Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Nestora Salgado hoy

El encarcelamiento de Nestora Salgado hace dos años fue resultado de una vergonzosa confabulación en la que participaron el gobierno federal y el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero, con el evidente objetivo de desacreditar y golpear a la Policía Comunitaria de la CRAC.
Como se sabe, el Poder Judicial federal ha rechazado sumarse a esta campaña sucia, y ha negado una y otra vez las órdenes de aprehensión que le ha solicitado la Procuraduría General de la República contra Nestora Salgado. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia del Estado se ha entregado con una complacencia indigna al juego emprendido por ambos gobiernos y se niega a hacer lo que han hecho los jueces federales que han exonerado de todo cargo a la coordinadora de la Policía Comunitaria de la CRAC en Olinalá, que es reconocer que las actividades de las cuales se derivaron las acusaciones contra ella estaban reguladas y amparadas por la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, y que por lo tanto no incurrió en ningún delito.
El desconocimiento de esa ley es lo que le permite a la Fiscalía General del Estado mantener los cargos de secuestro contra Nestora Salgado y negarse al desistimiento que la pondría en libertad, y al juez del caso mantenerla en prisión, cuando es ostensible que el trabajo que realiza la Policía Comunitaria es una labor legal, como la de cualquier otra policía.
Pese a ello, detenciones que hizo la Policía Comunitaria de Olinalá en el ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 701 fueron denunciadas como “secuestros” por las supuestas víctimas, y así son consideradas por el Poder Judicial del estado. Pero por esos mismos cargos, un juez federal resolvió que no se acredita ningún delito y negó la captura pedida por la PGR contra Nestora Salgado. Es decir, una interpretación completamente arbitraria de la ley es lo que llevó a la cárcel a Nestora Salgado, y lo que le impide obtener su libertad.
Conviene tener presente que no es solamente la villanía de la Fiscalía del estado y del Tribunal Superior de Justicia –instrumentos serviles de la política de criminalización de los movimientos sociales que aplica el gobierno federal– lo que tiene en la cárcel a Nestora Salgado. Un factor definitivo es también la exasperante pasividad, blandenguería o complicidad del gobierno del estado, o del gobernador para ser más precisos, y ahora además el tortuguismo deliberado con el que el Congreso del estado procesa la ley de amnistía que facilitaría acelerar la liberación de la comandanta junto a la de los otros presos políticos.
Si asumimos que Rogelio Ortega Martínez es una pieza colocada por el gobierno federal para la gestión de sus políticas en el estado, se comprenderá la ambigüedad que el gobernador interino manifiesta en el tema de la amnistía, pues accedió a presentar una iniciativa de ley pero mutiló los términos pactados con las organizaciones sociales, y además no mueve un dedo para convencer a los diputados de aprobarla. Lo que no ha hecho el gobernador ni los diputados, lo ha hecho el movimiento de los cuatro pueblos movilizados en pos de su aprobación como municipios, pues al exigir con sus bloqueos carreteros el aval del Congreso crearon las condiciones para que también sea aprobada la ley de amnistía.
Es de un interés particular preguntar por qué la mayoría que el PRD tiene en el Congreso del estado ha dado largas a un tema tan delicado como la ley de amnistía, pues extrañamente dejó correr los días como si no se tratara de algo urgente. A catorce días de que termine la actual legislatura y con ello el predominio perredista en el Congreso, si no es aprobada esa amnistía en este lapso es totalmente incierto que lo haga la mayoría del PRI que entrará en funciones. Por alguna razón, quizás de puro cálculo político, eso es lo que parece desear la fracción del PRD, partido que dice estar del lado de las demandas populares pero cuando puede hacer algo de valía social no lo hace.
En mayo pasado Nestora Salgado fue trasladada de un penal de Tepic, Nayarit, al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, situado en el sur de la ciudad de México, después de una huelga de hambre que realizó para protestar contra el trato cruel que recibía y el aislamiento al que era sometida. El traslado y el fin del maltrato no mitigaron, sin embargo, la injusticia que el gobierno comete contra Nestora Salgado, pues ésta se conseguirá solamente cuando sea exonerada y liberada.
Desde la cárcel femenil de Tepepan, Nestora Salgado dio a conocer el viernes pasado una carta pública en la que hace un recuento de su caso y dice que “aunque las condiciones carcelarias han mejorado, comparadas con las que tenía en Nayarit, no dejo de estar injustamente recluida”. Explica que “a pesar de que la ley y el propio gobierno del estado de Guerrero había reconocido nuestra jurisdicción como sistema de justicia, cuando nuestra actuación como policía comunitaria empezó a obstaculizar los intereses del crimen organizado, coludido con los gobiernos locales, se utilizó el peso de la ley para criminalizar la justicia indígena. Paralelamente, el gobierno de Guerrero ha declarado públicamente que hay diversas órdenes de aprehensión en mi contra, sin que las mismas se me notifiquen, lo que denota el uso político y perverso del sistema de justicia por parte de las autoridades del estado. Las falsas acusaciones que hay en mi contra han sido parte de un montaje con la finalidad de inhibir la conformación de las policías comunitarias y en consecuencia el ejercicio de nuestros derechos humanos como comunidades y pueblos indígenas”. Dice estar segura “de que pronto obtendré mi libertad, pues hay muchas organizaciones y personas que me han brindado su apoyo y que están luchado incansablemente por la libertad de los y las presas políticas”, y que “se trata de una lucha por la justicia y el respeto a las policías comunitarias, cuyo único ‘‘delito’ ha sido hacer el trabajo que el Estado no ha sido capaz de hacer, al esforzarse por garantizar nuestra seguridad y la de nuestros pueblos”.
Nestora Salgado anuncia además que su ayuno de 43 días es “en apoyo a los padres de nuestros jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos y en demanda de la libertad de todos los presos políticos de nuestro país”. Por todo eso simboliza en este momento las causas sociales de México, y sin duda derrotará la ruindad que la privó de su libertad.

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