Carlos García Jiménez

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO

*Desastre agropecuario en Guerrero

*La liberación de Nestora Salgado puede ser otro paso más en la ruta contra la impunidad y la omisión institucional.

En el boletín Monitor de Sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del pasado 15 de agosto, en Guerrero solo dos municipios presentan un cuadro de “sequía severa”, 20 de “sequía moderada”, y 45 de “anormalmente seco”. Es decir, prácticamente la casi totalidad de la superficie estatal (67 de 82 municipios) registra un cuadro de diagnóstico de sequía.
Pero estos datos resultan moderados si consideramos que a más de una semana de dicho reporte la sequía persiste en la geografía guerrerense como si todavía estuviéramos en plena canícula (CGJ. El Sur, 18 de agosto, 2015). Y más aún, resultan no muy cercanos a la realidad si consideramos que la producción estatal de maíz, el producto agrícola más importante en el estado, se verá disminuido en un 50% respecto a la producción anual promedio.
La sequía que –en pleno periodo de lluvias– aún asola el territorio guerrerense sigue provocando pérdidas económicas en el sector agropecuario, y riesgos de conflictos sociales ante el desabasto de granos y la especulación de los precios de los mismos.
La dimensión de este desastre –comparable por cuanto afectación social a la que provocaron Ingrid y Manuel, hace dos años– plantea a los gobiernos federal y estatal la canalización de apoyos emergentes para el abasto de granos, la declaratoria de desastre en el sector agropecuario y la aplicación de programas especiales para resarcir la economía afectada, so pena de que en el corto y mediano plazo se complique la situación de hambre, pobreza y desempleo en las zonas afectadas.

Las cifras de la sequía

Para tener idea el efecto económico y social que ha provocado la sequía en el sector rural, baste analizar las estadísticas generales de la producción de maíz, el cultivo estatal más importante por cuanto a superficie cultivada y familias involucradas:
Según la versión oficial, la superficie sembrada y siniestrada (porque se secó por falta de agua) es de 90 mil hectáreas; la superficie que no se sembró (porque el productor se quedó esperando a que lloviera) es de 110 mil hectáreas; y la superficie con pérdida parcial (que no desarrollará el producto por falta de agua) es de 50 mil hectáreas. En total se han siniestrado 250 mil hectáreas, cifra superior al 50% de la superficie que en promedio se siembra anualmente en el estado (450 mil hectáreas).
Si consideramos un rendimiento promedio de al menos tres toneladas por hectárea en las zonas maiceras (aunque en Tierra Caliente y la Zona Norte el promedio por hectárea es de 5 toneladas), resulta entonces que en este ciclo agrícola se dejarán de cosechar aproximadamente 750 mil toneladas de maíz, la mitad de lo que según cifras oficiales se siembran cada año.
Si a esta calamidad agregamos que solo faltan dos meses para que culmine el temporal de lluvias, las perspectivas de volver a sembrar se desvanecen naturalmente ya que el cultivo de maíz comercial requiere de tres a cuatro meses para lograr su maduración.
Por otra parte, las presas que con propósitos agropecuarios se construyeron hace varias décadas en diferentes puntos de la cuenca del río Balsas (Montaña, Zona Norte y Tierra Caliente), se encuentran al 50% de su capacidad. Pero si consideramos que prácticamente todas ellas están azolvadas en porcentajes que van del 30 al 40%, entonces resulta poco alentador que el agua represada sea una opción para el establecimiento de siembras de riego.
¿Qué significan estas cifras para las familias afectadas cuyos ingresos anuales dependen de la actividad agropecuaria? ¿Cómo se abastecerá de granos la industria de la masa y la tortilla sin que ello implique especular con los precios? ¿Qué le espera a la actividad ganadera que depende del grano y los forrajes siniestrados? Frente a la actual contingencia ¿qué corresponde hacer a los productores afectados? ¿Qué a los funcionarios del sector rural? ¿Qué al conjunto de los guerrerenses?

Acciones contra la sequía

Como en toda situación de emergencia, no basta quedarse en el lamento, ni en el solo reconocimiento del problema. Urge pasar a acciones concretas y eficaces en la que participen activamente las dependencias involucradas en esta calamidad (Sagarpa, Seder, Conagua, Aserca, SGG, etcétera), los representantes de los productores afectados (aquellos que sean legítimos y no supuestos líderes de organizaciones fantasma) y profesionistas expertos en la materia (agrónomos, agroecólogos, meteorólogos, biólogos, planificadores de recursos naturales, etc).
Algunas acciones concretas que de manera mancomunada ya deberían impulsarse con visión estratégica, son las siguientes.
Acciones de corto plazo (agosto y septiembre). Aplicación sin burocratismo y a la brevedad posible del seguro agrícola catastrófico (mil 500 pesos por hectárea), recientemente anunciado, priorizando a los productores siniestrados. Gestión inmediata de la Declaratoria de desastre para que se acceda a los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) tal como ya se concretó en un municipio de San Luis Potosí en virtud de una lluvia torrencial que afectó su producción agrícola el mes pasado; dichos recursos podrían cubrir el déficit local de granos y otorgar subsidios razonables para que los campesinos siniestrados resuelvan sus necesidades de todo el año.
Acciones de mediano plazo (octubre a diciembre). Que se habiliten siembras de granos u otros cultivos de ciclo corto para aprovechar las lluvias tardías, reforzándolas con riego de auxilio en áreas susceptibles de riego; y que para el caso la Conagua otorgue los permisos especiales para que se acceda al agua superficial o subterránea. Frente a la especulación con los precios de los granos, que el gobierno federal establezca mecanismos de regulación mediante subsidios compensatorios. Que la Conagua disponga de un programa especial para habilitación de la infraestructura de riego, misma que por décadas se ha mantenido en el olvido.
Acciones de largo plazo (2016). Que se establezca un programa de manejo integral de la cuenca del río Balsas (que mitigue las lluvias torrenciales y sequías), incluyendo sus principales afluentes hídricos. Esto incluye un programa de obras de conservación de suelos y agua, reforestación y proyectos de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (agua, suelos, flora y fauna).
Si esta sequía es asumida en su dimensión por los actores involucrados, podría convertirse en una oportunidad para pensar y actuar de una manera no tradicional frente a los problemas cotidianos que padecemos los guerrerenses. Y si los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel –de los tres ámbitos de gobierno–, no están a la altura de la contingencia agropecuaria que hoy padecemos, que mejor atiendan la exigencia de los productores siniestrados o que renuncien o que sean destituidos.
A pleno sol… las comisiones operativas temáticas –instancias a la que acuden representantes de instituciones y de organizaciones sociales– del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable (CGDRS), entre julio y agosto han venido sesionando para buscar la transparencia, la concurrencia y la alineación de los programas públicos de los gobiernos federal y estatal para elaborar propuestas que efectivamente reviertan la crisis estructural que ha padecido el campo guerrerense. Estas propuestas se pondrán a la consideración del pleno del CGDRS el próximo 4 de septiembre en la capital del estado.