Ayuna Nestora por la libertad de los presos políticos y por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

El jueves la dirigente dejó de consumir alimentos y seguirá durante 43 días, informa en una carta desde la prisión de Tepepan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, comenzó en prisión un ayuno de 43 días en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, y por la libertad de los presos políticos.
Mediante una carta informó que ante la impunidad y la violencia del Estado contra los estudiantes, luchadores y movimientos sociales comenzó un ayuno de 43 días, y convocó a la población a “sumarse a nuestra causa justa y noble”.
Consideró que sólo la concientización de los ciudadanos permitirá lograr un México diferente, con verdadero respeto a los derechos humanos en el país.
Su abogado, Leonel Rivero Rodríguez confirmó que desde el jueves la luchadora social en detención en la torre médica del penal de Tepepan, en la ciudad de México, comenzó un ayuno de alimentos. Sólo recibe una cena de verduras.
De la protesta que ayer circuló en redes sociales, informó que la embajada de Estados Unidos también lo llamó para saber de su condición, y aclaró que no está en riesgo su vida.
Salgado García estuvo en huelga de hambre antes de salir de la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde fue internada a petición del gobierno Guerrero, y concluyó la protesta después de 30 días a petición de sus familiares, preocupados por su salud y la insensibilidad de las autoridades, más ocupadas en el proceso electoral del 7 de junio.
En la carta menciona que está en prisión por tres procesos penales, por ejercer un cargo comunitario en su natal Olinalá bajo el amparo del Sistema de Justicia Indígena de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, reconocido en la Ley estatal 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura indígena.
Pese a que el gobierno del estado reconoce sus facultades para impartir seguridad y justicia, “cuando nuestra actuación como Policía Comunitaria empezó a obstaculizar los intereses del crimen organizado, coludido con los gobiernos locales”, se utilizó el peso de la ley para criminalizarlos.
Al mismo tiempo, “el gobierno de Guerrero anunció que existen nuevas órdenes de aprehensión en mi contra, sin que las mismas se me notifiquen, lo que denota el uso político y perverso del sistema de justicia por parte de las autoridades del estado”.
De las “falsas acusaciones” por las que está encarcelada, insistió en que son parte de un montaje para inhibir la conformación de las policías comunitarias “y en consecuencia el ejercicio de nuestros derechos humanos como comunidades y pueblos indígenas”.