Por segundo día, la cárcel de Ayutla se mantuvo cerrada por el bloqueo de las esposas de los presos de la Policía Comunitaria

Mantienen familiares de los presos políticos cerrado por segundo día el penal, el Juzgado y el MP de Ayutla

*El funcionario penitenciario Gustavo Villegas se hace pasar por un abogado para ingresar a la cárcel, donde es retenido. El gobierno sólo ofrece “expectativas”, denuncia el FODEG

Argenis Salmerón

Por segundo día consecutivo, las esposas de los presos políticos de la cárcel de Ayutla mantuvieron cerrado el penal para insistir en la liberación de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso que se hallan recluidos ahí.
En el plantón afuera de la cárcel de Ayutla se mantienen unos 500 vecinos de Ayutla y Acapulco, que también mantienen cerrados el Juzgado y el Ministerio Público.
Al mediodía, una comisión de los inconformes encabezados por policías comunitarios participó en una asamblea general de las comunidades de Ayutla en El Paraíso, donde solicitó apoyo y aumentar el movimiento para la liberación de los presos políticos.
Antes, las esposas visitaron a los presos políticos en la cárcel de Ayutla, tras un acuerdo con el director de penal, Carlos Alberto Alves, quien a cambio pidió que retiraran las mantas colgadas en la entrada de la cárcel.
El director y cuatro policías estatales permanecen adentro del penal, aunque los trabajadores administrativos entran y salen a cumplir con sus horarios de trabajo. También, los manifestantes dejaron pasar alimentos a los reos, a los policías y al director.
Después de la visita, las mujeres de los presos políticos se quejaron de que el director Carlos Alberto Alves induce a los demás reos contra los siete policías comunitarios y el desplazado de la Laguna de Coyuca de Catalán.
En la cárcel de Ayutla, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, hay unos 100 reos, más los presos políticos que tiene dos años encarcelados en distintos penales y que fueron trasladados a la cárcel de ese municipio. Los presos políticos son Arturo Campos, Benito Morales, Ángel García, Abad Francisco, Florentino García, Bernardino García y Eleuterio García, y el desplazado de La Laguna, Coyuca de Catalán, Gildardo Díaz Pérez.
Por la tarde, el director general de Seguridad y Custodia Penitenciaría, Gustavo Villegas Tovar se hizo pasar por un abogado para ingresar a la cárcel, sin embargo, los manifestantes notaron que el funcionario regañó al director del penal por permitir que tengan tomado el inmueble.
Los inconformes lo dejaron adentro por engañarlos; el funcionario los amenazó con detener a todos los del movimiento, porque supuestamente lo tenían “retenido”.
Después de una hora, mediante una llamada telefónica, un funcionario del estado cuyo nombre no dieron a conocer pidió la liberación de Villegas Tovar a cambio de la promesa de que ayer por la noche recibirían a una comisión en Chilpancingo.
Reclamaron la falta de sensibilidad del gobernador, porque en el segundo día del plantón afuera de la cárcel no ha atendido sus peticiones, y consideraron que Ortega Martínez pretende incumplir el compromiso anunciado el 17 de junio.
A las 7 de la noche, el coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz se reunió en la sede del Poder Ejecutivo en la capital con el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Los inconformes dijeron que el funcionario ofreció solamente “expectativas” y una reunión con el gobernador a las 4 de la tarde hoy en Protur, en la zona Diamante de Acapulco, además de que mandará una comisión de la Secretaría de Gobierno a la cárcel de Ayutla para conocer a fondo las peticiones de los inconformes.

Piden a la asamblea de comunidades de Ayutla apoyo para reforzar su movimiento

A la asamblea general de las comunidades de Ayutla, asistieron unos 300 vecinos encabezados por los policías comunitarios. La reunión se desarrolló en la cancha techada de la comunidad de El paraíso, en tuun savi; en la asamblea participó también la comisión de los vecinos que mantiene el plantón afuera de la cárcel de Ayutla.
Se habló del mejoramiento de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la liberación de dos policías comunitarios de El Timbre y de los presos políticos.
Uno de los coordinadores del FODEG, Oger Morales Miranda pidió apoyo a las comunidades de Ayutla y a los policías comunitarios para incrementar el movimiento afuera de la cárcel: “creo que los compañeros no pueden quedar olvidados, se tiene que estar luchando por ellos”, puntualizó.
Morales Miranda recordó que los policías comunitarios presos fueron nombrados por la asamblea. Pidió a la asamblea la liberación de los dos policías comunitarios de la comunidad de El Timbre recluidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, acusados de amenazas de muerte por la disputa de un predio.
La asamble acordó analizar la petición y que, en caso de una respuesta favorable, hoy irán los vecinos a reforzar el plantón.
A la asamblea asistieron 28 comisarios y comisariados de las comunidades de El Paraíso, El Timbre, La Concordia, San Felipe, Mesón Chico, Cuapinola y Ocote Amarillo, entre otras.

Denuncian hostigamiento del gobierno del estado

Después de la asamblea en la comunidad de El Paraíso, la comisión de inconformes se presentó en el plantón afuera de la cárcel de Ayutla.
Los manifestantes denunciaron que el gobierno del estado los hostiga con desalojar a las mujeres de los presos políticos, y confiaron en que hoy refuercen el plantón vecinos de las comunidades de Ayutla.
El viernes, unos 500 habitantes de comunidades de Ayutla y Acapulco, encabezadas por las mujeres de los presos políticos de la policía comunitaria de la CRAC de la Casa de justicia de El Paraíso, marcharon y tomaron de manera indefinida la cárcel de Ayutla en demanda de la liberación de los policías comunitarios recluidos desde hace más de dos años.

