Tlachinollan

La verdad histórica del gobierno hecha añicos

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En esta fecha histórica, en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe de seis meses a los padres y madres de los estudiantes ejecutados, desaparecidos y lesionados en Iguala, a los representantes del gobierno federal y a los medios de comunicación, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quedó evidenciada la mentira del gobierno federal de que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Un día antes, los expertos y expertas se reunieron en el Centro Prodh para explicar el contenido del informe a los padres y madres de la normal de Ayotzinapa, dándoles la centralidad y el reconocimiento que las autoridades nunca les han conferido. La manera tan didáctica, pero sobre todo tan cercana al dolor de las víctimas, les imprimió a los padres y a las madres más ánimo y más fuerza para seguir buscando a sus hijos. Fueron tres horas de explicación sobre cómo fue la mecánica de la investigación: el acceso a los expedientes, los peritajes que realizaron; las entrevistas con los presuntos responsables; la reconstrucción de los hechos; la revisión de videos; la visita a los lugares de los sucesos; la realización de peritajes con expertos de primera línea como José L. Torero, ilustraron con mucha contundencia los acontecimientos trágicos del 26 y 27 de septiembre. Presentaron una información prolífica, densa, coherente y con datos contundentes.
Tras varios meses de incertidumbre, los padres y madres constataron lo que en todo momento cuestionaron sobre la incineración de sus hijos. Como hombres y mujeres del campo les resultó siempre inverosímil la versión del basurero de Cocula. Sus conocimientos empíricos les dieron la razón y su persistencia por conocer la verdad desenmascaró la perversidad del poder, de encubrir sus acciones delincuenciales para mantener incólume la impunidad de los gobernantes.
La presentación del informe este domingo por la mañana fue un hecho inédito, ejemplar en su formato y único en su contenido por lo que representó para las víctimas. El Grupo de Expertos y Expertas logró sentar a las autoridades y mostrar frente a la opinión pública las inconsistencias de fondo de la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. La manera tan elocuente, precisa, veraz y contundente con la que hablaron las y los expertos contrastó con el discurso vacuo y falaz del gobierno. Cautivó a los familiares porque vieron en ellos y en ellas ese amor por la verdad, ese compromiso por indagar los hechos con imparcialidad, con rigor científico y con una postura clara frente al gobierno, basada en una relación respetuosa para asegurar la continuidad de su trabajo.
En la presentación del Informe conocimos datos irrefutables que echaron por la borda las falacias de la “verdad histórica” del Estado y que desmenuzaron toda la urdimbre delincuencial. Se verificó el involucramiento de las diferentes corporaciones policiacas y del mismo Ejército. Todo lo tenían monitoreado desde la salida de los jóvenes de Tixtla; sabían que los jóvenes iban por autobuses y no a cometer desmanes.
Ante esta crisis de credibilidad y de incapacidad para hacer investigaciones científicas, fue un gran acierto de los padres y sus representantes solicitar la presencia de un equipo multidisciplinario externo que verificara la investigación desde una perspectiva técnica. El surgimiento de este equipo, dentro de un procedimiento formal ante el Sistema Interamericano, muestra la necesidad de que las autoridades mexicanas tengan supervisión internacional y pone de relieve la creatividad con la que las familias de los normalistas desaparecidos luchan por la justicia y verdad.
A partir de los hechos acontecidos en Iguala se vio la necesidad de solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 13 de octubre de 2014 se instaló formalmente la mesa de cumplimiento de las medidas cautelares. Ante la urgencia de impulsar la investigación de los hechos, los beneficiarios solicitaron a la representación estatal, en presencia de la CIDH, que el Estado mexicano valorara la posibilidad de solicitar asistencia técnica internacional en el marco de las medidas. La solicitud fue aceptada por el Estado por la presión social que en esos días se sentía en las calles de todo el país.
En este marco, las familias, estudiantes y sus representantes desarrollaron una propuesta que fue enviada a la CIDH y al Estado mexicano el 20 de octubre de 2014. En esencia, esta propuesta consistía en que un equipo interdisciplinario de expertos y expertas realizara una verificación técnica de las acciones de investigación y búsqueda iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas en al menos cuatro dimensiones: 1) análisis técnico del plan de búsqueda en vida; 2) análisis técnico de la investigación incluyendo la correcta tipificación de los hechos y la averiguación de los vínculos entre delincuencia organizada y actores estatales; 3) análisis técnico de los medios tecnológicos empleados por el Estado mexicano para la búsqueda de fosas clandestinas; y, 4) análisis del plan de atención victimológica. Lo anterior con la finalidad de que formularan las recomendaciones pertinentes para la debida integración de las investigaciones y para instalar en lo inmediato nuevas herramientas para la búsqueda de los estudiantes, así como para formular recomendaciones estructurales sobre las acciones del Estado mexicano frente al grave fenómeno de la desaparición forzada de personas.
