Humberto Musacchio

La casa blanca, exoneración y disculpa

Según la Secretaría de la Función Pública (SFP), no hay conflicto de interés (debe ser en plural, por referirse al choque entre el interés público y el privado) por la adquisición que hizo la esposa del presidente de la República de una casa de siete y pico millones de dólares en la zona más cara de la ciudad de México, misma que le compró a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza visible del Grupo Higa, contratista del gobierno del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad y también beneficiario de 33 contratos ahora que el mismo político es jefe del Poder Ejecutivo federal.
Tampoco hay algo irregular, según la versión oficial, en la compra que hizo Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda del gobierno federal, al mismo Hinojosa Cantú de un inmueble en el Club de Golf Malinalco, ni lo hay en la adquisición por Peña Nieto de un predio en el Fraccionamiento Club de Golf Reserva Ixtapan de la Sal que le vendió Ricardo Arturo San Román, cuyas empresas tienen once contratos vigentes con el gobierno federal.
No hay conflicto de intereses para Virgilio Andrade, titular de la SFP, porque “ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal”.
Si entendimos bien, Andrade dice que ambos funcionarios no obraron en forma que beneficiara a Hinojosa o a San Román ni intervinieron en el otorgamiento de contratos de obra pública a las empresas de esos señores. Lo cierto es que quienes firmaron los contratos dependían y dependen en línea directa del antes gobernador del Estado de México y ahora presidente de la República, y quien autorizaba los pagos era precisamente el secretario de Hacienda ahora (Videgaray) y secretario de Finanzas del estado de México entre 2005 y 2009, lapso en el que Hinojosa y San Román hacían negocios con el gobierno mexiquense.
Es posible que la adquisición de los inmuebles se haya hecho cuando ni Peña Nieto ni Videgaray eran funcionarios públicos, pero lo habían sido y lo serían después, en dos tiempos en los que Hinojosa y San Román han resultado ampliamente favorecidos por una cascada de contratos de adquisiciones y obra pública. Por otra parte, si la compra de la casa blanca la hizo la esposa del actual ocupante del Ejecutivo federal, tendría que demostrarse que disponía de fondos suficientes y de origen irreprochable para realizar la operación, aunque quienes conocen lo que paga Televisa a sus estrellas han dicho que ni ahorrando todo lo devengado por la actriz alcanzaría para reunir los siete millones de dólares.
Si nada hay de irregular en las operaciones citadas, resulta inexplicable que la señora Angélica Rivera haya regresado la casa a Hinojosa, pues ya se sabe que quien nada debe… Igualmente, si las citadas operaciones mercantiles se hicieron con cabal limpieza, menos explicable resulta que el ocupante del más alto cargo público salga a disculparse por actos presuntamente apegados a la ley que “lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos”. No se pide perdón por actos honestos, apegados a la ley y la ética del servicio público, aunque se lastime e indigne a quien se sienta afectado.
El carpetazo que se pretende dar al asunto resulta inadmisible. El señor Andrade depende directamente de Enrique Peña Nieto y los 111 empleados públicos que intervinieron en la firma de los contratos, todos exonerados, dependían y –podemos suponer– dependen del mismo funcionario. De modo que resulta por lo menos discutible el procedimiento seguido por el empleado –Virgilio– para exonerar a su jefe –el Presidente.
Por lo pronto, el PRD tildó de “inaceptable, insuficiente y tendencioso” lo que sostiene Andrade y pide que se forme una comisión investigadora que, de concretarse, deberá ser –agregamos– integrada por personas conocidas y de conducta imparcial e intachable. Por su parte, Ricardo Anaya, el flamante líder de Acción Nacional, tildó el dictamen de “una auténtica burla” y anunció que llevará el caso ante la fiscalía especializada en delitos relacionados con la corrupción. En suma, el caso de la adquisición de inmuebles se procesó mal, ahondó la desconfianza ciudadana hacia el gobierno y produjo un rechazo que seguramente llegará a tribunales internacionales. Parece que eso querían.