Comienza el proceso de entrega-recepción en ayuntamientos

Hará un gobierno honesto y que rinda cuentas porque la sociedad lo demanda, dice Evodio

*Se establecerá un plan de austeridad y no se engrosará más la nómina, asegura el alcalde electo durante la instalación del comité de entrega-recepción a la nueva administración 2015-2018

Aurora Harrison

El gobierno municipal instaló el comité de entrega-recepción del periodo 2012-2015 a la nueva administración 2015-2018, acto que se realizó en la sala de Cabildo, y allí el alcalde electo Evodio Velázquez Aguirre dijo que el reto es hacer un gobierno honesto, transparente y que rinda cuentas a los ciudadanos “porque la sociedad lo demanda”.
Velázquez Aguirre en su mensaje y en declaraciones posteriores reconoció el trabajo de este gobierno que concluye con Luis Uruñuela Fey, pero que inició con Luis Walton, en cuanto al tema de transparencia, certificación de playas y la promoción turística.
Adelantó que establecerá un plan de austeridad y no engrosará más la nómina de trabajadores.
Abundó que se requiere enviar un mensaje de congruencia “más allá de banderas partidistas para construir un mejor Acapulco, se necesitará construir una buena relación como la tengo con el gobernador Héctor Astudillo y el presidente de la república, Enrique Peña Nieto”.
En la ceremonia. que presidieron el presidente municipal Luis Uruñuela Fey y el alcalde electo, estuvieron el auditor general del estado, Alfonso Damián Peralta; el contralor general del estado, Gerardo Loría Casanova, funcionarios de la presente administración y los integrantes del comité de recepción, entre ellos los síndicos Teófila Platero, Ilich Lozano Herrera, Merced Valdovinos Diego y Daniel Meza Loeza.
Uruñuela Fey dijo que la administración, del inicio a su conclusión, “ha considerado imprescindible el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, hemos manejado esta idea buscando construir un equilibrio en el que cada peso público gastado tenga una justificación en términos de los bienes y servicios que la administración pública municipal debe generar a favor de la ciudadanía”.
El auditor general del estado, Damián Peralta, explicó que el comité instalado registrará de manera puntual todos y cada uno de los aspectos físico y financieros del municipio, siendo el marco de referencia para la administración entrante.
El contralor general Gerardo Loría Casanova dijo que Acapulco es el primer municipio que cumple la instalación del comité de entrega-recepción, y celebró la disposición y trabajo realizado por los alcaldes.
Por su parte, Velázquez Aguirre indicó que “creo que la transparencia es lo que debe de ser fundamental en el accionar de cualquier gobierno. El reto que asumo este momento ante la opinión pública, ante el pueblo de Acapulco, es construir un gobierno transparente, que rinda cuentas, que genere las condiciones para respetar la ley”.
Reconoció el trabajo que hizo el gobierno saliente y dijo que en su momento informará de los resultados del análisis que se haga en cada uno de las áreas del Ayuntamiento; “lo digo con toda claridad, la idea de continuar lo que se hace con resultados e intentar mejorar en este nuevo gobierno con apoyo y tomar en cuenta lo que marca la experiencia de este gobierno del 2012 a 2015”.
Después, ambos alcaldes dieron declaraciones juntos. Velázquez Aguirre aclaró que de algunos que forman parte del comité de recepción “no es la decisión final de los responsables de las áreas, solamente estarán cumpliendo una responsabilidad legal para hacer el acto de recibir la administración” y que el 3 de septiembre tendrán los libros blancos.
Sostuvo que se requiere “mandar un mensaje de congruencia, un mensaje de que más allá de banderas partidarias vamos a construir lo mejor para Acapulco, vamos a necesitar construir una buena relación como la que tengo con el gobernador Héctor Astudillo, una buena relación que tendrá el presidente municipal con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y una buena relación en busca de la gobernanza con todos los actores”.
Abundó que “hay mucho que reconocerle al gobierno, hay avances en materia de transparencia, se pudieron certificar playas en el destino turístico, se inició mucho de lo que hoy le estamos dando continuidad como el tema de promoción turística, la búsqueda de los cruceros, entre otras acciones que se iniciaron con eficacia en este gobierno”.
Aseguró que antes de “tomar las riendas” de la administración dará a conocer quiénes serán los funcionarios, “algunos de los que están (en el comité) pueden ser, otros sólo cumplirán con recibir el área correspondiente”, y es que dijo que los funcionarios de su gobierno deberán tener “trayectoria, apertura con la sociedad, e interés de servir”.
“El reto es un gobierno honesto, transparente, que rinda cuentas al pueblo de Acapulco, que dé resultados, hoy necesitamos dar resultados porque creo que eso nos demanda la sociedad”, afirmó el alcalde electo, al asegurar que durante su “trayectoria política me he dirigido de manera transparente y lo voy a seguir haciendo”.
Adelantó que al iniciar su gobierno aplicará un plan de austeridad y modernización de algunas áreas que “consideramos, e incluso platicamos con el presidente Luis Uruñuela de que debe darse seguimiento y aplicarse nuevas metodologías, es lo que vamos a construir y no podemos engrosar más la nómina, por supuesto que no, al contrario”.
Respecto a si dará plazas de base a los dirigentes sindicales, respondió: “tenemos que ver cómo están las cosas, manifiesto mi buena relación con el sindicato y secciones sindicales, vamos a tener un diálogo constante y vamos a definir cuál será la ruta, sobre la deuda con el ISSSPEG, unos créditos que tuvieron con una casa prestamista”.

