En Guerrero hay “emergencia humanitaria” por la desaparición forzada, denuncian organismos civiles

*Los gobiernos federal y estatal siguen manejando las cifras a discreción, encubriendo y ocultando los casos para no investigarlos, se quejan en el Día Internacional del Detenido Desaparecido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, este 30 de agosto organismos civiles denunciaron que la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “emergencia humanitaria” que requiere especial atención, pero que los gobiernos federal y estatal siguen manejando las cifras a discreción, encubriendo y ocultando los casos para no investigarlos.
El Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), denunciaron que las autoridades federales y estatales han evadido su responsabilidad ante este grave problema.
El director del Tadeco, Javier Monrroy Hernández, declaró que incluso, a pesar de que hay casos de “resonancia mundial” como el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, las autoridades insisten en seguir manejando discrecionalmente los casos, “tratan de aparentar que sólo son hechos aislados y que los índices de inseguridad van a la baja”, se quejó.
Añadió que esto permite que no se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, pero que además los fiscales regionales o los fiscales para delitos graves y ministerios públicos, “actúan extrañamente y amañadamente, distorsionando los hechos, atemorizando, intimidando, incriminando, criminalizando y desalentando a los familiares de las víctimas o instrumentando artimañas como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas”.
Estos dos organismos civiles han reclamado y exigido desde el 2007 cuando se creó el Comité, la investigación de 34 casos que se han convertido en emblemáticos.
Ellos son los de Jorge Gabriel Cerón Silva, Ludwig Marighela Hernández Cisneros, Rafael Ramírez Benítez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro, Rodrigo Camacho Rodríguez, Artemio Soroa Brito, Dionisio Rodríguez Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Jiménez, Inés Mendoza Salgado, Erick Isaac Molina García, Ma. Guadalupe Tolentino Pérez, Diana Edith Sotelo Ramírez, y Odimando Espino Núñez.
Asimismo, el de Roberto Crescencio Cruz, Roberta Naves Casarrubias, Sergio Ramírez Miranda, José Guadalupe Delgado Martínez, Pedro Benítez Vara, Jesús Bello Moreno, Francis Alejandro García Orozco, Sergio Méndez Landa, Lenin Vladimir Pita Barrera, Zósimo Tadeo Chacón Jiménez, Andrés Antonio Orduña Vázquez, Olimpo Hernández Villa, Víctor Ayala Tapia, Oscar González Muñiz, Cristhian Obeth Pérez Betancourt, Luis Mario Casiano Vargas, Julio César García Sánchez, Miguel Angel Sánchez Pablo, Eva Alarcón Ortíz, marcial Bautista Valle y Gregorio Alfonso Alvarado López.
Pero ninguno de ellos ha sido investigado, esclarecido o encontrado.
Monrroy Hernández manifestó que han comprobado que las autoridades no llevan a cabo ninguna investigación, “más bien encubren los hechos y ocultan información”.
Mientras tanto en el país y en particular en Guerrero, la práctica de la desaparición forzada no cesa, “es cotidiana y el número de víctimas crece diariamente de manera alarmante”, agregó.
Sin embargo, nadie tiene una cuenta exacta, “pero la desaparición forzada de personas a manos de autoridades y particulares, que en muchos casos se asocia con tortura y deriva en ejecuciones extrajudiciales o prisión política, se ha convertido en una emergencia humanitaria que requiere especial atención”, subrayó.
Monrroy comentó que a pesar de estas circunstancias los funcionarios públicos y representantes populares no asumen su responsabilidad, “perpetuando así la impunidad y la violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”.
En estas condiciones las víctimas de antes y de ahora, “siguen sin verdad ni justicia, revictimizadas por la impunidad y las instituciones encargadas de su atención, criminalizadas e incluso en riesgo de agresión y represión”, añadió.
El director del Tadeco acusó a los gobiernos federal y estatal de no generar una respuesta clara y una atención adecuada a las víctimas de la violencia y sus familiares, aun cuando la Ley General de Víctimas publicada en el 2013 reconoce dichos derechos.
“Aquí en Guerrero, el gobierno estatal en lo oscurito y al margen de las víctimas y sus organizaciones, homogeniza a su manera y conforme a sus intereses la Ley de Víctimas y convoca a la conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal, en el marco de un desorden legislativo donde la Constitución estatal reformada ni siquiera menciona a las víctimas de la violencia social ni les reconoce derechos, y mantiene vigente una ley sobre desaparición forzada de personas totalmente obsoleta”, denunció.
En este contexto, tanto el Tadeco como el Comité de familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, demandaron el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, así como el cumplimiento cabal de la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición de Personas por Particulares.