Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*El silencio del gobernador y del fiscal sobre Chavarría

*Rogelio Ortega ha aducido la autonomía de la Fiscalía para justificar su falta de acción. Pero esa autonomía no significa una desvinculación total del gobierno, y así lo establece la Constitución. El gobernador no sólo está facultado para proponer al Congreso el nombramiento del fiscal, sino que también está facultado para destituirlo. Otra cosa es que el gobernador se niegue a ejercer sus atribuciones y permita que un funcionario de menor jerarquía desarrolle un gobierno policiaco paralelo por encima del orden institucional y de la gobernabilidad que la entidad requiere.

El sexto aniversario del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera transcurrió el jueves pasado en medio de un silencio significativo del gobernador Rogelio Ortega Martínez, del fiscal Miguel Angel Godínez Muñoz y del Congreso del estado.
El gobernador y el fiscal estaban obligados a contestar los severos cuestionamientos formulados un día antes por un grupo de familiares de víctimas de la violencia política, encabezados por la viuda de Chavarría, Martha Obeso Cázares, quienes denunciaron la expansión irrefrenable de la impunidad propiciada por la red de complicidades gubernamentales. Esa impunidad es particularmente visible y adquiere dimensiones escandalosas en el caso del homicidio del diputado Chavarría Barrera, como este diario ha documentado a lo largo de estos años. Pero ni el gobernador ni el fiscal dijeron nada, lo cual fue una manera de decir todo.
Como dijimos hace ocho días, es evidente que en el caso Chavarría el gobernador Rogelio Ortega evadió todo compromiso con la justicia y privilegió sus compromisos políticos con el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, señalado en el expediente como el responsable de ordenar el homicidio.
El hecho de que el gobernador haya optado por el silencio, por el silencio absoluto sobre la ejecución de quien por añadidura fue su amigo personal además de compañero en la política, supone una toma de posición que a su vez es continuación de la pasividad que ha mostrado al respecto desde que asumió el cargo en octubre del año pasado. No hace nada para resolver el homicidio y tampoco dice nada, como si no fuera el gobernador y el tema no fuera de su incumbencia, lo que sólo produce impunidad. El esclarecimiento y castigo de este crimen, que rompió la estabilidad política del estado y produjo diversas consecuencias que se hacen sentir incluso ahora, simplemente no está en su agenda como no estuvo en la agenda del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Ambos, por consiguiente, brindaron protección a los homicidas.
En este caso, como en el de los presos políticos, Rogelio Ortega ha aducido la autonomía de la Fiscalía General del Estado como argumento para justificar su falta de acción. Pero ese argumento es falso. La autonomía de la Fiscalía no significa una desvinculación total del gobierno, y así lo establece la Constitución del estado. A ese motivo se debe que por mandato constitucional el gobernador no sólo está facultado para proponer al Congreso el nombramiento del fiscal, sino que también está facultado para destituirlo cuando existan motivos para ello. Y por esa razón quien tiene el control máximo de todas las policías del estado es el gobernador, no el fiscal, lo que está asociado a su responsabilidad en la protección y seguridad de la población (fracción XIX del artículo 91). Otra cosa es que el gobernador, por debilidad, falta de visión o falta de carácter, se niegue a ejercer sus atribuciones y permita que un funcionario de menor jerarquía en el directorio oficial desarrolle un gobierno policiaco paralelo por encima del orden institucional y de la gobernabilidad que la entidad requiere.
El fiscal Miguel Angel Godínez parece creer posible esta presunción y se siente en la posibilidad de aprovechar el vacío que le deja el gobernador, pues en los ocho meses que lleva en el cargo ha mostrado su autoritarismo y su tendencia a sentirse dueño de la Fiscalía. Se exhibió tal cual es hace dos meses en el caso de los cuatro desaparecidos de Xolapa, en el que, con arrogancia y violencia inauditas, arremetió contra los familiares de las víctimas porque cuestionaron su comportamiento. Esa misma conducta se aprecia en el caso del líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui, cuya liberación el fiscal condenó en un comunicado emitido el sábado anterior. Por contraste, el comunicado de la Fiscalía explica el silencio que el fiscal Godínez Muñoz mantiene acerca del caso Chavarría.
El inusual y combativo comunicado de Godínez Muñoz tiene como propósito recordar que Suástegui no ha sido absuelto de los delitos que aún pesan sobre él, que solamente está libre bajo fianza y que “los diversos procesos penales en su contra continúan en trámite ante las instancias judiciales”, por lo que “el Ministerio Público puede promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso la reaprehensión o comparecencia del inculpado”.
Para sustentar semejante alarde de poder, el fiscal hizo incorporar al boletín una amplia reseña de las facultades y las normas legales que rigen a la Fiscalía. Por ello explica que la Fiscalía es “un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y por tanto, tiene la representación social de todos los guerrerenses, teniendo entre sus objetivos primordiales, el proteger los derechos de las víctimas u ofendidos del delito”. Recuerda que “la función que el Ministerio Público del estado desempeña, se rige bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, entre otros, velando en todo momento por los intereses sociales”. Y termina con estas citas: “Así, los artículos 20, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política Federal, 12 Fracción II, de la Ley General de Víctimas y los preceptos de la Ley Número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, disponen que éstos tienen derecho a que se les repare el daño causado y el Ministerio Público, la obligación de solicitarlo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Pues si así no lo hiciere, faltando a su deber constitucional, se estarían violentando y vulnerando de manera grave los derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito”.
Todo ello es verdad, esas son las disposiciones constitucionales y reglamentarias que establecen, obligan y acotan el funcionamiento de la Fiscalía. Pero no era necesario que el fiscal lo recordara públicamente y exhibiera el arrogante amago que mantiene sobre Marco Antonio Suástegui de regresarlo a la cárcel. El fiscal desestima con ese comunicado y pretende montarse por encima del criterio de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que consideraron endebles las acusaciones contra el dirigente social, que son falsas y manipuladas a ojos de todo mundo.
Pero si el contenido del comunicado se aplica al caso Chavarría, queda desnuda la arbitrariedad con la que Godínez Muñoz dirige la Fiscalía. Dice el fiscal que la institución que encabeza “tiene la representación social de todos los guerrerenses”, que una de sus funciones es “proteger los derechos de las víctimas u ofendidos del delito”, que vela “en todo momento por los intereses sociales”, que las víctimas “tienen derecho a que se les repare el daño causado y el Ministerio Público la obligación de solicitarlo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente”, y que si no lo hace así, “faltando a su deber constitucional, se estarían violentando y vulnerando de manera grave los derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito”.
Así es, en efecto. Es por lo menos dudoso que Suástegui Muñoz sea el victimario y no la víctima, pero en donde no hay duda alguna de quién es la víctima y quién el victimario es en el caso Chavarría. La familia de la víctima lleva seis años solicitando justicia y la captura de los responsables. Hoy, además, está claramente señalado oficialmente el sospechoso de haber ordenado el crimen, pues su nombre está registrado en el expediente, es conocido y en las elecciones del pasado 7 de junio fue candidato del PAN a la alcaldía de Acapulco. Pero en este caso el fiscal Godínez Muñoz olvida a las víctimas, la representación social de la Fiscalía, el deber de la institución de velar por el interés social, y viola la Constitución con la ayuda del gobernador ¡al no hacer nada!

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