Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Ayotzinapa: el régimen se cierra en torno a la impunidad

Es muy probable que el gobierno federal se niegue a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanezca en el país seis meses más para continuar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Así lo anticipa el consistente patrón de respuestas negativas que el gobierno ha adoptado frente a casi todas las recomendaciones que la misión de la CIDH le ha formulado, la última de las cuales es la denegación oficial para que los militares de servicio en Iguala la noche del 26 de septiembre sean interrogados personalmente por los expertos.
Pero por otro lado, quizás no sea necesaria esa prórroga, pues es previsible que el informe final del grupo, cuya presentación está prevista para el domingo 6 de septiembre, sea tan claro y contundente en sus cuestionamientos a la versión sostenida por la Procuraduría General de la República, que la única perspectiva que tendrá el gobierno por delante será la reposición de toda la investigación, o seguir su atrincheramiento en la “verdad histórica” al costo que sea.
Dada la firmeza que ha mostrado el gobierno en mantener su versión pese a todas las evidencias que la contradicen, aun si éstas son expuestas por un grupo con la credibilidad institucional y la autoridad moral como el de los enviados de la CIDH, seguramente optará por dar por concluido el convenio establecido con el organismo interamericano para este caso. No parece que tenga el gobierno más qué perder, si ha perdido ya toda la credibilidad ante el mundo.
No importa qué diga el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el contenido del informe del grupo, en México sabemos que no le hará ningún caso. De haber tenido voluntad política para acatar las recomendaciones, como está obligado a hacerlo, lo habría hecho desde el principio y en cada una de las sensatas sugerencias y peticiones que los expertos han planteado a la PGR. Como consecuencia de ello, las investigaciones y las conclusiones de la PGR habrían sido reemprendidas y rectificadas en busca de la verdad última.
Pero no existe tal voluntad, porque en atención de una razón de Estado que no osa decir su nombre, ha sido tomada la decisión de imponer la versión ya conocida, que explica el ataque contra los estudiantes como obra exclusiva de criminales coludidos con policías municipales encabezados por un alcalde corrompido y desalmado.
El grupo enviado por la CIDH ha dejado al descubierto las grandes y graves inconsistencias de la “verdad histórica” de la PGR y ha solicitado redirigir y profundizar las investigaciones, sin que sus solicitudes hayan recibido una respuesta favorable. En congruencia con su determinación de que no puede haber más verdad que la suya, el gobierno ha desestimado, desdeñado o pasado por alto también numerosas evidencias reveladas por la prensa, que contradicen escandalosamente las conclusiones de la PGR. En su cerrazón, nada que ponga en duda su versión es admitido por el gobierno. Nada. No se sabe bien a bien qué es lo que esconde el gobierno, qué es lo que no quiere que se sepa o a quiénes protege, pero no hay ya ninguna duda de que eso es lo que hace, pues para ello moviliza toda la fuerza del Estado.
La intervención de la CIDH representaba la esperanza de sacudir al gobierno, pero a un mes de cumplirse un año del ataque contra los normalistas, la única certeza es la obcecación del gobierno y su desprecio por la verdad y la justicia, concebida en su más profundo alcance. Es como regresar en el tiempo a la época de las matanzas que solía perpetrar el viejo régimen y que eran cubiertas con una gruesa capa de cinismo e impunidad.
Como lo ha hecho el grupo de la CIDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo hace un mes–en un documento titulado Estado de la investigación del caso Iguala– 32 observaciones y propuestas que surgieron del examen al que sometió el trabajo de la PGR, observaciones que conducen a la conclusión de que la investigación oficial no fue exhaustiva ni integral. La CNDH recomienda por ello a la PGR sustentar la “verdad histórica”, según la cual los 43 jóvenes hasta ahora desaparecidos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.
El estudio de la CNDH, resultado de diez meses de análisis, mereció entonces un comentario superficial del secretario de Gobernación y una respuesta burocrática de la PGR, que se limitó a comunicar que mantiene ‘‘su compromiso de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, tendente al esclarecimiento puntual de los hechos’’, cuando el organismo nacional cuestionó justamente eso, que no realizó una investigación “profunda, exhaustiva y transparente”.
Igual que los expertos de la CIDH, la CNDH exigió a la PGR acatar las observaciones y demostrar voluntad política para esclarecer y castigar los hechos de Iguala, pues “la insuficiente actuación de esa autoridad ministerial afecta el derecho de conocer la verdad, acceder a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto”. Pero el gobierno federal tampoco le hizo caso al exhorto de la CNDH.
En ese contexto de desesperanza originada por la impunidad, la movilización y la denuncia son las únicas vías al alcance de los padres de los normalistas y de la sociedad solidaria. A pesar de que ahora los padres no son acompañados en las calles por los gigantescos contingentes que el año pasado participaban en las marchas de protesta, es un hecho que ni la indignación ni la conciencia social sobre el ataque de Iguala han desaparecido, y que nadie debe apostar a que no resurgirán más adelante.

El video que hizo desaparecer el Poder Judicial de Guerrero

No convence la indolente explicación que ofreció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lambertina Galeana Marín, ante el señalamiento del grupo de la CIDH sobre la presunta destrucción de un video del ataque a los normalistas tomado por una cámara instalada en oficinas que el Poder Judicial tiene en Iguala. “No se puede destruir algo que nunca existió”, dijo la funcionaria. Cómo conceder crédito a esa respuesta frente a la seriedad de la voz que hizo la denuncia. Con mayor razón si se considera que los expertos de la CIDH dieron a conocer también la existencia de ropa y otros objetos de los estudiantes que no fueron parte de la investigación, y sobre los cuales apenas ayer la PGR informó que enviará a Austria para su análisis, ¡once meses después de los hechos!
[email protected]