Tlachinollan

XXI informe: desde las trincheras de Ayotzinapa

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Con motivo de nuestro XXI aniversario y la entrada al fatídico mes de septiembre, en el que se cumplirá el primer año de los hechos trágicos de Iguala, como Tlachinollan queremos presentar parte de los contenidos de nuestro informe denominado Desde las trincheras de Ayotzinapa. La defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo. Este esfuerzo es colectivo producto del acompañamiento que realizamos como defensores de derechos humanos junto con otras organizaciones hermanas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, el Comité contra la Tortura y la Impunidad, Fundar y Serapaz. Asimismo, queremos agradecer a los investigadores académicos y periodistas, como César Navarro Gallegos, Tanalís Padilla, Ramón Espinoza, Luis Hernández y Gloria Muñoz, quienes generosamente colaboraron en la primera parte del informe, para darnos el marco histórico de los fragores de las batallas emprendidas por los estudiantes de Ayotzinapa.
Las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala se perfilan a convertirse en uno de los más graves eventos singulares de violaciones ocurridas en México durante las últimas décadas.
Lo ocurrido en Iguala mostró con brutal crudeza la persistencia de condiciones que favorecen la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la profundidad de los circuitos de connivencia entre las autoridades instituidas y los carteles del narcotráfico. Puso en evidencia que, pese al intento del gobierno federal de construir una imagen edulcorada del país para el consumo de la comunidad internacional, México se encuentra hoy frente a una grave crisis de violaciones a derechos humanos y violencia, donde el Estado de derecho es inexistente. Ayotzinapa muestra, en suma, que en los últimos años México sólo se ha movido hacia la ignominia.
En este contexto, el análisis de la investigación iniciada tras los sucesos es revelador sobre el funcionamiento de los mecanismos de impunidad que explican la crisis mexicana. Si en México atestiguamos una y otra vez atrocidades que lastiman y agravian a los más vulnerables, en buena medida es a causa de que el sistema de justicia es inefectivo para que los poderosos que cometen abusos sean investigados y sancionados. En estados como Guerrero esta realidad llega a extremos inconcebibles, pues las mismas instituciones de justicia que protegen a los responsables de los más deleznables crímenes, son expeditas y severas cuando se trata de perseguir a luchadores sociales o de criminalizar a quienes careciendo de los más elemental se atreven a reivindicar sus derechos.
¿Cómo reaccionó este sistema disfuncional frente a la desaparición de 43 estudiantes, la ejecución de seis personas y el ataque contra más de 25 individuos que resultaron heridos la noche del 26 de septiembre? La respuesta es sencilla: como sería propio de unas instituciones de procuración e impartición de justicia que dejan en la impunidad el 98% de los crímenes que deberían indagar y sancionar.
Mas no por ser previsible la respuesta deviene irrelevante la revisión puntual de los mecanismos de encubrimiento e impunidad. Revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México; ayuda a ubicar con mayor precisión dónde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial; y, finalmente, el repaso brinda la ocasión de destacar una vez más la digna lucha que desde hace casi un año emprendieron los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos para nombrar la palabra justicia en un país donde el sentido profundo de ese vocablo nos ha sido arrebatado por el horror. Este empeño no es menor, pues las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han experimentado los mismos patrones de zozobra y revictimización que hoy lastiman a las y los familiares de los más de 23 mil desaparecidos que se buscan en México.
Con esta finalidad analizaremos primeramente la tardía reacción inicial del gobierno federal frente a los hechos, mostrando que éstos se habrían podido prevenir y evidenciando que la distribución legal de las competencias para conducir la investigación fue manipulada políticamente tanto por el estado de Guerrero como por la Federación, lo que fue en detrimento del esclarecimiento de los hechos.
A partir de la noche del 26 de septiembre de 2014, las autoridades de los tres niveles de gobierno se mostraron omisas en sus responsabilidades frente a estos hechos. Las acciones gubernamentales a nivel estatal y federal distaron de ser coordinadas o acordes a la urgencia de la situación.
