Denuncian tráfico de influencias de Ramón Almonte para quedarse con una residencia en Las Brisas

Mariana Labastida

Los abogados Víctor Armendariz Chaparro y Víctor Mauricio Rosas, apoderados legales de Cristina Estrada Macías, denunciaron tráfico de influencias en el Registro Público de la Propiedad por parte del ex diputado Ramón Almonte Borja, quien se ostenta como propietario de la casa de su clienta.
Los representantes de la quejosa expusieron que funcionarios de la dependencia estatal no les permiten el acceso al expediente donde se explica la compra-venta de una vivienda ubicada en Las Brisas, y cómo fue el proceso de adjudicación y remate, derivado de una demanda laboral contra su representada.
En una visita a El Sur, Víctor Armendariz explicó que el 26 de agosto, empleados de Cristina Estrada, que se encontraban en la casa, le informaron que había llegado Almonte Borja a tomar posesión de la misma, sin embargo ellos no se salieron del inmueble.
Almonte Borja presentó escrituras de la casa, que se sabe que compró en el remate que hicieron para pagar a ex empleados que demandaron a la propietaria.
Una vez dentro, Almonte cambió las chapas de las puertas y dos días después los trabajadores fueron detenidos por policías ministeriales acusados de despojo, supuestamente porque se metieron a la vivienda.
La situación con los trabajadores y de la vivienda, obligó a Cristina Estrada a enviar a sus representantes legales a revisar la situación del inmueble y los abogados encontraron que fue rematada en 2013, luego de que se la adjudicaran las autoridades en 2012 tras un juicio laboral.
Esa es toda la información que proporcionaron los apoderados legales de Cristina Estrada, quien no visita la casa desde hace 10 años –según dijeron–, y hace cuatro años se empezó una remodelación.
Víctor Armendariz también expuso que solicitaron al Registro Público de la Propiedad el expediente y les dieron el pasado viernes un resumen de la propiedad. El martes –continuó–, regresaron para solicitar en específico el apéndice (un documento adicional incluido en la escritura), que se refiere al remate y argumentaron que estaba restringido, que tenían que solicitarlo al jurídico, quien a su vez les respondió que “no lo tienen” en la dependencia.
“Nos dijeron que está perdido y que la íbamos a tener difícil que nos van a ocultar el apéndice, nos dicen que Almonte Borja es un abogado importante”, manifestó Armendariz Chaparro, quien agregó que quieren acceso a la información completa para poder hacer los trámites que consideren pertinentes para defender a su representada.
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también les dieron largas para entregarles el expediente de la supuesta demanda laboral por la que se remató la vivienda de su representada, documento del cual la señora Cristina Estrada no tenía conocimiento, y lo único que saben es que el proceso se inició en 2004 por parte de unos ex trabajadores.
Los abogados puntualizaron que para que Almonte Borja tomara posesión de la residencia, que supuestamente compró, tuvo que haber realizado un juicio para que se la adjudicara; sin embargo, éste no ocurrió y aunque se dice posesionario en la demanda que hizo contra los trabajadores que estaban en la casa, en el interior aún se encuentran las pertenencias de su representada, aseguraron los abogados.
Finalmente, explicaron que la forma como ingresó a la casa fue ilegal y es lo que les hace pensar que hay una irregularidad en el proceso, además de que el mismo Almonte Borja les manifestó que pensaba que la propietaria estaba muerta debido a que ya no había ocupado la casa que es de descanso.
La residencia mide mil 700 metros cuadrados, detalló el abogado; tiene un costo de 20 millones de pesos y Almonte Borja la compró por un millón 750 mil pesos.