No fueron quemados en el basurero de Cocula los 43, concluyen expertos; llaman a buscarlos con vida

*Francisco Cox afirmó que la agresión contra los normalistas fue masiva e iba en aumento, “los hechos empiezan con disparos que los mismos normalistas decían que eran al aire, luego directos, contra las luces, contra las personas que huyen”. El C-4 sirvió para coordinar a militares y fuerzas de seguridad pública que operaron el 26 de septiembre en Iguala, dice el GIEI en su informe de seis meses de trabajo que presentó ayer

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con base en peritajes de un experto galardonado por su trayectoria en el tema de seguridad y fuego, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó en definitiva que los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, y reiteró el llamado a las autoridades a seguir su búsqueda con vida.
En las conclusiones del informe de seis meses de trabajo, el GIEI (que se formó para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por petición de los padres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y auspiciado por ésta y aceptado por el gobierno de México) también descarta que los normalistas hayan ido armados a Iguala o que pretendieran boicotear un acto político como indican las declaraciones de los policías implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre.
Pidieron que se replantee la investigación en general y que se reunifiquen los expedientes en una sola causa penal, que se mantengan los procesos de búsqueda, que se investiguen hornos de cremación en municipios de la región y se actualice el mapa de fosas.
Destacaron las comunicaciones de Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), que hasta hace poco supieron que sirvieron para la coordinación de emergencias de distintas fuerzas de seguridad pública y militares que operaron esa noche.
En este sistema C-4, los expertos escucharon las conversaciones oficiales con silencios durante las agresiones, que no implica que no hayan tenido comunicación, como sugiere un reporte en el expediente del coordinador de Protección Civil de la Zona Norte, al subsecretario de Protección Civil municipal a través de C-4.
El funcionario estatal mencionó en el C-4 que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “manejó información restringida”.
Por este dato y otras intervenciones directas de los militares en distintas escenas, los expetos insistieron en su petición de las entrevistas personales con militares de la 27 Zona Militar, que no fueron autorizadas.
Ayer se informó que agentes de inteligencia militar vigilaron a los normalistas desde que supieron que se dirigían a Iguala, y estuvieron frente al TSJ cuando un grupo de los desaparecidos fue detenido por policías municipales.
Por medio del C-4, los expertos conocieron que los soldados fueron los primeros en llegar al auxilio del equipo de fútbol de Los Avispones atacados a balazos esa misma noche, y que tras el reporte de un cuerpo sin vida por el camino El Andariego –que luego se supo era Julio César Mondragón Fontes, el normalista del rostro desollado–, los militares fueron los primeros en llegar al lugar.
Recordaron que hay denuncias de normalistas contra militares que los hostigaron y amenazaron cuando buscaron refugio y atención médica en la clínica privada Cristina, para Edgar Andrés Vargas, herido en la la avenida Álvarez durante el ataque de hombres de negro encapuchados, después de la agresión de los policías municipales.
En esa agresión fue la última vez que los estudiantes vieron con vida a julio César Mondragón, que como todos estudiantes salieron corriendo del lugar para protegerse de las balas.
Los expertos recordaron que los soldados negaron cualquier maltrato a los estudiantes, ellos dijeron que les ofrecieron seguridad y que la herida en el rostro de Edgar era superficial. Sin embargo, el normalista aún no se recupera de un trauma facial, perforación del rostro y fractura en el maxilar.
Indicaron que Edgar tardó más de una hora en recibir atención, sin poder hablar escribió a sus compañeros un mensaje en el celular: “sáquenme de aquí ya no aguanto más”, pues el médico de la clínica llegó pero no lo atendió.

El ataque a Los Avispones,
brutal, desproporcionado: Cox

El experto Francisco Cox subrayó que la agresión contra los normalistas fue masiva e iba en aumento, “los hechos empiezan con disparos que los mismos normalistas decían que eran al aire, luego directos, contra las luces, contra las personas que huyen…”
Como referencia señaló el autobús del equipo de primera división de Chilpancingo,  “agredido de forma brutal, desproporcionada y sin sentido ¿Cómo es posible esto?, ¿cuál es la explicación de una agresión de este tipo?”, insistió.
Consideró que el autobús de Los Avispones fue atacado porque los agresores tenían la indicación de no dejar salir a ningún autobús con normalistas, como ocurrió con dos autobuses en la carretera frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero el camión de Castro Tours de los futbolistas, fue encañonado por ambos lados y les dispararon cuando iba en movimiento.
Ahí murió un adolescente, David José García Evangelista, el chofer del camión resultó herido y murió al llegar al hospital, la balacera alcanzó a tres taxis que pasaban por el lugar, y también murió un ama de casa.
Precisaron que el sistema de C-4, reportó puntualmente los primeros momentos desde la llegada de los estudiantes a Iguala, pero entre 11 y 12 de la noche, sólo se registró una llamada. En este lapso ocurrió el segundo ataque de policías municipales a estudiantes y la rueda de prensa en Avenida Álvarez, donde fueron atacados por tres encapuchados vestidos de negro con ráfagas.
En cambio, hicieron un seguimiento puntual de lo que ocurría en el crucero de Santa Teresa, con los disparos al equipo de los Avispones.
El experto destacó que los estudiantes no estaban armados.

El basurero de Cocula

Sobre la tesis que sustuvo la Procuraduría General de la República (PGR) como la “verdad histórica” con la que pretendió cerrar la investigación, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como dijeron los detenidos, los expertos informaron que ante muchas inconsistencias, desde el modo de preparación y contradicciones en distintos hechos, desde los horarios en que recibieron a los estudiantes, convocaron a un perito externo.
Encargaron los peritajes al experto peruano José Torero, que tiene maestría y doctorado en seguridad y fuego, ha recibido diversos premios por le manejo de fuego y la seguridad con el fuego, y tiene residencia en la universidad de Queensland, Australia.
Informaron que José Torero estuvo en el basurero de Cocula el 12 de julio con el grupo de expertos.
El profesor consideró que en un fuego al aire libre donde 30 por ciento del calor se irradia hacia los lados, el resto sube hacia el aire y que sólo el 1 por ciento se destina al consumo del objeto a quemar o incinerar, se requiere 700 kilos de madera, 310 kilos de neumático y 12 horas de incineración para quemar un cuerpo.
En el caso de 43 cuerpos, la carga de combustible de madera debería ser 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 350 kilogramos de neumáticos y mantener el fuego durante 60 horas, que implicará un incendio forestal en la zona.
Según la versión de los presuntos sicarios detenidos, los estudiantes fueron consumidos hasta transformarse en cenizas en 16 horas, así que, con base en evidencia científica, los expertos descartaron la versión oficial por falta de veracidad.
El GIEI expresó su convicción de que los muchachos no fueron incinerados, y que las autoridades deben continuar su búsqueda mientras el paradero es incierto.
Francisco Cox añadió que los eventos del 26 de septiembre no deben separarse de la desaparición forzada y la búsqueda de los normalistas, pues la coordinación tan compleja de eventos, no pudo llegar a la destrucción de la evidencia en una sola noche, en una misma operación.
También denunciaron que no hay coincidencia en uno de cinco autobuses implicados en los eventos del 26 de septiembre, y pidieron la aplicación de peritajes de expertos en análisis para que de manera concluyente determine si fue parte de los eventos del 26 de septiembre.
Pidieron que se replantee la investigación en general y que se reunifiquen los expedientes en una sola causa penal, que mantengan los procesos de búsqueda, que se investiguen hornos de cremación en municipios de la región y se actualice el mapa de fosas.