Corrupción, privilegios y opacidad en el TSJ, denuncian aspirantes a la Judicatura

*Los magistrados ganan más de 200 mil pesos mensuales y se adjudican tres bonos anuales por 400 mil: Pedro Damián Sánchez. Comparecen en el Congreso nueve candidatos a ser parte del Consejo de la Judicatura, de los cuales será elegido uno

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Corrupción, desvío de recursos, salarios y prestaciones privilegiadas para los magistrados, favoritismo en la asignación de cargos y falta de credibilidad en el Poder Judicial, son los vicios diagnosticados por algunos de los aspirantes al Consejo de la Judicatura.
Lo anterior fue expresado por los aspirantes ayer durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Gobierno del Congreso local, en busca de ser seleccionados como consejeros de ese órgano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La mayoría de los nueve aspirantes argumentaron, incluso, que esa es la causa por la que aspiran a forma parte del Consejo de la Judicatura del TSJ, para componer ese estado de cosas.
Los aspirantes son Pedro Damián Sánchez, Carlos Alonso Gutiérrez, Agustín Lara Muñiz, Francisco Castillo Galeana, J. Nazarín Vargas Armenta, Mirian Cortés Cisneros, Dimingo Martínez Altamirano, Valentín Sandoval Montiel y José Luis Rebollar Morales.
Damián Sánchez expresó ante los diputados que existe una “profunda desconfianza social” en el TSJ por la existencia de grupos de poder al interior del mismo, falta de respeto a la carrera judicial, desaseo total en las finanzas e identificación de jueces corruptos.
Explicó que no en vano los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron con un paro laboral que duró más de dos meses en abril y mayo pasado, precisamente porque no se respeta la carrera judicial, pues en los cargos se designa a gente por recomendación y favoritismo, no por su capacidad.
Pero además denunció que existe una gran diferencia entre lo que ganan los trabajadores y los magistrados, pues éstos tienen salarios por arriba de los 200 mil pesos mensuales, más tres bonos anuales por 400 mil pesos.
Agregó que los magistrados sí pueden jubilarse con su salario normal, cuando ni siquiera cotizan al ISSSTE o a alguna otra institución, y que toman del presupuesto para pagarse sus jubilaciones, que son equivalentes al salario que reciben cuando están en funciones.
En estas condiciones, dijo, no hay presupuesto que alcance en el TSJ.
El aspirante a consejero informó que también existe opacidad en el manejo de los recursos por parte de los magistrados y de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura, “al Tribunal ingresan millones y no se sabe en qué se gastan, existe un manejo discrecional de los recursos”, acusó.
Informó que en su caso lleva 17 años trabajando en el Poder Judicial y que actualmente se desempeña en el Juzgado Familiar, tiempo en el que ha comprobado que “existe una total falta de respeto a la carrera judicial”.
Adelantó que en caso de que sea designado consejero del Consejo de la Judicatura, se propone aplicar sanciones a los jueces corruptos, realizar una investigación de su función “real y verdadera”, remitir a las autoridades competentes e inhabilitar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, promover la jubilación para todos los trabajadores del Poder Judicial, “no sólo jueces y magistrados”, y elaborar un reglamento profesional de carrera con la participación de la base trabajadora.
Además, dijo que elaborará un reglamento de cambios de adscripción de los trabajadores en base a la objetividad, confianza, eficiencia y necesidades laborales y buscará evitar un manejo discrecional del presupuesto.
Se manifestó, asimismo, contra los gastos “superfluos”, como vehículos para magistrados, pago de celulares, comidas y gastos de representación, y realizar un análisis profundo del manejo del fondo auxiliar para la administración de justicia.