Atenderá el gobierno hoy a las esposas de los presos de Ayutla, informa Bertoldo Martínez

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, acordó con el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) que hoy se atenderá a las esposas de los presos políticos de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, quienes el viernes tomaron de manera indefinida la cárcel de ese municipio.
El dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informó que ayer a las 8 de la noche una comisión de la organización fue recibida por Cienfuegos Salgado en el Palacio de Gobierno, y en la mesa de trabajo se discutieron tres puntos.
El primero fue el plantón que instalaron las esposas de los presos políticos de la CRAC, el viernes, para exigir su libertad inmediata, quienes hasta ayer no habían sido atendidas por ningún representante del gobierno estatal.
Cienfuegos Salgado se comprometió a que hoy a las 10 de la mañana las esposas de los presos políticos de la CRAC serán atendidas por una comisión del gobierno del estado.
El segundo punto a tratar fue la intervención de Cienfuegos Salgado para que la Ley de Amnistía se apruebe y se respete de acuerdo al oficio que el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) le entregó al Congreso local el 28 de agosto.
Según informó Martínez Cruz, Cienfuegos Salgado y los integrantes del FODEG intentaron comunicarse vía telefónica con el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, para que acudiera al encuentro que estaba programado para las 7 de la noche, pero inició a las 8; sin embargo, no les contestó, por lo que no se abundó en el tema.
Por último, se acordó que hoy a las 4 de la tarde el FODEG será atendido por el gobernador Rogelio Ortega Martínez en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) en la zona Diamante de Acapulco.

Lleva “muchas detenciones” de líderes de movimientos sociales, dice el fiscal Godínez

*Investiga a los integrantes del FUSDEG que el miércoles cerraron la carretera federal Mexico-Acapulco, informa

Karla Galarce Sosa

El fiscal general del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz dijo que van “muchas detenciones” contra líderes de movimientos sociales por bloqueos a las vías de comunicación.
En declaraciones a reporteros al concluir el abanderamiento a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Acapulco, Godínez Muñoz dijo que los cierres de carreteras por egresados normalistas que exigen plazas automáticas “desde el primer momento que se tiene la flagrancia, la noticia criminal, tenemos que hacer la averiguación previa correspondiente. En cada hecho que sucede debemos ver si ya tenemos identificado a algún líder, se tiene que levantar la averiguación previa, ya que se levanta vemos si hay algunas en común y se vinculan”.
Expuso, sin detallar cuántos líderes han sido detenidos, que con el pago de una fianza son liberados y la ley los asiste, “se está actuando, hay detenciones y no han quedado impunes los delitos”.
Godínez Muñoz informó que la Fiscalía investiga a los integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que el miércoles bloquearon la carretera federal Mexico-Acapulco.
Dijo que no podía liberar a los cuatro policías comunitarios detenidos, por los que el FUSDEG cerró la carretera, “querían que se retiraran y no, tienen que pasar por un proceso legal, si no hay responsabilidad jurídica se le adjudica una fianza o con reservas de ley, pero se puso a disposición que de la PGR por la posesión de armas”.
Indicó que se ha invitado a las autodefensas a que se acerquen a un Ministerio Público y se asesoren en material legal, para “reglamenten su actuar y se aboquen a su ley de usos y costumbres indígenas”.
El miércoles en un retén que el FUSDEG tiene en la entrada de Chilpancingo, policias comunitarios le marcaron el alto a un vehículo que no se detuvo, lo que originó una persecucion que culminó en la Fiscalía porque el conductor del automovil es un policía, y agentes ministerianes detuvieron a cuatro guardias ciudadanos, en respuesta los policias comunitarios retuvieron a tres policias estatales y los intercambairon al día siguiente.
Del interés del gobernador, Rogelio Ortega Martínez, de regular las autodefensas, el fiscal comentó, “ahí depende de él porque la Fiscalía es autónoma y no participa, no nos metemos en cuestiones políticas que dependen del gobernador”.

Disminuyeron los asesinatos en Acapulco, dice

Godínez Muñoz dijo, sin dar cifras, que los asesinatos en Acapulco disminuyeron, y añadió que habrá “otros resultados” que se darán a conocer pero que aún falta corroborar “con pruebas científicas”.
Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de enero a julio han ocurrido mil 122 homicidios dolosos, 53 secuestros, 93 extorsiones, 811 robos de vehículos con violencia y mil 799 robo de automóviles sin violencia. Lo que ubica a la entidad en segundo lugar en homicidios, pero con la más alta incidencia delictiva, porque se registran 31.44 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
La organización Open Society Justice Initiative informó que hubo 19 mil 434 homicidios denunciados ante las instancias judiciales entre 2005 y 2014, además de fosas no investigadas, “que sugieren firmemente que el número real de homicidios es mucho más alto”.
El integrante de la organización, James Goldston señaló como fallas estructurales que la Fiscalía a menudo es responsable de tortura, y los poderes Legislativo y Judicial son subordinados o cómplices del Ejecutivo.
Respecto al anuncio de la apertura de una oficina antisecuestro, ayer el fiscal puntualizó que “es cuestión del gobierno federal que estamos detallando para ver cuándo sería, pero por cuestiones de agenda no se ha hecho”.
Agregó que en breve la página de Internet la FGE manejará contenidos en lengua indígena, además de que se trabaja en una aplicación para que los ciudadanos puedan iniciar sus denuncias por esa vía.
Mencionó que la Fiscalía cuenta con un representante especializado en materia indígena en La Montaña.
Aseguró que han tenido reuniones con organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales para hablar sobre los defensores de derechos humanos.
“El trabajo que se realiza allá ha sido notable, tenemos un constante contacto con Tlachinollan para identificar la equidad de género en La Montaña y del nuevo sistema de justicia penal que se está implementando en La Montaña”, agregó.