Se compromete la PGR ante la CNDH a buscar a los 43 de Ayotzinapa

* También ofrece esclarecer los hechos violentos de Iguala

*En Guerrero hay “emergencia humanitaria” por la desaparición forzada, denuncian organismos civiles

*Representantes de Amnistía Internacional y de la ONU exhortan a los familiares de Atoyac a no desistir y exigir justicia

*Niegan el acceso a la primaria al hijo de un desaparecido de Chilapa porque no tiene zapatos

Ante la CNDH, se compromete la PGR a buscar a los 43 de Ayotzinapa y
esclarecer los hechos

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un documento en el que indica que se han atendido las observaciones de ese organismo sobre la investigación del caso Iguala.
El texto, elaborado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) contiene posicionamientos específicos sobre las 26 observaciones y propuestas formuladas por la CNDH el pasado 23 de julio.
“En dicho escrito, la PGR remite al organismo constitucional autónomo el avance de la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, se pone a consideración de la CNDH el cumplimiento de las observaciones y propuestas formuladas”, indicó la dependencia en un comunicado.
Señaló que el documento tiene como propósito hacer una aportación a la Oficina Especial de la CNDH para el Caso Iguala.
“Además, reitera su compromiso con las tareas de búsqueda, el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, actuando, como lo indica su mandato, con estricto apego a la ley, probidad, eficiencia y transparencia”, sostuvo.
El informe de la CNDH, denominado “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, identificó 26 fallas en la investigación de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En Guerrero hay “emergencia humanitaria” por la desaparición forzada, denuncian organismos civiles

*Los gobiernos federal y estatal siguen manejando las cifras a discreción, encubriendo y ocultando los casos para no investigarlos, se quejan en el Día Internacional del Detenido Desaparecido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, este 30 de agosto organismos civiles denunciaron que la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “emergencia humanitaria” que requiere especial atención, pero que los gobiernos federal y estatal siguen manejando las cifras a discreción, encubriendo y ocultando los casos para no investigarlos.
El Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), denunciaron que las autoridades federales y estatales han evadido su responsabilidad ante este grave problema.
El director del Tadeco, Javier Monrroy Hernández, declaró que incluso, a pesar de que hay casos de “resonancia mundial” como el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, las autoridades insisten en seguir manejando discrecionalmente los casos, “tratan de aparentar que sólo son hechos aislados y que los índices de inseguridad van a la baja”, se quejó.
Añadió que esto permite que no se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, pero que además los fiscales regionales o los fiscales para delitos graves y ministerios públicos, “actúan extrañamente y amañadamente, distorsionando los hechos, atemorizando, intimidando, incriminando, criminalizando y desalentando a los familiares de las víctimas o instrumentando artimañas como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas”.
Estos dos organismos civiles han reclamado y exigido desde el 2007 cuando se creó el Comité, la investigación de 34 casos que se han convertido en emblemáticos.
Ellos son los de Jorge Gabriel Cerón Silva, Ludwig Marighela Hernández Cisneros, Rafael Ramírez Benítez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro, Rodrigo Camacho Rodríguez, Artemio Soroa Brito, Dionisio Rodríguez Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Jiménez, Inés Mendoza Salgado, Erick Isaac Molina García, Ma. Guadalupe Tolentino Pérez, Diana Edith Sotelo Ramírez, y Odimando Espino Núñez.
Asimismo, el de Roberto Crescencio Cruz, Roberta Naves Casarrubias, Sergio Ramírez Miranda, José Guadalupe Delgado Martínez, Pedro Benítez Vara, Jesús Bello Moreno, Francis Alejandro García Orozco, Sergio Méndez Landa, Lenin Vladimir Pita Barrera, Zósimo Tadeo Chacón Jiménez, Andrés Antonio Orduña Vázquez, Olimpo Hernández Villa, Víctor Ayala Tapia, Oscar González Muñiz, Cristhian Obeth Pérez Betancourt, Luis Mario Casiano Vargas, Julio César García Sánchez, Miguel Angel Sánchez Pablo, Eva Alarcón Ortíz, marcial Bautista Valle y Gregorio Alfonso Alvarado López.
Pero ninguno de ellos ha sido investigado, esclarecido o encontrado.
Monrroy Hernández manifestó que han comprobado que las autoridades no llevan a cabo ninguna investigación, “más bien encubren los hechos y ocultan información”.
Mientras tanto en el país y en particular en Guerrero, la práctica de la desaparición forzada no cesa, “es cotidiana y el número de víctimas crece diariamente de manera alarmante”, agregó.
Sin embargo, nadie tiene una cuenta exacta, “pero la desaparición forzada de personas a manos de autoridades y particulares, que en muchos casos se asocia con tortura y deriva en ejecuciones extrajudiciales o prisión política, se ha convertido en una emergencia humanitaria que requiere especial atención”, subrayó.
Monrroy comentó que a pesar de estas circunstancias los funcionarios públicos y representantes populares no asumen su responsabilidad, “perpetuando así la impunidad y la violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”.
En estas condiciones las víctimas de antes y de ahora, “siguen sin verdad ni justicia, revictimizadas por la impunidad y las instituciones encargadas de su atención, criminalizadas e incluso en riesgo de agresión y represión”, añadió.
El director del Tadeco acusó a los gobiernos federal y estatal de no generar una respuesta clara y una atención adecuada  a las víctimas de la violencia y sus familiares, aun cuando la Ley General de Víctimas publicada en el 2013 reconoce dichos derechos.
“Aquí en Guerrero, el gobierno estatal en lo oscurito y al margen de las víctimas y sus organizaciones, homogeniza a su manera y conforme a sus intereses la Ley de Víctimas y convoca a la conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal, en el marco de un desorden legislativo donde la Constitución estatal reformada ni siquiera menciona a las víctimas de la violencia social ni les reconoce derechos, y mantiene vigente una ley sobre desaparición forzada de personas totalmente obsoleta”, denunció.
En este contexto, tanto el Tadeco como el Comité de familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, demandaron el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, así como el cumplimiento cabal de la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición de Personas por Particulares.

