Acusa Sicilia uso político de la Ley de Víctimas

Daniela Rea / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Felipe Calderón faltó a su palabra al vetar, en la práctica la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso al término del último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, reprochó ayer el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Acusó a la administración federal panista, que anunció el pasado martes que devolvió la ley al Congreso con observaciones, de privilegiar un cálculo electoral por sobre el compromiso empeñado con las víctimas de la violencia en el país.
“El veto es un desprecio a las víctimas por parte del Ejecutivo, la forma en que no ha dejado de tratar a las víctimas. Un hombre sin palabra no vale nada, y el presidente está faltando a su compromiso, a su palabra”, recriminó Javier Sicilia en rueda de prensa.
“La Secretaría de Gobernación envió sus observaciones el 1 de julio, ya cuando se sabía el resultado electoral. Nos parece que hay manejo de tiempos con un perverso uso electoral. Nos agravia el manejo: parece que hubo un claro cálculo, parece que no se atrevieron a vetarla por el daño electoral que podrían tener, pero ya que perdieron qué más da”, agregó Emilio Álvarez Icaza.
El Movimiento que la ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras el pasado 30 de abril y enviada al Ejecutivo el 10 de mayo.
“El Ejecutivo federal estuvo gravemente ausente en este debate (de la ley). Adicionalmente, no ejerció sus facultades para proponer ley alguna en beneficio de las víctimas que permitiera desarrollar una política de Estado a su favor. Sin embargo, ahora intenta ejercer tardíamente la facultad de observar”, señaló.
Según los tiempos legales establecidos en la Constitución, detalló, el presidente tuvo hasta el 10 de junio para enviar observaciones; y al no hacerlo contaba con 10 días más para publicarla, es decir, a más tardar el 19 de junio.
Como no ocurrió, recordó, el presidente del Senado, el panista José González Morfín, le envió el 29 de junio una carta ungiéndolo a publicar la ley. Sin embargo, el presidente esperó hasta el 1 de julio para devolverla al Congreso al considerar que debía ser corregida.
“Como Calderón no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral, se observo un procedimiento fuera del marco legal, donde el Decreto fue secuestrado 20 días, en una acción entre el presidente de la Mesa Directiva, el panista Oscar Martín Arce Paniagua y la Secretaría de Gobernación”, denunció.