En una reunión sostenida el 12 de noviembre de 2014 en el Distrito Federal entre representantes de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, el Estado mexicano y el Relator para México de la CIDH, James Cavallaro, las tres partes acordaron los términos de la asistencia técnica internacional. Dicho acuerdo fue refrendado el 18 de noviembre de 2014 en un acto con presencia de una comisión de los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos.
En ese contexto se acordó la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que podría formular recomendaciones sobre las líneas mencionadas, a efecto de que la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas se ajuste a los más altos estándares en la materia, y podría exponer recomendaciones estructurales dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano frente al grave incremento de la desaparición forzada. Dada la gravedad del caso Ayotzinapa y el inmenso número de desapariciones impunes y no esclarecidas que hay en México, el proceso de asistencia técnica se volvió fundamental para las familias, pero también para el país en su conjunto.
Tras varios meses de espera, el 15 de enero de 2015 la CIDH dio a conocer la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realizaría la verificación técnica de la actuación del Estado en el caso Ayotzinapa. Éste quedó conformado por Francisco Cox, abogado originario de Chile y especialista en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca especializada en derecho penal y derechos humanos, quien fuera fiscal general en su país, función desde la que presentó cargos contra el ex presidente Efraín Ríos Montt por genocidio; Ángela Buitrago, abogada colombiana experta en derecho penal y ciencias criminológicas, quien como fiscal en su país procesó a varios gobernadores por vínculos con el narcotráfico; Carlos Beristáin, médico español especialista en acompañamiento psicosocial; y Alejandro Valencia Villa, abogado originario de Colombia, especializado en la promoción y defensa de los derechos humanos y en derecho internacional humanitario. La trayectoria de las personalidades designadas por la CIDH para integrar este Grupo fue un primer triunfo de las familias y ha sido la mejor garantía de independencia y autonomía para su desempeño profesional.
A partir de la incorporación del GIEI, que se materializó en marzo de 2015, las familias de los normalistas contaron con una nueva garantía integral de justicia y verdad, cuyo aporte, a seis meses de su presencia y trabajo fructífero fue de gran relevancia.
Con la presentación del informe este domingo, el esfuerzo rindió sus frutos: logró desmontar la verdad oficial y demostrar que hay inconsistencias técnicas estructurales en la manera de investigar, así como los vicios acendrados en la PGR que han hecho mucho daño a las víctimas y a la sociedad en general. Nos mostraron de forma ejemplar cómo se debe hacer una investigación que para este caso implica reestructurar de fondo la investigación y luchar frontalmente contra la impunidad. Si en un caso tan emblemático como el de Ayotzinapa, seguido por multitudes en el país y en el mundo, las autoridades se atrevieron a fabricar pruebas y construir una verdad falsa sin evidencia científica, ¿qué podemos pensar de las miles de averiguaciones iniciadas por los desaparecidos de Guerrero? El informe de los expertos evidencia un sistema de justicia que recurre a la mentira y al encubrimiento para satisfacer necesidades políticas, sacrificando así el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad.
La respuesta del gobierno en la persona de la procuradora, quedó totalmente desdibujada, desfasada, ajena a lo que plantearon las y los expertos y muy alejada de lo que demandan y exigen los familiares de los 43.
Por su parte, los padres y madres emplazaron al gobierno con los siguientes planteamientos muy concretos. Madres y padres recordaron que siempre tuvieron la razón: no había pruebas científicas de lo de Cocula. Dijeron que el Grupo de Expertos es nuestra única garantía, por lo que es necesario que se quede indefinidamente, hasta que se aclaren los hechos, los hijos aparezcan y se castigue a los culpables. También exigieron que el presidente Enrique Peña Nieto los reciba antes del día 10 de septiembre para que explique cómo va a cumplir el informe. No queremos que “analice” el informe, señalaron los padres, queremos que cumplan sus recomendaciones. También hicieron un llamado a toda la sociedad y a las organizaciones sociales para que se pronuncien sobre la mentira y a que les acompañen en las acciones del 26 de septiembre en que se cumple un año de los hechos. Especialmente, invitaron a otras familias de desaparecidos que no han tenido un grupo de expertos que les ayude a evidenciar las mentiras del gobierno. Las familias señalaron que la investigación se tiene que reestructurar y ante todo reivindicaron a sus hijos, enfatizando que el Informe deja en claro la dignidad y la inocencia de los muchachos, incluidos los heridos y los ejecutados, que quiso manchar el gobierno.
En conclusión, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es un documento que todo Guerrero y todo México debe conocer, para conocer cómo las instituciones de justicia pueden rebajarse a fabricar mentiras en aras de proteger a los grupos políticos en el poder, sin importar el dolor que causan a las víctimas. También es un impulso firme a los padres y a las madres de cara al primer aniversario de la desaparición. Por eso, más que nunca es necesario salir de nuevo a las calles con las familias que luchan por sus desaparecidos para exigir justicia a un sistema oprobioso que ha instituido la mentira como cimiento de un sistema de justicia que se desmorona. El Informe del GIEI confirma que las exigencias de los padres y las madres no han perdido vigencia. Hasta que haya verdad. Hasta que haya justicia. Hasta encontrarlos.