El Estado propicia el asesinato y la desaparición de luchadores, señalan padres de Ayotzinapa

El Estado propicia el asesinato y la desaparición de luchadores sociales, dicen padres de Ayotzinapa

*A tres años de gobierno de Peña Nieto presentan su “contrainforme” en la Ciudad de México en el que denuncian que para contener el descontento social las autoridades militarizaron el país. Mencionan los escándalos de corrupción, la fuga de El Chapo y los multihomicidios donde están implicados militares y policías. “La impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el último año” de este gobierno, afirman

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos por policías en Iguala denunciaron impunidad, represión indiscriminada y desproporcionado uso de la fuerza para sembrar el miedo en la población durante esta administración federal, ayer en la ciudad de México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto entregó  su tercer informe de labores.
En su afán de aplicar las reformas laboral, educativa y energética a pesar del descontento social, el gobierno auspició ejecuciones, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones, “donde el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz leyó un documento en el monumento a la Revolución ante decenas de reporteros que acudieron a la cobertura del “contrainforme” de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Vía telefónica, el representante de los padres y quien tiene a un hijo desaparecido, Melitón Ortega denunció el desinterés del gobierno federal para localizar a los normalistas desaparecidos y castigar a los responsables de los crímenes cometidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Se quejó de que las autoridades no han abierto nuevas líneas de investigación ni de búsqueda de los normalistas desaparecidos, por ello la exigencia de que permanezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), como garantía de que se buscará la verdad y la justicia.
El Estado mexicano no ha firmado el convenio con la CIDH para dar continuidad a las asesorías del grupo de expertos cuyo plazo vence hoy, 2 de septiembre.
Mencionó que en 11 meses de lucha, los padres y familiares que están en este movimiento, han sido testigos de la violencia, constatan a diario la pérdida de vidas en Guerrero, pero el gobierno miente para confundir a la sociedad.
En el “contrainforme” difundido en Internet, mencionan la desaseada campaña de Peña Nieto para llegar a Los Pinos, con la distribución de las tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana y la manipulación mediática de su imagen por las televisoras nacionales.
Denunciaron que en tres años de gobierno, Peña Nieto promovió 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética, sesionadas al vapor por las cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos locales. Todas ellas, “velan por los intereses del gran capital”.
Para contener el descontento social, “echaron mano de la militarización, la paramilitarización, la contención de la protesta y los movimientos sociales, así como la criminalización y medidas de excepción como las reformas para el supuesto uso legítimo de la fuerza”.
Las medidas llevaron “al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo”.
Denuncian que es participe de ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas, siendo el ataque a normalistas de Ayotzinapa, “la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país”.
En los crímenes del 26 y 27 de septiembre contra los normalistas se “sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos”.
Asimismo, señalan los escándalos de corrupción por la compra de la residencia conocida como la Casa Blanca por su esposa, la fuga del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, multihomicidios donde están implicados militares y corporaciones policiacas como en Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán, Calera y la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. “Sí, la impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el último año de Peña Nieto”.
Insistieron en que la “contrarreforma energética”, es el comienzo de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), “y las consecuencias ya se dejan sentir: hay incremento en el precio promedio de la energía eléctrica y la gasolina no baja a pesar de que los precios del petróleo se han reducido en dos tercios a nivel internacional, lo que golpea a la economía familiar con la caída del peso frente al dólar que dará lugar a una espiral inflacionaria”.
De las telecomunicaciones, el resultado neto de la “contrarreforma” es el fortalecimiento de Televisa y TV Azteca como grandes poderes de facto en el país, además del surgimiento de la trasnacional ATT como uno de los principales operadores en el sector.
De la guerra contra el crimen organizado, denunciaron que es una estrategia para militarizar las zonas estratégicas, perseguir, encarcelar y reprimir al pueblo, “retoma la guerra sucia… y busca doblegar y eliminar la resistencia de los sectores movilizados para reestructurar el territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos de los millonarios”.
Entre estos casos señalaron a diez integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, que están en prisión desde agosto de 2013, acusados de secuestro, portación de armas, delincuencia organizada y otros delitos fabricados.
En total, señalaron a 241 personas recluidas por su ideas y su lucha en Puebla, Sonora y Oaxaca entre otros.
El caso más indignante, que demuestra con más claridad la impunidad y la ofensiva de los gobiernos contra los movimientos sociales, pero que también dio lugar al nacimiento de una nueva conciencia social, es el crimen de Estado perpetrado contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, afirman.
Ahí, policías de ese municipio gobernado por el PRD atacaron a estudiantes que colectaban dinero, hecho que involucró los delitos de tortura y ejecución extrajudicial contra seis personas y la desaparición forzada de 43 más.
“El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta verdad histórica de la PGR, que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página. No, de ninguna manera, los padres y madres de los 43 continuarán su lucha hasta encontrarlos”, advierten.
A tres años del gobierno de Peña Nieto, se puede afirmar que en México hay una política de Estado que propicia el asesinato y la desaparición de luchadores sociales, que a su vez forma parte de una política diseñada y perpetrada por intervención del imperio norteamericano. Existen cientos de ejemplos de asesinatos y desapariciones, menciona el documento.

