Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Caso Ayotzinapa: perfidia de Estado

Las dos principales conclusiones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ayer en su informe final de trabajo destruyen por completo la versión que el gobierno federal ofreció sobre el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala.
Una es que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, y la otra que todas las autoridades, incluido el Ejército y la Policía Federal, conocieron y siguieron todos los pasos de los jóvenes y presenciaron los hechos aquella noche, pero no hicieron nada para impedir el ataque.
Con ello, los enviados de la CIDH dejaron al descubierto el montaje con el cual el gobierno de México trató de imponer a la sociedad mexicana y al mundo una versión falsa para ocultar la realidad de los acontecimientos y evadir su responsabilidad en el desarrollo de la trama criminal.
La historia de la colosal hoguera encendida en el basurero de Cocula le permitió a la Procuraduría General de la República cerrar el tema de si los estudiantes seguían vivos o no. Están muertos, dijo en noviembre y lo repitió en enero el ahora ex procurador Jesús Murillo Karam. Están muertos, ya supérenlo, declaró el presidente Enrique Peña Nieto con desdén y cínica frialdad.
Pero esa hoguera no existió, informan los expertos de la CIDH. “No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, explicaron ayer, con base en el trabajo del perito en incendios José Torero, quien realizó pruebas en el basurero y en el laboratorio de la universidad australiana de Queensland, donde trabaja.
Como habían advertido científicos mexicanos que por su cuenta encontraron la imposibilidad física de la incineración de 43 cuerpos allí donde la PGR dijo que eso ocurrió, la misión de la CIDH señala que “toda la evidencia muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado”, pues “de haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y en la basura”, de lo cual no hay rastro. Indica que para quemar 43 cadáveres en el basurero de Cocula habrían sido necesarios 30 mil 100 kilos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y 60 horas continuas de fuego. Para un solo cuerpo se necesitaban 700 kilos de madera, 310 de llantas y 12 horas de fuego. La columna de humo que un fogón de esa magnitud habría producido habría alcanzado los 280 metros de altura, y nadie en Cocula y en los alrededores vio tal cosa. Además, cualquiera que hubiera intentado acercarse, para echar más leña o atizar el fuego, se hubiera quemado con sólo aproximarse a la lumbre. Y finalmente la hoguera habría provocado un incendio forestal en la zona.
Por lo tanto, señala el informe de la CIDH, las declaraciones y confesiones hechas por los sicarios detenidos, acerca de la incineración en el basurero, y de donde la PGR extrajo sus conclusiones, sencillamente “no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio”. Señala también que las conclusiones de los peritajes realizados por la PGR “son en su mayoría erradas”, un diplomático eufemismo para decir que son falsas.
Con la misma contundencia, los expertos echan abajo también la posición oficial de que el Ejército y la Policía Federal nada tuvieron que ver con el ataque contra los normalistas, pues acreditaron con base en la documentación a la que tuvieron acceso, que militares y policías federales no sólo estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa –como dio a conocer el reportaje de la revista Proceso publicado en El Sur ayer, y meses atrás el diario Milenio–, sino que intervinieron en la detención de los jóvenes. Pero “ninguna fuerza del Estado, que estaba teniendo conocimiento de los hechos (…) y fue testigo del nivel de agresiones y violaciones de derechos humanos actuó en protección de los estudiantes”, expone el informe.
Con el hallazgo de los representantes de la CIDH queda confirmada la sospecha de que el ataque no fue una cosa de la delincuencia organizada en complicidad con policías municipales encabezados por un alcalde corrupto, como han querido hacer creer la PGR y el gobierno federal. Es demasiado comprometedor para el gobierno que un organismo como la CIDH haya puesto al descubierto el papel del Ejército en la violencia desatada contra los estudiantes, aun si los efectivos militares sólo se hubieran limitado a ver sin hacer nada. Es suficiente con que las fuerzas federales no hayan hecho nada en auxilio de los normalistas cuando eran acribillados, para que quede exhibida la cruda perfidia del Estado mexicano en este episodio.
Para situar el alcance de este punto, recordemos que todos sabían lo que los estudiantes hacían: además del Ejército y la Policía Federal, el gobierno federal, el gobierno del estado, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Policía Ministerial. Todos. ¿En esas circunstancias, cómo pudo ocurrir el ataque de inusitada fiereza y la desaparición de 43 personas? Sólo para poner en perspectiva los hechos, los estudiantes fueron atacados a balazos en nueve distintos lugares por los policías municipales, y con las víctimas del autobús del equipo de futbol el saldo fue de seis muertos, 40 heridos y 43 desaparecidos.
Una perturbadora hipótesis planteada por el grupo de la CIDH, que no hace sino agravar el cuadro, es que el ataque pudo haberse producido porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los cinco autobuses que tomaron ese día con objeto de emplearlos después para viajar a la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México. (La Jornada en línea, 6 de septiembre de 2015).
En su informe, los enviados de la CIDH exponen que, de acuerdo con esa teoría, algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre Iguala y Chicago, y “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”. En esa eventualidad, puede plantearse entonces, ¿de qué lado estaban las autoridades, los militares y las demás fuerzas policiales? Esto lleva a la pregunta de quién verdaderamente ordenó el ataque y luego quién lo encubrió. ¿Solamente fue un alcalde desquiciado o alguien de más arriba y con más poder?
El grupo de expertos no pudo establecer el destino de los jóvenes, o si están vivos como es la esperanza de sus padres, pero sí concluyó que el gobierno no puede ni debe darlos por muertos sino por desaparecidos, y por lo tanto continuar su búsqueda. Exactamente lo que ni el gobierno ni la PGR quieren hacer, amparados en la “verdad histórica” de Murillo Karam.
La procuradora Arely Gómez hizo pública ayer la primera reacción oficial ante el informe del grupo de la CIDH, y en una postura muy pobre y muy por debajo de lo que exige el informe del GIEI, dijo que el caso Ayotzinapa no está cerrado, que continuarán las indagatorias para dar con todos los responsables, y que anexará a la averiguación previa las conclusiones de los expertos de la CIDH. También prometió un nuevo peritaje en el basurero de Cocula. Finge no haberse dado cuenta de que las investigaciones de los expertos destruyeron el montaje de la PGR y que lo único admisible es que el gobierno ordene una nueva investigación con estándares y supervisión internacional. Si a pesar de todo el gobierno federal pretende mantener la “verdad histórica”, habrá que ir a buscar los restos del Estado de derecho al basurero de Cocula.

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