Piden organismos internacionales a los familiares de desaparecidos de Atoyac continuar su lucha

*Representantes de Amnistía Internacional y de la ONU exhortaron a los familiares a no desistir en su movimiento para exigir justicia, durante el Foro de Desaparición Forzada que celebró la Afadem en el Día Internacional del Detenido Desaparecido

Francisco Magaña

Atoyac

Los representantes de Amnistía Internacional y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron a los familiares de desaparecidos de Atoyac a no desistir en su lucha para exigir justicia en el caso de sus parientes, durante el Foro de Desaparición Forzada que celebró la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) como parte de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, en Atoyac.
El acto se hizo en el auditorio de la Ciudad de los Servicios que en los años setentas fue un cuartel militar.
Antes del foro los integrantes de Ciencia Forense Ciudadana tomaron muestras de ADN en las oficinas de la Afadem.
Las pruebas de AND de familiares de desaparecidos es una petición especial de la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla, ante las muertes de adultos mayores en el municipio por el virus de la chikungunya.
El banco de ADN ciudadano que se conforme será enviado a laboratorios que cumplan con los estándares internacionales en genética forense y resguardados para tener certeza cuando se comparen con algún hallazgo que tenga que ver con la guerra sucia.
La integrante de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carbajal, dijo que tienen más de un año y medio trabajando.
En Guerrero tienen más de dos meses apoyando a familiares de Los Otros Desaparecidos en el municipio de Iguala donde se han encontrado fosas clandestinas después de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Para el caso de la guerra sucia, dijo que se estima que tomarán muestras a 40 familias para ser enviadas a un laboratorio en Virginia, Estados Unidos y para su resguardo en un banco de ADN de Ciencia Forense Ciudadana en Inglaterra, en la Universidad de Durham.
Comentó que cuando la familia muere se pierde la memoria histórica y no queda ningún antecedente para cotejar con algún hallazgo de restos humanos no identificados.
Durante el foro la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla agradeció la presencia de sus compañeros de Ciencia Forense Ciudadana, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Amnistía Internacional, Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, UAG y la ex Comisión de la Verdad.
Dijo que los familiares están en la lucha desde hace muchos años, por la presentación con vida de sus seres queridos desaparecidos, “aparentemente no hacemos gran cosa, sin embargo, hemos logrado una sentencia internacional en el caso de Rosendo Radilla, mi padre, que beneficia a todos los casos.
Dijoque por la impunidad en el país, hay miles de víctimas, “en los setentas en nuestro estado hubo más de 600 desaparecidos, de los cuales 400 son del municipio de Atoyac”.
Dijo que siguen en la lucha por que se haga justicia, se dé a conocer la verdad pero sobre todo porque no vuelva a ocurrir, aun cuando ven indiferencia en ciertos sectores de la sociedad “este fenómeno espantoso, sólo lo entendemos cuando ya estamos en el problema, desgraciadamente hoy se dice que el crimen organizado está desapareciendo, sea quien sea, es la responsabilidad del Estado por no garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
La madre de un desaparecido en Acapulco, Julia Alonso Carbajal, con lágrimas, pidió un minuto de silencio por los desaparecidos y perdón por no haber sido sensible “cuando te sucede te avergüenzas como ciudadano por no solidarizarte, antes en nuestros país se conmemoraban cosas hermosas como el 10 de mayo, pero ahora se conmemora el Día del Desaparecido”.
En nombre de los desaparecidos de Atoyac, la hija de el desaparecido Bernardo Reyes Félix, Griselda Reyes agradeció que los acompañaran en su camino difícil y escabroso ante la insensibilidad de las autoridades como la Fiscalía Especial de Asuntos Políticos del Pasado, en el sexenio de Vicente Fox que en cinco años no esclareció un solo caso.
Pidieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque las desapariciones siguen ocurriendo.
Proponen que a todos los restos humanos que se encuentren se les tomen muestras de ADN, se haga un banco nacional de ADN de los familiares de detenidos-desaparecidos, un panteón exclusivo para los cuerpos encontrados no identificados, una ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño a las familias, tomando en cuenta la opinión de las organizaciones y familiares, y que las familias tengan acceso a todas las diligencias que se realicen.
En su participación el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña exhortó a los familiares de desaparecidos a que sigan luchando.
Dijo que aunque pasen los años sigan con ese espíritu incansable aun en momentos de duda, la ONU se los reconoce.
Señalo que la ONU reclama la información del paradero de los desaparecidos, acceso a la verdad y reparación del daño.
Condenó que los militares se han convertido en una herramienta de represión.
De Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, pidió perdón a los familiares y a la organización por no haber estado desde un inicio, “Amnistía Internacional tiene una deuda histórica con Atoyac”, dijo.