Peña Nieto no ha cumplido el compromiso con los padres en Los Pinos: Melitón Ortega

En entrevista con la Agencia Proceso, Melitón Ortega, representante y padre de uno de los jóvenes desaparecidos sostuvo que a casi un año de los ataques en Iguala, Peña Nieto no ha cumplido el compromiso que hizo en noviembre, cuando se reunieron con él en Los Pinos.
“Seguimos sin tener respuesta positiva de los estudiantes con lo que dijo que iba a haber castigo para los responsables de esos hechos”, añadió Melitón.
Exigió al gobierno federal “seguir las recomendaciones que habrá en los próximos días por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que tienen que ser cumplidas y ejecutadas tal cual”.
El representante de los padres de familia resaltó que desde que el exprocurador Jesús Murillo Karam dio su “verdad histórica”, las acciones de búsqueda se suspendieron, así como todas las reuniones informativas para dar seguimiento a la investigación.
“No hay nada de contacto (con el gobierno), a lo mejor lo que están pensando es que ahí está la ‘verdad histórica’ y ya no hay nada qué hacer. A raíz de eso viene ese olvido, piensan que ya para qué si está resuelto”, dijo Ortega.

Marchan 800 maestros en la capital en contra del informe de Peña y la reforma educativa

*Acuden profesores de la CETEG, del SUSPEG y Sutcobach y jóvenes del FUNPEG. Es necesario que el magisterio esté unido para echar abajo las reforma y su evaluación punitiva, dicen en un mitin en el Palacio de Gobierno

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Unos 800 integrantes del Frente Democrático Unitario de Lucha (Fredul), que conforman la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que encabeza el secretario general Ramos Reyes Guerrero, la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), marcharon en la ciudad e hicieron un mitin en el Palacio de Gobierno.
En el mitin reprobaron el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y exigieron la anulación de la reforma educativa bajo el argumento de que la ley, “es una reforma laboral que atenta en contra de los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación”.
Reyes Guerrero aseguró que el Tercer Informe de Gobierno de Peña Nieto no contiene estadísticas precisas en cuanto al progreso del país, “no queremos que nos sigan humillando como guerrerenses, como mexicanos, queremos datos reales”.
Desde las 10 de la mañana los manifestantes se concentraron en el plantón magisterial que la CETEG instaló frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el 15 de abril.
En la marcha también participaron estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), de primer año de la Normal Rafael Ramírez, aunque los egresados, quienes durante las últimas dos semanas han protestado para exigir 708 plazas automáticas, no acudieron a la movilización.
Los hombres y las mujeres que participaron en la marcha tenían los rostros descubiertos, portaban lonas con las siglas de su sindicato, SUSPEG y Sutcobach, en las que manifestaron su rechazo a la evaluación del Servicio Profesional Docente, mientras que unos 20 trabajadores conformaron la avanzada que sólo resguardó el contingente y desvió el tránsito vehicular.
En declaraciones previas a la marcha, Reyes Guerrero informó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prepara las condiciones adecuadas para iniciar la huelga nacional en contra de las reformas que promueve Peña Nieto, aunque no precisó qué actividades se harán en el estado.
El gobierno de Peña Nieto entregó su Tercer Informe de Gobierno ayer en el Congreso de la Unión, al respecto Reyes Guerrero dijo que los datos del informe no son reales pues en la región Montaña hay escuelas que no fueron reconstruidas de manera correcta, luego de la contingencia de septiembre de 2013.
En cuanto al movimiento magisterial, dijo que la CNTE llamó a la unidad en acción y busca la unidad de todos los sectores que serán afectados por las reformas, como el de salud, entre otros.
Por otra parte, expresó que es preocupante que a 11 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa aún no haya resultados concretos de la investigación que está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), y criticó que “seguramente el informe no va a decir nada (sobre los jóvenes)”.
El contingente lo encabezaron Reyes Guerrero, el secretario general de la sección 18 del SUSPEG, Silvestre Solano Ortiz, los integrantes de la comisión Política de la CETEG, Carlos Botello Barrera de la región Centro y Saturnino García Cordero de la Montaña, entre otros representantes del magisterio guerrerense.
La marcha partió a las 11:30 de la mañana, desde el plantón magisterial al norte de la ciudad, sobre la avenida Lázaro Cárdenas y frente a Ciudad Universitaria Sur se desvió al bulevar Vicente Guerrero y ocupó los carriles de alta velocidad y se dirigió al Palacio de Gobierno.
Cuando la marcha pasó frente a la 35 Zona Militar, Reyes Guerrero acompañado de una comisión de la CETEG se retiró de la movilización debido a que se solicitó su presencia en la cárcel, para respaldar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina, quien está preso y ayer tuvo un careo.
En el mitin participaron Silvestre Solano, un representante del Sutcobach, una vocera del FUNPEG y un cetegista, todos coincidieron en que es necesario que el magisterio guerrerense esté unido para “que logremos echar abajo la reforma laboral (la educativa) y su evaluación punitiva”.
Silvestre Solano rechazó los resultados del Tercer Informe de Gobierno de Peña Nieto, llamó a todos los trabajadores de la educación a unirse al Frente Democrático Unitario de Lucha, y a participar en todas las movilizaciones que se lleven a cabo en el estado.
El mitin concluyó poco después de las 2 de la tarde, tras lo cual los manifestantes se retiraron del Palacio de Gobierno.