Se comprometió a ser solidario, acompañante y coadyuvante, no a liberar a los presos, dice Ortega

*El no puede decirle qué hacer ni cómo actuar al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, insiste el gobernador. A Marco Antonio Suástegui “lo juzgaron los jueces y decidieron conforme al debido proceso”, afirma

Mariana Labastida

El gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que está cumpliendo con el compromiso que hizo con los presos políticos el día que rindió protesta como gobernador, de ser solidario, acompañante y coadyuvante.
Ortega Martínez precisó que no puede decir qué hacer ni cómo actuar al Poder Judicial ni al Legislativo.
De la libertad del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aun teniendo averiguaciones previas pendientes, expuso que fue un triunfo de la justicia, “lo juzgaron los jueces y decidieron conforme al debido proceso”.
Durante su intervención en la inauguración del “Primer Festival Internacional de Lectura un Mar de Letras por la Paz”, el gobernador pidió a los diputados asistentes que analicen y resuelvan la solicitud de creación de cuatro nuevos municipios, motivo por el que está bloqueada la carretera federal Acapulco-Pinotepa.
En declaraciones a reporteros antes de la inauguración del festival que se realiza en el Centro de Convenciones de Acapulco, Rogelio Ortega expuso que ha cumplido el compromiso hecho en su protesta como gobernador, de ser solidario, acompañante y coadyuvante en la liberación de los presos políticos, como en el caso de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.
De la exigencia de los familiares de los siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se encuentran detenidos, de que Rogelio Ortega cumpla su palabra y los deje libres antes de que termine su gobierno, el gobernador puntualizó que abrir las puertas de las prisiones no está dentro de sus facultades y que “jamás” se ha comprometido a eso.
El reclamó al gobernador lo hicieron esposas e hijos de los detenidos que marcharon en Ayutla para exigir la libertad de Arturo Campos, Benito Morales, Ángel García, Abad Francisco, Florentino García, Bernardino García y Eleuterio García, policías comunitarios presos desde el 2013.
Reiteró que se comprometió a ser solidario “y lo he sido”, acompañante, “hasta mi esposa acompañó a Nestora en su traslado de Tepic a Tepepan”, y coadyuvante “para que se realice el debido proceso en la ruta jurídica, uno, dos, en el desistimiento de la acción penal que está en el terreno de la Fiscalía, y tres, la amnistía que está en el terreno del Poder Legislativo”, puntualizó.
“Yo no le puedo ordenar ni al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, uno, que actúen a favor o en contra, jamás, ni al Poder Judicial ni al Poder Legislativo presionarlos o coaccionarlos para que aprueben la ley de amnistía que envié”, enfatizó.
Ortega Martínez aseguró que no solamente se analizan los casos de los luchadores sociales, sino de todas las personas que están en prisión y que deben de ser atendidos conforme al debido proceso.
Y cuando se trate de un asunto de seguridad también, al igual que con el vocero del Cecop, los traslados los hará el gobierno, como ocurrió con Suástegui Muñoz, que fue llevado en un helicóptero oficial de La Unión a la comunidad de Salsipuedes, en Acapulco, luego de salir de la prisión.

