La tasa de homicidios en Acapulco es 10 veces superior a la media mundial, informan tres ONG

*En 2014, la ciudad porteña reportó el nivel más alto del país en esos delitos, con 69 por cada 100 mil habitantes, y Chilpancingo ocupó la segunda posición nacional con 62.95 según datos oficiales que analiza James Goldston, de Open Society Justice Initiative

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Acapulco, la ciudad más grande de Guerrero, tuvo una tasa de homicidios cinco veces mayor al promedio nacional y diez veces mayor a la media internacional, con 69 homicidios por cada cien mil habitantes en 2014, según datos recabados en el informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, que elaboró Open Society Justice Initiative en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Tlachinollan.
Ese año la ciudad reportó la tasa de homicidios más alta del país y Chilpancingo ocupó la segunda posición con una tasa de 62.95 homicidios, según la cifra del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
La posibilidad de ser declarado culpable por homicidio en Guerrero es de 1 a 15, es decir, un octavo del promedio mundial, precisó el abogado y director de la organización internacional, James Goldston al hablar de la “casi total impunidad” durante la presentación del informe en Chilpancingo.
En cuando a los delitos de desaparición forzada y tortura, el abogado precisó que la impunidad es total, considerando que más de 50 casos de desapariciones investigadas por la Comisión
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) de 2006 a la fecha, y 101 casos de tortura y tratos crueles documentados en el mismo periodo, no hay un acusado ni condenado.
En cuanto a justicia, en el informe se detalla que de 2005 a 2014 hubo un promedio anual de 239 acusaciones penales por homicidio y un promedio a anual de 171 sentencias condenatorias, al mismo tiempo que se registraron mil 943 homicidios, es decir, 12.3 por ciento de los casos se consignaron ante los tribunales y sólo 6.4 por ciento terminaron en sentencia condenatoria.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), los homicidio incrementaron de mil 141 en 2005 a 2 mil 754 en 2012 y disminuyeron a 2 mil 197 en 2014, el año que Acapulco superó a todas las ciudades del país. En total, de 2005 a 2014 se reportaron 19 mil homicidios.
De la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública en 2012, retomaron que poco más de la mitad de los ciudadanos de Guerrero tienen poca o ninguna confianza en los jueces locales y casi dos tercios consideran que son corruptos. En este sentido, el especialista reconoció que los sorprende tan poca confianza en las autoridades.
Con estos datos incluyen testimonios sobre el hallazgo de fosas clandestinas encontradas en septiembre de 2014 en Iguala, con 28 cuerpos carbonizados, algunos desmembrados que en un primer momento se señalaron que eran los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa.
Informó que en una revisión de los mecanismos de rendición de cuentas de los tres poderes y su operación, encontraron evidencias claras de conflictos de interés, como el hecho de que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, fuera un magistrado del Poder Judicial con licencia.
Considerando que el gobernador electo, el priista Héctor Astudillo Flores, se comprometió en campaña a “enfrentar la impunidad y a acabar con los abusos de poder”, proponen una serie de acciones para comenzar esta labor.
Las más urgentes son: la creación de una figura de vice fiscal para la investigación y persecución de abusos de derechos humanos y atrocidades con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y mecanismos de control del sistema de justicia, autónoma e independiente.
La creación de equipos integrales y multidisciplinarios para la búsqueda de personas desaparecidas, con funcionarios públicos a cargo de la investigación y persecución del delito y trabajadores sociales.
La localización y exhumación de cuerpos en fosas comunes y clandestinas en colaboración con autoridades federales y solicitar ayuda nacional e internacional para garantizar servicios periciales independientes de autoridades políticas y de la FGE.
Una reforma a la ley sobre tortura para que cumpla con estándares internaciones, y una nueva ley para crear un comité ciudadano de supervisión de la Codehum, que incluya representantes de la sociedad civil y la intervención formal de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.