Comparecencia en la Comisión de Gobierno

Los aspirantes al Consejo de la Judicatura comparecieron por separado a partir de la una de la tarde en la sala José Francisco Ruíz Massieu del Congreso local. Cada uno de ellos tuvo 10 minutos para exponer sus propuestas y plan de trabajo.
Otro de los aspirantes, Carlos Alonso Gutiérrez, quien aseguró que comenzó trabajando en el Poder Judicial como mecanógrafo (pero no dijo cuántos años lleva laborando allí), expuso que Guerrero es uno de los estados que más rezagado va en cuanto a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; “el equipamiento va lento, las obras están inconclusas en Ciudad Judicial y otras están en el abandono a 40 días de que entren en funcionamiento”.
Reveló que Guerrero se encuentra entre los 18 estados en donde el Nuevo Sistema de Justicia Penal funciona parcialmente, y que en el país sólo seis estados ya lo están aplicando al 100 por ciento.
Expuso, en otro punto, que en el TSJ hace falta profesionalización y capacitación del personal y se propuso hacerlo en caso de ser designado como consejero. También ofreció respaldar la carrera judicial.
El formato de las comparecencias implicaba una entrevista a los comparecientes, sin embargo ninguno de los diputados mostró interés. Nadie preguntó, y sólo en una ocasión intervino el presidente de la comisión, Bernardo Ortega.
Incluso mientras los aspirantes presentaban sus propuestas y planes de trabajo, los diputados chateaban, algunas veces Bernardo Ortega bromeaba con el diputado del Movimiento Ciudadano, Oliver Quiroz, que tenía sentado a su lado, o intercambiaba bromas con los reporteros que cubrían la reunión.
Agustín Lara Muñiz, otro de los aspirantes a consejeros, quien aseguró que lleva 35 años trabajando en el TSJ, también dijo que el Tribunal va retrasado en la aplicación del nuevo sistema adversarial (juicios orales) y que debe apresurarse a formar a los jueces, “porque vamos atrasados para cumplir con esas reformas que se aprobaron en el 2008”.
Recordó que el TSJ tiene hasta junio del próximo año para que ponga a funcionar al 100 por ciento el Nuevo Sistema de Justicia Penal y que “es preocupante porque estamos muy atrasados”.
El abogado expuso la necesidad de fortalecer al Poder Judicial, porque dijo que ahora dista mucho de lo que fue, “antes, en la caída de los poderes, era el único que se mantenía y era un símbolo de estabilidad, y hoy eso ya no sería posible”, criticó.
Las comparecencias transcurrieron monótonas, ante unos diputados fríos y distraídos, a tal grado que cuando pasó a exponer el abogado Francisco Castillo Galeana, a media comparecencia se le bloqueo la diapositiva y tuvo que terminar su intervención sin que los diputados repararan en ello, hasta que el compareciente les dijo que su proyecto había quedado inacabado y si tenían alguna pregunta, pero a nadie le interesó, le dieron las gracias y el abogado abandonó la sala.
Después siguió el abogado J. Nazarin Vargas Armenta y posteriormente la abogada Miriam Cortés Cisneros, quien dijo que quiere ser consejera por las injusticias que se cometen en el TSJ y acusó que en el Tribunal priva la indolencia y que por eso los ciudadanos ya no creen en su órgano que administra la justicia.
A su vez, el abogado Domingo Martínez Altamirano manifestó que se propone ser consejero para buscar los mecanismos presupuetales y los jueces puedan jubilarse dignamente, pues denunció que actualmente hay muchos que ya están en espera y no pueden hacerlo porque no hay recursos.
El antepenúltimo compareciente, Valentín Sandoval Montiel, se dijo producto del esfuerzo y que pedirá que los recursos del TSJ se apliquen donde tengan que aplicarse para mejorar el sistema judicial y que promoverá la independencia jurisdiccional.
Manifestó que el movimiento laboral de abril y mayo pasado se dio porque evidentemente los trabajadores no están satisfechos, y que eso implica que el TSJ no les ha dado una adecuada atención como para que den un mejor trato a los ciudadanos.
Señaló que lo que se requiere en el TSJ es una verdadera independencia y que recupere la confianza en la sociedad.
El último compareciente fue José Luis Rebollar Morales, pero para entonces el presidente de la Comisión de Gobierno tenía rato que, de plano, había abandonado la sala y afuera, en el vestíbulo, atendía entrevistas con los reporteros.
De los nueve comparecientes el Congreso del estado deberá elegir esta semana a uno de ellos para que se integre al Consejo de la Judicatura del TSJ.
El órgano se compone de cinco integrantes; uno es el presidente en turno del Tribunal, un consejero magistrado, un consejero juez, un consejero propuesto por el Ejecutivo del estado y otro por el Legislativo, y es éste el que deberá ser designado.
El Consejo de la Judicatura es el órgano que administra los recursos del TSJ, vigila las funciones de magistrados y jueces y se encarga de la profesionalización del personal del Poder Judicial.