Jesús Mendoza Zaragoza

Los desaparecidos, una tragedia nacional

No se tienen cifras ciertas sobre el número de desaparecidos en México. Lo que tenemos son cálculos aproximados, solamente. Esta falta de certeza es parte de la tragedia, pues revela que los desaparecidos han sido puestos en la penumbra, que no han estado en el interés nacional, que apenas son un subproducto de la avalancha de violencia que ha estado padeciendo el país. Se calculan en decenas de miles su número, y es muy importante cuantificarlos. Pero más importante aún, es el significado que tiene el hecho de que sigan desaparecidos y de que sean invisibles. Se han hecho visibles los 43 de Ayotzinapa por su alta relevancia política, lo cual no ha significado que se ponga toda la atención que se requiere para encontrarlos, para saber la verdad y para hacer justicia. Cada desaparecido, por más anónimo que sea, es importante porque es un ser humano.
La iniciativa de Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que está en proceso, es una señal de que, después de muchos años de indolencia oficial, empieza a interesar este tema y de que habrá más luz sobre este asunto. Pero esto no significa que los casos de desaparecidos vayan a ser resueltos en automático. La Ley General de Víctimas aún no puede ser aplicada después de más de dos años cuando fue promulgada, pues no se ha construido aún la infraestructura institucional que la instrumente ni tiene el presupuesto que requiere. Pero la legislación en sí, ya es un paso muy importante.
El caso de los desaparecidos de Ayotzinapa puso de relieve algunas cosas. Una de ellas es que el Estado no estaba en condiciones de dar una respuesta proporcional al tamaño de este problema. Nunca se vio un esfuerzo sustancial por capacitar a las instituciones que tenían obligaciones relacionadas con los desaparecidos, tales como las fiscalías y las procuradurías, los ministerios públicos y los servicios forenses. Al Estado no le han interesado los desaparecidos ni sus familias y por eso no se han dado procesos para crear capacidades relacionadas con los casos de desaparecidos, como las que tienen que ver con su búsqueda y con la identificación de restos. No se ha tomado en serio a los desaparecidos y se ha simulado un interés meramente formal por ellos. En el Ministerio Público, sistemáticamente, se abren las averiguaciones previas y se archivan.
Las familias de los desaparecidos se encuentran en una situación ya demasiado complicada como para vivir lidiando con autoridades que fingen cumplir con sus obligaciones o que, de plano, las ignoran. La iniciativa de ley en curso tiene que dar respuestas puntuales a una serie de dificultades que encuentran las familias de los desaparecidos a la hora de buscarlos. Muchas de estas familias han optado por callar y tragarse su dolor, por aislarse y simular que pueden vivir con la incertidumbre en el alma. Los casos de asesinados pueden ser procesados emocionalmente mediante el duelo, pero nunca los casos de desaparecidos.
Las decenas de miles de desaparecidos en México le duelen a México y deben ser encontrados. Esa es la prioridad de sus familias. Encontrarlos. Esa ha sido la demanda de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa y esa es también la demanda, silenciosa o sonora, de las miles de familias que siguen esperando a uno de sus miembros. Y nuestro interés debe ser por todos y todas, porque son igualmente importantes e igualmente dignos. El dolor de sus familias es el dolor de México, que no podrá mejorar su historia y su futuro si esos casos no son resueltos de manera satisfactoria. Por lo mismo, se requiere la solidaridad de la sociedad civil, que las organizaciones e instituciones de la sociedad coloquen en sus agendas formas de colaborar o apoyar a las familias y organizaciones de desaparecidos. Bien haríamos si en Guerrero se diera este respaldo social.