Cesar a Damián Peralta en la AGE por conflicto de interés, demandan contadores al Congreso

Aurora Harrison

El Colegio de Contadores Públicos de Guerrero pidió a la Comisión de Gobierno del Congreso reconocer su error y revocar el nombramiento del auditor general del estado, Alfonso Damián Peralta.
Solicitó en consecuencia reponer el proceso para que la persona que ocupe el cargo sea un contador y no tenga conflicto de interés con el gobierno.
En conferencia de prensa, el presidente del Colegio, Juan Carlos Rueda López, planteó que por el bien de Guerrero se debe revocar un nombramiento que, subrayaron, se debió a la influencia del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y del presidente de la Comisión de Gobierno de la 60 Legislatura, Bernardo Ortega.
Los profesionistas promueven un amparo en el juicio de garantías 821/2014-I, el cual fue turnado para su revisión el 11 de agosto ante el magistrado del Primer Tribunal Co-legiado del Vigésimo Primer Circui-to en Materia Penal Administrativa, Jorge Carreón Hurtado, quien tendrá 90 días a partir de esa fecha para dar una resolución.
Rueda dijo que “queremos que los diputados reconozcan su error y el planteamiento legal que hemos hecho nosotros es una causa legal para decir que tenemos la razón”.
Explicó que el actual auditor, cuando tomó protesta aún no renunciaba a su cargo en la Secretaría de Educación Guerrero, y la ley dice que debe separarse dos meses antes.
Anunciò que en el proceso van a proponer “a un contador público con experiencia para transformar la AGE, que llegue una persona independiente, con criterio, porque debido a esa razón tenemos problemas en la rendición de cuentas” por parte de los funcionarios públicos.
Agregó que se aprobó la cuenta pública de Ángel Aguirre “sin ningún problema”, cuando se han difundido “todos los desfalcos” de su gobierno y el actual fobierno dice que “el dinero ya no alcanza”, pero el contralor nada ha dicho “del porqué este gran desfalco, y es un trabajo que puede hacer la AGE”.
Rueda López subrayó que sus declaraciones no tienen ningún tinte político y “no hay línea de nadie”, y mencionó que “nos adherimos al proyecto del próximo gobernador Héctor Astudillo en promover y formar parte de su equipo de rendición de cuenta pública, el estado lo merece y lo necesita porque los recursos no están llegando”.
Mientras, el asesor jurídico Eusebio Villegas Soto dijo que la petición a la autoridad judicial es que ampare y proteja ordenando al Congreso reponer “el procedimiento por las violaciones cometidas y se vuelva a nombrar a una persona capaz, con perfil, que no se nombre un abogado, la ley es clara, es mejor un contador para revisar a las entidades fiscalizables”.
Detalló que la designación de funcionarios es “con fines políticos, te nombro pero me cubres la espalda cuando me vaya, ese es el problema, por eso es que se designa gente sin perfil, para prestarse a eso, y no es la primera vez”.
Dijo que el actual auditor ALfonso Damián es él mismo un “ente fiscalizable”, porque fue subsecretario de Finanzas de la SEG “y no se puede auditar a sí mismo”.
Agregó que lo que están reclamando por la vía constitucional son las violaciones de la Comisión de Gobierno como encargado de emitir, vigilar y supervisar el proceso de selección de los aspirantes a ocupar la titularidad de la AGE.
Por ello “los profesionistas de Guerrero decimos basta de nombrar personas sin perfil, ni capacidad, o encaminado con fines políticos para que tape los boquetes financieros, las anomalías de las administraciones pasadas”.
En un comunicado que entregaron, los contadores manifiestan que “sostenemos que hay un flagrante conflicto de intereses del licenciado Damián Peralta, porque fue subsecretario de Administración de Finanzas en la SEG, una de las dependencias del gobierno del estado con mayores observaciones por parte de la Auditoría Superar de la Federación”.
Además aclaran que “no se está atentando contra la soberanía y autonomía del Congreso del estado, sino que la raíz de todo es la actuación de la Comisión de Gobierno, quien no cumplió las exigencias de la propia convocatoria” y por ello denunciaron que el Congreso “no dé cumplimiento de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas”.