Niegan el acceso a la primaria al hijo de un desaparecido de Chilapa porque no tiene zapatos, denuncia

*La esposa de la víctima, Regina Cervantes, desde hace seis meses no ha podido trabajar

Regina Cervantes es esposa de uno de los desaparecidos de Chilapa, que se ha dedicado a buscarlo, por eso desde hace seis meses no ha podido trabajar, y a su hijo no lo quieran recibir en la primaria porque no tiene zapatos.
El 7 de marzo cambió su vida, ese día irrumpió un grupo de hombres armados, y fue cuando desapareció su esposo, Roberto Zapoteco, de 22 años. Desde entonces no ha podido trabajar, ha decidido buscarlo, ha ido seis veces a preguntar por él al Servicio Médico Forense (Semefo).
Regina tiene 27 años, es menudita, de tez morena y cabello negro largo. Su esposo era el sustento de su familia, tiene un hijo de 6 años. Ella forma parte del grupo de familiares de desaparecidos que se reúne para esperar noticias de sus familiares, y para exigir una búsqueda efectiva.
Regina no ha podido trabajar, ella no tiene estudios, y se emplea en la elaboración de cinta de palma, por cada rollo le pagan 2 pesos con 50 centavos. En un día sólo hace tres rollos.
En las vacaciones se alquiló como peón en el trabajo del campo, le dieron trabajo dos veces a la semana, y le pagaron 70 pesos por día.
El 7 de marzo a las 6 de la tarde, Regina vio por última vez a Roberto, cuando fue a su casa a comer, regresó a trabajar para completar 200 pesos, que tenía que entregar a la dueña del taxi, y llenar el tanque de gasolina.
A las 12 de la noche, Regina le marcó a su celular para saber si llegaría a su casa, el celular sonó pero no respondió. Pensó que su esposo estaba tomando, pero “siempre llegaba”.
Al siguiente día, por la mañana, su cuñada la visitó para preguntar por Rafael Grande, de 18 años, ya que Roberto quedó de llegar con él, pero no llegaron. Regina y su cuñada se preocuparon.
Regina fue a preguntar al cuartel de policías, frente al sitio de taxis. Un policía municipal le dijo que había visto a Roberto y Rafael en una tienda a la 1 de la mañana, y estaban tomando.
Regina lo buscó en la comandancia de Chilapa, pero no lo encontró.
Regina se enteró por algunos testigos, que a Roberto y Rafael se los llevaron hombres armados en el taxi que manejaba, y a dos hombres que estaban con ellos, los golpearon y los dejaron ir.
El lunes Regina presentó una denuncia en el Ministerio Público del fuero común.
El 13, 14 y 15 de julio fue la última vez que acudió a Chilapa el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que agrupa personal de genética, criminalística, derechos humanos y Ministerio Público federal, durante esta visita los familiares resentaron la denuncia de la desaparición de Roberto y Rafael.
Regina dice que desde hace seis meses, el Ministerio Público del fuero común no le ha informado del paradero de su esposo, ni tampoco la PGR.
Ha acudido seis veces al Semefo, “vamos a seguir aquí, no es justo que cada miércoles vengamos, y todo igual. Que nos digan si hay avances”, reprochó. (Beatriz García / Chilapa).