Que frenen las detenciones de defensores del ambiente, demanda Greenpeace a gobiernos

*El acoso a los ambientalistas es una constante en México, afirma. El caso de Marco Antonio Suástegui del Cecop “es un ejemplo de que el gobierno no respeta, viola, criminaliza y mete a la cárcel a los luchadores sociales, a los defensores del agua, de la tierra, con la finalidad de imponer los megaproyectos”, advierte. Revisan marinos la embarcación con un perro, sin previo aviso a la organización

Karla Galarce Sosa

Integrantes de la organización internacional ambientalista Greenpeace y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, exigieron a los gobiernos estatal y federal que frenen las detenciones contra defensores del medio ambiente y que respeten los derechos humanos.
Advirtieron que la defensa del medio ambiente “no debe de ser motivo de persecución, hostigamiento judicial ni de grupos privados que utilizan la fuerza del Estado para criminalizar la protesta civil pacífica”.
La rueda de prensa conjunta que ofrecieron ambas organizaciones ayer en la mañana a bordo del barco Esperanza, se retrasó porque un grupo de seis marinos que llevaban a un perro revisaron la embarcación, anclada en la marina de Acapulco, sin previo aviso.
La coordinadora de la campaña de tóxicos en México, Sinaí Guevara Ramírez destacó que el banner de luz instalado a un costado del buque Esperanza, que es el número 43 y la foto de los estudiantes desaparecidos, estará prendido en solicitud de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues representa un símbolo de la impunidad y la violación a los derechos humanos que ha trascendido fronteras.
En la conferencia, Guevara Ramírez indicó que en México el derecho humano a un medio ambiente sano es un derecho reconocido en el artículo cuarto de la Constitución. Sin embargo, los defensores del medio ambiente son ahora los más perseguidos.
Mencionó que algunos de ellos como Noé Vázquez, representante del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Mapder, han dejado la vida en la lucha por el medio ambiente. Mario Luna y Fernando Jiménez, representantes de la tribu Yaqui, quienes se oponen al acueducto Independencia son acosados por el Estado, y a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), se le han fabricado siete causas penales por su activa participación en la defensa del río Papagayo.
“Son diferentes causas pero tienen algo en común, ser perseguidos por defender el territorio libre y sin contaminación”, dijo la integrante de Greenpeace, Sinaí Guevara.
“El acoso a los ambientalistas es una constante en México. Tan sólo de enero de 2013 a abril de 2014 se reportaron 82 casos de ataques y tres asesinatos. A nivel global se reportaron 116 ejecuciones, el 75 por ciento de ellas en Latinoamérica. El caso de Marco Antonio Suástegui, quien ha liderado durante varios años la oposición a la construcción de la presa La Parota en defensa de los derechos humanos de su comunidad, debe sentar un precedente de lo que nunca más debe volver a ocurrir a un ambientalista”, añadió Guevara.
Dijo que la organización Greenpeace está íntimamente ligada al cumplimiento de un derecho humano.
“Nos parece alarmante la persecución sistemática de luchadores ambientales y que el Estado priorice un beneficio económico y comercial, e ignore el derecho a un medioambiente sano, pero que también ignora a las comunidades que dependen de un ecosistema”, dijo.
Greenpeace, continuó, se basa en la protesta civil pacífica, y la persecución contra los luchadores ambientales “también afecta en nuestra organización, no podríamos seguir nuestra labor porque somos una asociación pacifista”.
Resaltó que en Guerrero es particularmente grave e importante el tema de órdenes de aprehensión contra activistas, los años y la lucha que ha encabezado el Cecop al detener la construcción de la presa en el río Papagayo.
“El caso de Marco Antonio Suástegui es un emblema de lo que no debe pasar, es un caso que tenemos que recordar y mantener vivo”, sostuvo.
El integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García expuso que el Cecop ha logrado frenar la construcción de la presa por la vía legal.
“Se han tenido cinco resoluciones por parte del Tribunal Agrario, donde han modificado las actas de asamblea porque supuestamente los comuneros han aprobado la construcción de la presa. Sabemos que la construcción de la presa no está cancelada por parte del gobierno federal y estatal, y forma parte de un nuevo título que es ahora el Plan Nuevo Guerrero, y la finalidad es construir mega presas sobre el cauce del río Papagayo”, expresó.
Alertó que el gobierno no va a pedir el consentimiento de las 48 comunidades que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pero que la propia comunidad que está a orillas del cauce debe de ser consultada.
Explicó que se trata de un núcleo agrario ejidal y que para cualquier decisión los comuneros deben ser consultados y pedirles su opinión.
“Marco Suástegui fue detenido como consecuencia de seguir defendiendo el río Papagayo, de seguir defendiendo el medio ambiente, y esto tuvo como resultado en complicidad con tres empresas gravilleras que explotan el río Papagayo, que armaran cinco expedientes para que Marco Antonio fuera detenido, llevado a un penal de máxima seguridad con la finalidad de que claudicara y destruir el movimiento, afortunadamente el gobierno no logró destruir al Cecop y logró que pudieran organizarse y exigieran la libertad”, expuso el abogado.
“El encarcelamiento de Marco Antonio Suástegui es un ejemplo de que el gobierno no respeta, viola, criminaliza y mete a la cárcel a los luchadores sociales, a los defensores del agua, de la tierra, con la finalidad de poder imponer los megaproyectos”, concluyó.
Los integrantes de Greenpeace consideraron que lo ocurrido a Suástegui es un ejemplo de lo que podría ocurrir a otros defensores del medio ambiente, y añadieron el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán, la desaparición de Eva Alarcón y otros luchadores sociales que han sufrido represión.
“Lo que exigimos es un cese a esta persecución y que el Estado garantice que los guerrerenses y los mexicanos, podamos vivir en un estado libre, de armonía, donde se preserva y se cuida el medio ambiente”, dijo Miguel Soto Treviño.
“Exigimos también justicia y que se deje de criminalizar la protesta civil pacífica”, acotó Sinaí Guevara.
Exigieron la liberación de presos políticos en la entidad y advirtieron que “existe impunidad a los crímenes ambientales que representan además un daño social”.
El integrante de Greenpeace, Miguel Soto Treviño dijo que la creación de cargos para detener a un activista ambiental es un problema endémico en México, pues no ocurre sólo en Guerrero sino en todo el país, de ahí que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental haya conformado el informe sobre ataques contra activistas ambientales, en el que reportó que la detención de más de 80 personas entre enero del 2013 y abril del 2014.
“Había cerca de 200 muertes de activistas a nivel mundial y dos de éstas ocurrieron en Guerrero, es una situación grave porque no debe ocurrir”, señaló.