La exoneración de López Rosas, por omisiones en la investigación, dice el Centro Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las omisiones en la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía General del Estado, sobre el desalojo policiaco de estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, dan como resultado la exoneración de los implicados, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra.
Pero aclaró que eso no implica que son inocentes, sino que no hay elementos que prueben su responsabilidad y el Ministerio Público o la Fiscalía General de Estado están obligados a presentar nuevas pruebas de cargo para que los delitos no queden impunes.
En esa fecha, policías federales, estatales y ministeriales desalojaron a balazos una manifestación de normalistas en el acceso a la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo excesivo uso de la fuerza en una investigación especial sobre las violaciones graves.
Ahí fueron asesinados los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En consulta telefónica sobre la resolución del Juzgado primero de Distrito que dejó “insubsistente” la acusación de encubrimiento contra el exprocurador Alberto López Rosas, el abogado consideró que es grave porque no hubo una investigación profesional, apegada a estándares y protocolos para recoger todos los indicios y sancionar adecuadamente a los responsables.
Rosales Sierra señaló que el conjunto “de debilidades intencionales” en el expediente están derivando en resoluciones que favorecen a los responsables, y eso “en modo alguno implica que esas personas sean inocentes, (sólo) deja de manifiesto lo deficiente de la investigación que se realizó”.
Confirma, dijo, “el doble rasero de los tribunales federales, incapaces de reconocer derechos los pueblos indígenas organizados, como la Policía Comunitaria, a quienes encierran por el delito de portación de armas, pero fallan a favor de los policías y funcionarios de seguridad estatal.
Cuando se trata de funcionarios públicos el juez es muy estricto y apegado a la legalidad, pero cuando hay que exonerar a personas por hacer bien a la ciudadanía como los policías comunitarios que contribuyen al orden en sus espacios territoriales y a fortalecer el tejido social, la ley aplica en contra, dijo.
Sin embargo, aclaró que este proceso en los tribunales del país ya fue descartado como medio para acceder a la justicia, por lo que recurrirán al sistema interamericano para exigir castigo y reparación del daño.
Entre esas medidas, consideró que podrían ordenar a las autoridades reabrir el expediente.
Vidulfo Rosales reconoció que los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala interrumpieron ese proceso, pero las autoridades tendrán que responder por su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aclaró que mientras no se haya dictado sentencia por los homicidios de los normalistas, no hay plazo para comenzar el juicio internacional.
Reiteró que hay responsabilidad penal, administrativa y política de los policías que estuvieron en la escena del crimen; la CNDH señaló que había más de 90 o 70 y estaban armados.