Crisis humanitaria en Cúcuta, Colombia, por las deportaciones de Venezuela

*Busca el presidente Santos un diálogo directo con Maduro, dice el ministro del Interior colombiano. El cierre de la frontera ha generado la expulsión de 394 colombianos en dos días. El vicepresidente Arreaza se dice “impactado” con el hallazgo de pruebas “que demuestran cómo el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana ha tratado de hacerse del territorio venezolano”

EFE / DPA

Bogotá

El cierre de la frontera más dinámica de Colombia y Venezuela por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha generado una crisis humanitaria en la ciudad colombiana de Cúcuta a la que en menos de dos días han llegado 394 deportados, entre ellos 42 menores de edad.
Las deportaciones masivas prendieron las alarmas en el gobierno colombiano que trata por los canales diplomáticos de revertir la situación y evitar una crisis de grandes proporciones.
Con ese propósito, el presidente Juan Manuel Santos intenta un diálogo directo con Maduro, según dijo ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien encabeza una comisión enviada a Cúcuta para tratar la situación.
En Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, el gobierno instaló además un Centro de Mando Unificado en el que trabajan funcionarios de la Gobernación regional, la Alcaldía, la Cancillería, la policía y otras instituciones del Estado.
“Concentraremos todas las tareas en manejar la situación de frontera y los deportados”, explicó el ministro Cristo.
Cúcuta está comunicada con las ciudades de Ureña y San Antonio, que hacen parte del estado venezolano de Táchira, por el puente internacional Simón Bolívar que transitan a diario decenas de miles de personas y vehículos en un incesante flujo comercial y de contrabando.
El puente fue cerrado en la medianoche del miércoles por orden de Maduro, inicialmente por un periodo de 72 horas, después de que tres miembros de la fuerza armada venezolana y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
Esa medida, que en un principio no causó mayor preocupación al gobierno colombiano hasta el punto de que la canciller María Ángela Holguín la consideró “una decisión soberana” y no manifestó el más mínimo malestar a Venezuela, se agravó el viernes con el anuncio de Maduro de que el cierre del paso fronterizo se prolongará .
Ese nuevo anuncio motivó un rechazo del presidente Santos, quien lamentó el sábado esas medidas unilaterales, pues consideró que “cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son los delincuentes” a los que justamente se quiere combatir.
Por su parte, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, se dijo ayer “impactado” con el hallazgo de explosivos, una cárcel clandestina y otras pruebas de la existencia de lo que llamó “paramilitarismo puro” en una faja de la frontera con Colombia cerrada por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Esto nos ha impactado” y “es una realidad que habla por sí sola y que demuestra cómo el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana ha tratado de hacerse del territorio venezolano”, subrayó Arreaza desde San Antonio, localidad del estado Táchira (oeste).
El gobierno de Colombia le pidió ayer al de Venezuela que respete los derechos humanos de los colombianos que han sido deportados en las últimas horas en el marco del estado de excepción decretado por Caracas en la zona fronteriza.
En tanto, un incendio que se desató en un ancianato en el este de Caracas dejó ocho muertos y varios heridos, informó ayer la alcaldía del municipio Chacao. El hecho ocurrió en la zona residencial de Altamira.