Ex funcionarios que demandaron al ayuntamiento de Iguala, en el equipo del próximo alcalde priista

*El ex tesorero Jesús Romero Valle tiene una sentencia laboral a su favor por 2 millones 800 mil pesos. Benito García Jiménez ganó un laudo de más de un millón 300 mil pesos. Cecilia Marchán, por cerca de 2 millones de pesos; Benito Abad Sandoval por más de 400 mil pesos. En noviembre de 2014 había 474 demandas laborales contra la alcaldía

Alejandro Guerrero

Iguala

El alcalde electo de Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza, integró a su equipo de entrega-recepción a ex funcionarios del gobierno de Raúl Tovar Tavera, que tienen demandado al Ayuntamiento y que tienen laudos condenatorios, como el ex tesorero Jesús Romero Valle, que tiene una sentencia a su favor por más de dos millones 800 mil pesos.
De 131 demandas laborales que actualmente tiene el Ayuntamiento, según datos oficiales a los que tuvo acceso este reportero, 31 casos cuentan con laudos condenatorios por un monto de 18 millones de pesos, de los cuales destacan ex funcioneros y ex empleados de los gobiernos del PRI y PRD de Raúl Tovar Tavera y José Luis Abarca Velázquez.
Abarca Velázquez está preso en el penal del Altiplano por el caso del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato del activista de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
A su vez, Benito García Jiménez demandó al Ayuntamiento en el segundo gobierno de Lázaro Mazón Alonso y tiene a su favor un laudo de más de un millón 300 mil pesos.
Durante la mañana de ayer en la sede del auditorio del Palacio Municipal, el alcalde interino Silviano Mendiola Pérez y el electo, el priista Esteban Albarrán Mendoza, presentaron sus equipos de entrega-recepción para el inicio de la transición de la administración, que se realizará a finales de septiembre.
Por parte del priista figuran el ex director jurídico Benito Abad Sandoval, que demandó al Ayuntamiento y ganó un laudo de más de 400 mil pesos; el director de la clínica del Instituto del Seguro Social (IMSS) de Iguala y coordinador de médicos en la clínica del ISSSTE de esta ciudad, Herón Delgado Castañeda; el ex síndico Manuel Martínez Carreón, que entró en funciones cuando Albarrán Mendoza pidió licencia para buscar la diputación federal por el distrito 02 y ganó.
En la lista también aparece el ex Secretario de Finanzas y Administración, Jesús Romero Valle, que después de estar cerca de un año en el cargo durante el periodo de Raúl Tovar Tavera demandó al Ayuntamiento y hasta ayer tenía una sentencia condenatoria a su favor de más de dos millones 800 mil pesos.
Por cada día transcurrido este laudo va incrementándose en dos mil pesos por un convenio incumplido que firmó de forma unilateral, sin el aval del cabildo, la entonces síndica Carmen Perea Moreno, en el tiempo en que el ahora regidor electo Nemesio Álvarez García era el director jurídico.
En este mismo convenio se incluyó a la ex Oficial Mayor Cecilia Marchán Castañeda, también cercana a Esteban Albarrán, y que diario acumula dos mil pesos más a su laudo que hasta ayer era de cerca de dos millones de pesos.
En la lista de ex funcionarios que tienen demandado al Ayuntamiento y que hoy fueron integrados por Albarrán Mendoza en su equipo de entrega-recepción, se incluye al ex jurídico en el periodo de Tovar Tavera, Francisco Jaimes, del cual su proceso sigue en trámite.
En declaraciones por separado y sin dar detalles, el alcalde interino Silviano Mendiola Pérez y el primer sindico Oscar Chávez Pineda, confirmaron que el Ayuntamiento de Iguala tiene laudos condenatorios, es decir que se tienen que pagar, por un monto de 18 millones de pesos, en el que se incluye los cerca de cinco millones de pesos solo de Jesús Romero Valle y Cecilia Marchán.

Acumulan 18 millones de pesos 31 lados

Según información oficial a la que este reportero tuvo acceso, la administración de Silviano Mendiola Pérez recibió el gobierno en noviembre de 2014 con 474 demandas laborales, de las cuales 153 mercantiles, civiles y administrativas se depuraron o cumplieron con un pago cercano a los 800 mil pesos, de las cuales la mayoría habían sido puestas en los gobierno de Raúl Tovar y José Luis Abarca Velázquez.
Fuentes consultadas informaron que de las 321 demandas que estaban en trámite, unas 190 se conciliaron, en algunos casos con el desistimiento del trabajador y en otros con las reinstalaciones de éstos al área de la que fueron despedidos.
De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, hasta el día de ayer el Ayuntamiento de Iguala tenía 131 demandas laborales, de las cuales 31 cuentan ya con laudos condenatorios a favor del trabajador y acumulan un monto de 18 millones de pesos, entre estos los casos de Jesús Romero Valle y Cecilia Marchán.
También se dio a conocer que de los 99 trabajadores que fueron despedidos de forma masiva en diciembre de 2012 por el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, con 60 de ellos se llegó a acuerdos pero del resto existe un laudo condenatorio de cuatro millones de pesos.
En el proceso de inicio de la entrega-recepción de ayer estuvieron representantes de la Auditoría general del estado (AGE), de la Contraloría General del Estado (CGE), así como de la administración que entrega, entre estos el secretario de gobierno, Eduardo Rangel Flores, el de finanzas, Juan Santana  Díaz, el secretario de seguridad pública, Carlos Uri Arcos, y el de recursos humanos, Javier Ignacio Mota Pineda, entre otros.