En Guerrero el poder político está vinculado al crimen organizado y a la impunidad: Centro Pro

*Presentan el documento Justicia fallida en el estado de Guerrero, que recoge testimonios de violencia extrema y los problemas políticos y estructurales que la causan. En la Fiscalía General del Estado mandan los jefes relacionados con la delincuencia organizada, denuncia el director de Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Mario Patrón, emplazó a los diputados electos a llevar a una sesión plenaria la exposición del informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, que recoge testimonios de violencia extrema, los problemas políticos y estructurales que la hacen posible, y las traduce en propuestas técnicas para las instituciones de gobierno.
De la organización civil Open Society Justice Initiative (Iniciativa de Justicia para una sociedad abierta), Ina Zoon, responsable de la investigación, explicó que para cambiar el cuestionado sistema judicial de Guerrero es necesario trabajar con las instituciones.
Ayer, en la presentación del informe, se informó que llevaron sus propuestas a la presidenta del Poder Judicial del estado, Lambertina Galeana Marín, un día antes de la presentación.
Dijeron que durante tres semanas insistieron en entrevistarse con el fiscal Miguel Ángel Godínez, sin resultado, y hablaron por telefóno con el gobernador electo Héctor Astudillo, quien pidió el encuentro cuando haya tomado protesta, en octubre.
Los investigadores de Iniciativa de Justicia insistieron en que se necesita mucha voluntad política para corregir los problemas y castigar los delitos, pero no se puede abandonar la esperanza de que sea posible un cambio ante la poca confianza que expresaron defensores derechos humanos del país, incluso los reporteros en la sesión de preguntas.
En la presentación del documento de 80 páginas, Mario Patrón destacó que recoge la voz de las víctimas y las traduce en propuestas técnicas, “es un instrumento de denuncia para explicar por qué pasa lo que pasa en este Guerrero herido, lapidado, y asume el reto de hacer propuestas concretas, para incidir (provocar cambios) en las instituciones”.
Aclaró que hay propuestas para los tres poderes de gobierno que, “si verdaderamente quieren hacer algo, aquí hay una carta base, llevamos años caminando, acompañando a las víctimas y la historia nos ha enseñado que tenemos que ser de corta esperanza, y en el camino hay que recordarle al gobierno que tiene obligaciones que cumplir”.
Subrayó que Guerrero padece una “macro delincuencia aguda” desde entidades privadas y públicas, porque toda la información vincula al poder político con el crimen organizado y con la impunidad.
Como referencia, indicó que la investigación de ataques a normalistas el 26 de septiembre, cuyo saldo son seis muertos, 43 desaparecidos y decenas de heridos, la Procuraduría General de la República (PGR) agotó las responsabilidades en el presidente municipal de Iguala, pese a que en el expediente hay información de control de crimen organizado al menos en 13 municipios, asentado en los ayuntamientos.
“La pregunta es si estos contextos son posibles sin el contubernio del gobierno estatal, y (entonces por qué) no se han investigado los vínculos de los funcionarios públicos estatales con el crimen organizado”, dijo.

La Fiscalía, infiltrada

A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, añadió que se espera que los políticos atiendan las demandas sociales, pero “sabemos que cuando llegan al poder se suben al pedestal y ya no escuchan a la gente que está pidiendo justicia, eso, creo, es la prueba de fuego, ¿hasta dónde se van a bajar del pedestal y atender todo este mar de demandas, sobre todo de déficit de justicia, deudas históricas por tantos crímenes cometidos?”
Como ejemplo de la impunidad política, señaló la masacre de Aguas Blancas, cometida por policías estatales, donde “el presidente Ernesto Zedillo le dijo a su compadre Rubén Figueroa Alcocer hazte a un lado porque no se puede más, y se separó del cargo sin asumir responsabilidades”.
Recordó que en el desalojo a balazos de normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, fueron señalados policías federales y estatales de la ejecución de dos estudiantes, pero ningún funcionario está procesado.
Ahora, la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana dice que no sabe nada de los videos que grabaron las cámaras de seguridad del Poder Judicial sobre la desaparición forzada de un grupo de normalistas en Iguala, la noche del 26 de septiembre, “¿quién rinde cuentas, cómo se va a castigar a quienes hicieron perdedizos esos documentos valiosísimos?, pero no pasa nada”.
Barrera Hernández señaló que Guerrero vive una extensión de la barbarie cometida por el Estado desde la llamada guerra sucia de finales de los años 60 y 70.
Consideró que siguen enraizados los cacicazgos históricos, por eso en la Procuraduría General de Justicia del Estado -ahora Fiscalía General- no manda el procurador, sino los mandos vinculados al crimen.
“Antes los comandantes eran los jefes de las comandancias, hoy estamos hablando que más allá de ellos hay jefes de plazas, se ha devastado el estado desde la guerra sucia porque no hubo justicia, porque los 600 desaparecidos siguen desaparecidos, porque las víctimas (de entonces) siguen buscando a sus seres queridos”, señaló.
Todo “porque el sistema de justicia obligado a encontrarlos, no los buscó, se encargó de acabar con la guerrilla, de ejecutar a los hijos de los levantados y el Ejército llegó para desarraigar todo ese movimiento de oposición que buscaba cambiar de fondo esa estructura delincuencial que comenzaba a arraigarse en Guerrero”, explicó.
Aunque el movimiento armado optó por la vía electoral, los cacicazgos “siguen enquistados en los poderes Legislativo, el Ejecutivo y la PGJE, a pesar de todos los movimientos magisteriales, campesinos, indígenas y que ganó la oposición (el PRD), sigue impoluto el sistema de impunidad”.
Ahora, las víctimas masivas de esta espiral de violencia son las familias más pobres de las ciudades más importantes de la entidad, Iguala, Acapulco; asimismo, en la Montaña, donde no hay ni las condiciones para garantizar justicia, “no hay médico legistas, no hay nada”.
En la presentación del informe estuvieron un grupo madres y familiares de personas desaparecidas en Iguala, del movimiento de los otros desaparecidos que surgió tras el descubrimientos de fosas clandestinas en ese municipio durante la primera búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.