasta ya hubiera salido”.
Reconoció que el gobernador Ortega Martínez se mostró accesible, “eso es lo bueno, él nunca dice que no, el problema es que no le obedece su gente”, concluyó.