La indiferencia federal frente a las atrocidades ocurridas en Guerrero y su complacencia ante la incapacidad de las autoridades guerrerenses no es novedosa. De hecho, si las desapariciones forzadas que venían ocurriendo en Iguala se hubiesen investigado oportuna y diligentemente, seguramente la desaparición de 43 jóvenes se habría evitado. En efecto, no puede soslayarse que el 14 de marzo de 2014 la Fiscalía de Guerrero había remitido a la Procuraduría General de la República (PGR) la declaración de Nicolás Mendoza Villa contenida en esta averiguación iniciada por la ejecución de Arturo Hernández Cardona y otros integrantes de la organización Unidad Popular, siendo hasta el 15 de octubre de 2014, ya después de la desaparición de los normalistas, que la PGR emitió un acuerdo para atraer formalmente la investigación. Si estos crímenes hubieran sido investigados exhaustivamente, hoy los 43 normalistas estarían con sus familias.
Pero la indiferencia frente a la anomia guerrerense es pertinaz. Tras el 26 de septiembre de 2014, la organización de las familias de los estudiantes desaparecidos contrastó con el desdén del gobierno federal. Tras permanecer en silencio los primeros tres días pese a la magnitud de lo ocurrido, fue hasta el cuarto día que Enrique Peña Nieto se deslindó de su obligación de investigar pues el propio Presidente de la República declaró que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”. Esa indiferencia de la Federación en los primeros días de los hechos, sin duda marcó y marcará a perpetuidad el desarrollo de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
De este modo, las primeras búsquedas las realizaron las propias familias.
Con el deslinde presidencial, el gobierno federal omitió actuar en las esenciales primeras horas posteriores a los hechos, que son claves en cualquier evento de desaparición forzada. Esta situación fue determinante, pues el hecho de que las primeras investigaciones hayan sido conducidas por autoridades incapaces y muy probablemente coludidas con los perpetradores como las de la Fiscalía de Guerrero, permitió que personas presuntamente involucradas en los hechos no fueran detenidas inmediatamente.
Así, fue hasta el 29 de septiembre de 2014 por la noche que gracias a los esfuerzos de las familias y de las organizaciones civiles de derechos humanos locales que estábamos en la Normal, se logró consolidar una lista completa de 43 alumnos desaparecidos. Para integrar esta lista, al no contar con el apoyo gubernamental, los propios estudiantes y familiares se dieron a la tarea de hacer una revisión exhaustiva de los listados oficiales de inscripción de la escuela y corroboraron quiénes no habían participado en la actividad del 26 de septiembre; además, se verificó que los padres y madres de familia de estos 43 jóvenes se encontraran en la Normal buscando a sus hijos o se hubieran comunicado para informar que no tenían conocimiento de su paradero.
En ese contexto, ante el aumento de la presión nacional e internacional, el gobierno federal comenzó a intervenir tardíamente en el caso. Fue hasta el 5 de octubre de 2014 cuando la Procuraduría General de la República (PGR), prácticamente ocho días después de que ya era un hecho probado la desaparición masiva de 43 personas, empezó a colaborar en la investigación del caso. Esto no en razón de que se trataba de un gravísimo caso de desaparición forzada, sino por la probable vinculación de los hechos con una investigación federal relacionada con delincuencia organizada. Más tarde aún, a once días de la desaparición de los jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso diciendo que “al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”.
Ante la indolencia presidencial, para impulsar la investigación y la búsqueda, las familias interpelaron directamente a funcionarios públicos de alto nivel, demandando que el secretario de Gobernación y el procurador general de la República intervinieran en el proceso.
Así, el 10 de octubre de 2014 se llevó a cabo la primera reunión entre los padres y madres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos y el secretario de Gobernación y el procurador, en la que los funcionarios de primer nivel del gobierno federal se comprometieron a una serie de acciones tendientes a la búsqueda de los jóvenes.
