Fue amenazada tras pedir a la Sedena el expediente de la masacre de El Charco, señala una viuda

*En septiembre, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y sobrevivientes denunciarán en una gira por Europa la impunidad en torno al caso, informan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta del Comité de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, denunció que ha sido víctima de hostigamiento y amenazas, vía celular en su cuenta de Facebook.
Por otro lado, la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad informó que la impunidad que prevalece en torno a la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, será denunciada en una gira por Europa el próximo mes, por una delegación de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, encabezada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y sobrevivientes representados por Efrén Cortés Chávez.
Eustolia Castro Ramírez, viuda de José Rivera Morales, uno de los asesinados en la masacre, se reunió ayer en Chilpancingo con la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, quien en declaraciones denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a entregar el expediente a representantes del Comité de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, a pesar de que lo han solicitado independientemente y por separado de la Red, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en mayo dar entrada al caso para su investigación.
Castro Ramírez denunció que el 23 de agosto, a las 3:34 de la tarde apareció en su facebook un texto que no subió ella, que decía: “soy un pendejo me voy a matar”. Varios familiares y amigos, incluida López Paulino, le llamaron preocupados preguntándole qué le pasaba. Aseguró que ella ni siquiera había abierto su Facebook, y menos había publicado nada.
Eustolia Castro y Magdalena López, informaron que podría ser una amenaza o un acto de amedrentamiento, que ocurre tras la insistente petición que han hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional para que entregue el expediente completo de la masacre de El Charco, luego de que la CIDH dio entrada a una investigación del caso.
La viuda informó que ha solicitado formalmente el expediente, mientras que la Red Década Solidaria lo ha pedido a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
López Paulino informó que el 24 de agosto, un día después del mensaje que apareció en el teléfono de Eustolia, recibió la respuesta del Inai de que su petición a la Sedena se aplazaba para septiembre. El expediente lo requiere la CIDH para abrir la indagación del caso, pero tiene que ser solicitado por los interesados directos.

Piden el traslado al penal de Ayutla de un sobreviviente preso en Coyuca de Catalán

En nombre del Comité de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, Eustolia Castro demandó el traslado del sobreviviente Francisco Cristino Crescencio, quien se encuentra detenido “injustamente” en el penal de Coyuca de Catalán, acusado de homicidio.
Cristino Crescencio, tenía apenas 14 años la madrugada del 7 de junio de 1998, cuando soldados del Ejército mexicano atacaron a un grupo de indígenas que pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, así como a integrantes de una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que se encontraban en un aula aparte.
Francisco Cristino, originario de la comunidad na savi de Ocote Amarillo, se encontraba entre los indígenas que se habían reunido allí para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de sus comunidades, y resultó herido de un balazo en el brazo izquierdo.
El joven también fue uno de los detenidos que obtuvo su libertad cinco meses después de los hechos.
Desde niño, Francisco fue abandonado por sus padres y vivió con sus abuelos, quienes viven en la miseria, por lo que cinco años después de la masacre se fue a Ciudad Altamirano, región de Tierra Caliente, en busca de trabajo.
Desde entonces, sus abuelos le perdieron la pista hasta que, recientemente, familiares de otros tres jóvenes con los que se fue, les dijeron que los jóvenes fueron detenidos por la policía cuando pasaron cerca de donde habían asesinado a una persona.
El joven indígena habla na savi y no sabe leer ni escribir; sólo tiene a sus abuelos que viven en la pobreza extrema y en avanzada edad, por lo que él era quien les proveía del sustento. Hoy se ven imposibilitados para ir a buscarlo y mucho menos para promover su defensa.
Es por estas circunstancias que Castro Ramírez pidió que sea trasladado al penal de Ayutla, para que puedan visitarlo sus abuelos y, además, conocer su situación jurídica.
Por su parte, López Paulino dijo que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad va a coadyuvar en lo que se refiere a la situación jurídica del joven.
Finalmente, informó que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hará una gira de información por Europa, encabezada por su presidente el obispo Raúl Vera López y el sobreviviente Efrén Cortés Chávez.
Explicó que la intención es denunciar “totalmente” el caso de impunidad en que permanece la masacre de El Charco; la falta de acceso a la justicia para los sobrevivientes y viudas, y para las comunidades, y la falta de respuesta a la petición de la CIDH para que la Sedena entregue el expediente completo de la masacre y abra la investigación del caso.