El compromiso al tomar posesión

El 26 de octubre, al rendir protesta como gobernador, Rogelio Ortega ofreció liberar a los líderes y activistas sociales presos.
“Haremos todos nuestros esfuerzos y coadyuvancia para lograr la libertad de los guerrerenses recluidos, dirigentes y luchadores sociales recluidos en prisión, con apego a la ley, con apego al derecho y con apego a la justicia”, dijo entonces.
Sin embargo, el martes pasado el gobernador afirmó que “jamás dije que iba a poner a un preso político afuera de la prisión, la que lo puede hacer es la Fiscalía, si se desiste de la acción penal y lo solicitamos; el que lo puede hacer es el Congreso (local) si se aprueba la ley de amnistía”, luego de que los integrantes del Cecop informaron que el compromiso con Rogelio Ortega para liberar los pozos de la CAPAMA, que tomaron, fue que liberaría a su vocero, Marco Antonio Suástegui.
El miércoles, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que la declaración del gobernador era un reconocimiento de que no podrá cumplir con el compromiso público que asumió con las familias de los detenidos en diversos encuentros.
“Un triunfo de la justicia”, consideró el gobernador la libertad del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, a pregunta expresa de un reportero de por qué se dio trato preferencial a un delincuente, debido a las órdenes de aprehensión que aún tiene el opositor.
Rogelio Ortega respondió que “esa es su opinión, yo respeto la de los jueces, ni usted ni yo somos ni ministerio público ni juzgamos, juzgaron los jueces y decidieron conforme al debido proceso”.
Reiteró que el gobierno trasladó a Suástegui en helicóptero de La Unión a Salsipuedes por seguridad.
Cómo fue que Suástegui Muñoz fue liberado si tiene averiguaciones previas, el gobernador explicó que “muy sencillo, porque tres jueces que llevaban su caso lo declararon en libertad”, pues los otros delitos de los que se le acusa son menores y su defensa pagó la fianza, no ameritan prisión, “todo conforme a derecho”.
Recordó que en sus encuentros oficiales con los integrantes del Poder Judicial ha pedido que se ajusten al debido proceso, que no dilaten las audiencias, que se dé entrada a las pruebas correspondientes y que se atienda a la parte que litiga.
“Es tan significativo y tan pulcro el proceso que se llevó con el caso de Marco Suástegui que en atención al debido proceso un día antes, dos días, liberó el fiscal otra orden de aprehensión”, dijo.
Sobre qué mensaje le enviaría a quienes acusan a Suástegui Muñoz, el gobernador manifestó que está del lado de ellos para atenderlos con “muchísimo gusto”. Insistió en que la justicia la imparten los jueces.
Rogelio Ortega indicó que no teme que Suástegui Muñoz provoque inestabilidad social, y puntualizó que el gobierno no controla a ninguna persona, que los ciudadanos son libres, y que no se adelantará a hechos que no han sucedido.
Acerca de si se puede dar un recrudecimiento de las luchas sociales, el gobernador puntualizó que no tiene porqué temerles.
Recordó que “la época en que más movimientos sociales hubo en el país fue en el gobierno del general (Lázaro) Cárdenas y ahí se construyeron grandes acuerdos entre empresas y trabajadores, el conflicto social es una realidad, quién la puede ocultar, nosotros árbitros, nosotros garantes del Estado de derecho, respetuoso de los poderes, del Legislativo y Judicial en su dependencia y autonomía”.
Consultado en relación con la declaración de la comandante de la Policía Comunitaria y vocera de la Casa de Justicia La Patria es Primero de la CRAC de Tixtla, Tori, que consideró una amenaza la convocatoria del gobierno para regular a las policías comunitarias y que no necesita del reconocimiento, Ortega Martínez dijo que respeta las opiniones.
Sin embargo, consideró que conviene a todos que se institucionalicen las policías comunitarias, así su gobierno y el próximo tendrá la oportunidad de aprobar un presupuesto para los recursos económicos, de logística e infraestructura, “de lo contrario se corre el riesgo que estén tocando puertas para ver quién les dé dinero de manera discrecional”.

Mentira, cobro por notarías

Sobre si cobró 35 millones de pesos por otorgar patentes de notario y 20 mil pesos a los aspirantes para tener acceso al examen antes del mismo, como se publicó en la versión en línea de la revista Proceso, el gobernador respondió que es “absolutamente mentira y reiterada falsedad”, y que el reportero, Ezequiel Flores es un mentiroso.
“A cheque (Ezequiel) le va a seguir creciendo la nariz por pinocillo, y su hermano Edwin le va a jalar los pies en la noche y le va a decir mentirosillo, mentirosillo, ya te pasaste”, dijo el gobernador sobre el reportero y corresponsal de Proceso.
Aseguró que por primera vez en el estado fue “absolutamente” transparente, que los interesados presentaron su documentación y se abrió un periodo más de convocatoria a petición, “pero además no se está entregando ninguna notaría, eso es absolutamente falso, fue un examen para aspirar a ser notarios, quien acusa tiene la obligación demostrar”.
Agregó que habló con el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez, para que cuiden lo que se publica, porque “eso afecta y causa por lo menos daño moral”.
Durante su discurso en la inauguración del Festival Internacional de Lectura, pidió a los diputados locales asistentes, Margarita Nava Muñoz, Víctor Salinas Salas, Emilio Ortega Antonio y Nicanor Adame, que ya que está terminando su legislatura “agilicen, resuelvan, trabajen en el tema de la agenda legislativa pendiente”, como la creación de los cuatro municipios, demanda por la que pobladores tienen bloqueada de manera intermitente la carretera federal Acapulco-Pinotepa en el puente de Marquelia.
Agregó que no es una gestión de ocurrencia, sino que los gestores llevan más de diez años promoviendo la creación de Temalacatzingo, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
Puntualizó que no gana el que bloquea calles, el que grita más, sino en el diálogo al que le asiste la razón.
Del nombre del festival mar de letras por la paz, Rogelio Ortega mencionó que se dio “por la herida de Ayotzinapa, que sangra y que no cierra, por los 43”, y por los antecedentes de desapariciones forzadas que existen en Guerrero.
“Lo decimos con convicción y sinceridad porque nos duele, la única forma que esa herida pueda empezar a cauterizar es con la justicia, con la aplicación de todo el peso de la ley a los autores intelectuales y materiales, por esa herida tenemos que trabajar en los grandes colectivos y eventos como estos”, reiteró.