Las familias y los estudiantes insistieron en que se diseñara un plan de búsqueda en vida, en el que participaran las diversas instancias federales. De igual forma se acordó un mecanismo de información para que las familias y estudiantes contaran con información sustantiva de los avances diarios de la búsqueda y para que, en caso de ser necesario, se les informara previamente que a los medios masivos de comunicación cualquier avance importante.
Esta demanda no fue cumplida. Ante la ausencia de un plan de búsqueda, las familias y los estudiantes impulsaron la creación de un mecanismo de búsqueda alternativa, generando sus propias brigadas. Si bien las búsquedas alternativas y las reuniones de información fueron llevadas la práctica un par de semanas después del acuerdo, éstas tuvieron que cesar, a consecuencia de la falta de resultados concretos de las mismas.
Frente a la incapacidad de las autoridades locales y la indiferencia de las autoridades federales, fueron solicitadas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que se otorgaron y que hoy continúan vigentes.
Respecto del gobierno del estado de Guerrero, su incapacidad frente a la crisis generada tras la desaparición forzada de los estudiantes quedó patente cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia de su cargo el 23 de octubre de 2014.
Finalmente, fue hasta el 29 de octubre de 2014, a 34 días de los hechos, cuando el presidente de la República recibió a los familiares de los estudiantes desaparecidos en una reunión celebrada en la residencia oficial de Los Pinos. En esa ríspida reunión, los padres y las madres reclamaron la negligencia con que el gobierno federal atendió inicialmente el caso. Uno de los voceros de las familias increpó a Enrique Peña Nieto diciéndole: “Si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero, porque también tiene responsabilidad. ¿A los cuántos días el gobierno federal toma el caso? (…) hoy estamos aquí con la intención de ponerle un plazo no mayor de dos, tres días de tener resultados concretos (…) la agonía es larga. Si usted ve el enojo de cada uno de los padres, la desesperación, no creo que a partir de este día, usted también pueda dormir tranquilo. Son 43 desaparecidos de manera forzada por elementos de la Policía Preventiva de Iguala, un presidente municipal que usted sabía quién era”.
Orillado por las exigencias de los padres y las madres, el presidente de la República adoptó diversos compromisos encaminados a garantizar la justicia en el caso. Las madres y padres de los estudiantes exigieron que los acuerdos fueran firmados por el Presidente, acuerdos que al día de hoy deben de mantenerse vigentes. Los acuerdos son:
–Profundizar y rediseñar el plan de búsqueda en vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
–Establecimiento de una comisión mixta de seguimiento e información integrado por el personal a cargo de la investigación dentro de la PGR y la Secretaría de Gobernación.
–Brindar todas las facilidades y apoyos al Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes asignados por las familias de los estudiantes desaparecidos.
–Reconocimiento de la condición de agraviados de la comunidad estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el compromiso del respeto de sus derechos humanos, honra y reputación.
–Compromiso de la PGR a facilitar la coadyuvancia de la representación acreditada y garantizar el debido proceso.
–Investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación con los hechos del 26 y 27 de septiembre, así como los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011.
–Implementación de un plan de atención a las víctimas y la adecuada reparación del daño a las mismas.
–Continuar con la prestación de toda la atención médica necesaria para los estudiantes heridos.
–Realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las escuelas normales rurales del país; y
–Aceptar la asistencia técnica requerida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las medidas cautelares, agilizando los procesos para su implementación.
A 11 meses de la desaparición de los 43 estudiantes el gobierno optó por cerrar el caso, al declarar la “verdad histórica de los hechos” como la única línea de investigación, y entra desde entonces a una lucha sorda en el plano mediático y diplomático. La autoridad moral de los padres y madres que han alcanzado en este tiempo de búsqueda de sus hijos vivos, ha desmontado esta versión oficial como lo han ido documentando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.