Reconoce Tlachinollan en su informe a alumnos y padres de Ayotzinapa, y a otros desaparecidos
*Presentará en Tlapa el domingo próximo, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo, un día después de conmemorar el 21 aniversario de la organización
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El sábado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan conmemora su fundación, y en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el domingo 30 de agosto presentará el informe Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo.
La organización hará así un reconocimiento a las familias de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y a las decenas de miles de personas desaparecidas en nuestro país.
A través de un comunicado, Tlachinollan informó que llega a 21 años en medio de una grave crisis de derechos humanos, impunidad y violencia, en la que los luchadores defensores y luchadores sociales son desacreditados y criminalizados por su labor.
El informe hace referencia a los normalistas de Ayotzinapa, y a los padres y madres de los desaparecidos “que han construido un movimiento nacional para contener esta avalancha delincuencial urdida desde las más altas esferas del poder”.
Se aclaró que el documento no representa la verdad histórica de los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes y civiles fueron asesinados y 43 normalistas desaparecidos, “su objetivo es el de dar voz a la comunidad normalista rural y a las familias víctimas de la impunidad y la colusión estatal”.
Sobre su labor, indicaron que en 21 años han documentado los impactos negativos de las políticas fallidas de seguridad pública basadas en la militarización, de desarrollo social centradas en el asistencialismo y clientelismo, de represión a la protesta social, de la falta de la independencia de los poderes del Estado en Guerrero, así como del total colapso del sistema de justicia penal, donde reina la impunidad.
Estas, entre otras causas estructurales, han llevado a una crisis de violencia generalizada y a la colusión de las autoridades de todos los niveles con la delincuencia organizada, que deja en la indefensión a los ciudadanos.
Pero ante la crisis, donde el Estado desacredita todas las voces que denuncian, destacaron que hay avances como el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de que la desaparición forzada y la tortura son generalizadas en México.
Ante esta evidencia, el Estado mexicano se empecina en imponer “verdades históricas” a partir del uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social, en alusión a la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Lo cierto es que el Estado mexicano ha demostrado su falta de capacidad técnica y de voluntad política para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos”, señala el informe, y continúa, “Estas prácticas las hemos documentado y denunciado durante nuestro tortuoso caminar de 21 años por los derechos humanos en Guerrero; no obstante, el 26 de septiembre de 2014 nos ha marcado profundamente con la pena que embarga a la comunidad de Ayotzinapa y particularmente a 43 familias que desde esa fecha han emprendido una ardua batalla contra las autoridades mexicanas para exigir la presentación con vida de sus hijos”.




