Exigen castigo para todos los que fabricaron la “verdad histórica”

*Los padres no van a permitir nuevas pruebas para distraer recursos y tiempo, si ya hay peritajes contundentes en el basurero de Cocula, advierte el abogado Vidulfo Rosales

*Todas las corporaciones policiacas y los militares tienen responsabilidad como partícipes o cómplices en los ataques de Iguala, afirma el abogado

*Organizaciones de derechos humanos demandan a Peña Nieto que acate las recomendaciones de los expertos

*Critica Amnistía Internacional que funcionarios continúen sosteniendo “con cinismo” la versión descalificada por el GIEI

*Partidos piden al gobierno estatal que coadyuve informando sobre los videos entregados a la presidenta del TSJ Lambertina Galeana

Castigo a todos los funcionarios que fabricaron la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa, exigen

*Los padres no van a permitir nuevas pruebas para distraer recursos y tiempo, si ya hay peritajes contundentes en el basurero de Cocula, advierte el abogado Vidulfo Rosales. Todas las corporaciones policiacas y los militares tienen responsabilidad como partícipes o cómplices en los ataques de Iguala, afirma. Peña Nieto aceptó reunirse con los padres de los desaparecidos; pedirán la presencia de los cinco expertos de la CIDH en el encuentro, agrega

Lourdes Chávez

Tixtla

Padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y defensores de derechos humanos, preparan una propuesta para que la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre se replantee, sin que esté a cargo del gobierno, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Dijo que es preocupante que las instancias “artífices de la verdad histórica”, desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sigan a cargo del proceso penal.
Hizo un llamado enérgico para sancionar a todos los funcionarios que participaron en la fabricación de rutas y líneas inadecuadas de investigación con el fin de cerrar el caso de la desaparición forzada, con la versión de que fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Denunció que desperdiciaron mucho tiempo y recursos en forma inadecuada, siguiendo información falsa que provocó más dolor, confusión e incertidumbre en los padres de familia.
Agregó que los padres perdieron tiempo considerable en explorar caminos que no llevarían al paraderos de sus hijos, pero están dispuestos a que el gobierno federal enmiende los errores de la investigación y encauce la investigación en las lineas que señaló el GIEI, de manera exhaustiva.
Sin embargo, denunció que el mensaje de la procuradora Arely Gómez no es de aceptación del informe. Ella dijo que analizará y posteriormente verá qué partes del informe incorpora o no a la averiguación previa.
Rosales Sierra consideró que nada tiene que analizar porque la investigación de los expertos es técnica, se basa en las pruebas señaladas en los expedientes de la PGR, en los testimonios de las víctimas y de los detenidos que son actores en el expediente judicial.
El trabajo de los expertos “se constriñe y enmarca en las diligencias oficiales, no hay razón técnica ni jurídica que impida su incorporación a la averiguación  previa”, insistió.
Cuestionó que la procuradora dijo que volverá a hacer pruebas periciales de fuego en el basurero de Cocula, como si los peritajes del especialista extranjero que llamaron los expertos no fueran contundentes.
El especialista peruano en seguridad del fuego de la universidad de Queensland, Australia, José Torero descartó científicamente que 43 cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como describen los implicados en el delito.
El perito confirmó que el fuego necesario para reducir a cenizas 43 cuerpos, sin dejar  rastro orgánico, como en los restos humanos hallados en el lugar, habría ocasionado un incendio forestal en la zona, del que no hay rastros.
Rosales advirtió que los padres no van a permitir que nuevas pruebas para distraer recursos y tiempo, si ya hay peritajes contundentes.
De los restos rescatados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, que presuntamente corresponde a los normalistas y que fueron enviados a la universidad de Innsburg, Australia, aclaró que van a esperar los resultados, pero saben de antemano que no corresponden a los desaparecidos.
Durante meses los padres sostuvieron que el gobierno sabía donde estaban sus hijos, y Vidulfo Rosales explicó que esas afirmaciones son producto de las investigaciones de los propios familiares.
Explicó que recibieron testimonios de buena fe, que les permitieron ir construyendo una ruta de los hechos, que corroboró el grupo de expertos. Entre estos, la presencia de militares, policías federales y estatales en las distintas escenas del crimen.
“El Grupo con toda contundencia señaló que desde que los normalistas agredidos salieron de la Normal Rural, fueron monitoreados por las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno y por el Ejército”, resaltó.
Añadió que todas las corporaciones policiacas y los militares tienen responsabilidad como partícipes o cómplices porque observaron y nada hicieron para evitar las agresiones o evitar las desapariciones forzadas.
Subrayó que si la Policía Ministerial, Federal y los militares no dispararon contra los estudiantes, al menos fueron omisos y eso los hace culpables.
Confirmó que el presidente Enrique Peña Nieto aceptó reunirse con los padres de los desaparecidos, pero pidió que estén en el encuentro los cinco integrantes del GIEI.
Rosales explicó que uno de los expertos no está en el país, y una vez que estén todos se llevará a cabo la reunión, y ahí se firmaría el convenio del gobierno de México con la CIDH para la continuidad de las asesorías para la investigación de los hechos, y sobre políticas públicas sobre desaparición forzada.
En la reunión van a insistir en la restructuración de la investigación en su totalidad, con todas las líneas de investigación que se desprenden del informe de los expertos, determinar qué instancia se va a encargar de la investigación y el rediseño de un nuevo plan de búsqueda de inmediato.

Que acate las recomendaciones de los expertos de la CIDH, demandan organizaciones a Peña Nieto

*Con “cinismo” funcionarios del gobierno continúan sosteniendo la versión descalificada por el GIEI, critica Amnistía Internacional. Exigen WOLA y el Instituto de Justicia Procesal Penal un saneamiento de la investigación y del personal a cargo de la misma

Agencia Proceso

Ciudad de México

Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su respaldo a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las fallas y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y criticaron las resistencias institucionales para reconocer los errores.
Luego de que los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaran la versión de que los jóvenes estudiantes fueron calcinados en el tiradero de Cocula, y que confirmaran la presencia de autoridades federales, estatales y municipales en los escenarios en que ocurrieron los ataques contra los normalistas en Iguala, defensores internacionales exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto acatar las recomendaciones y aceptar la prórroga al GIEI para esclarecer el caso.
Luego de conocer las conclusiones, Ericka Guevara Rosas directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró que “no hay sorpresa” para su organización que puso en duda la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, y lamentó la incertidumbre por el destino final de los jóvenes.
Tras recordar que desde que Murillo Karam dio a conocer “la verdad histórica”, AI rechazó esa versión, señaló que “era por un lado una conclusión muy preliminar sin contar con todos los elementos de prueba y muy irresponsable por parte de la PGR mostrar información que estaba sostenida mayoritariamente en dos testimonios de presuntos responsables”.
Guevara Rosas también lamentó los intentos de funcionarios del gobierno de Peña Nieto por descalificar las conclusiones del GIEI.
En entrevista, la representante regional de la organización con sede en Londres manifestó su desconcierto por el “cinismo” de funcionarios del gobierno de Peña Nieto, que continúan sosteniendo la versión descalificada por los expertos independientes.
A unas horas de conocerse los resultados de los seis meses de análisis sobre las indagatorias, además de tuits cuestionando a los expertos, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio dijo en entrevista radiofónica que descartó reencauzar la investigación, y reiteró que “la verdad” para la PGR es que “en el basurero fueron ejecutados (los estudiantes), fueron incinerados y posteriormente trasladado al río un número importante de estudiantes”.
Para la defensora la respuesta de las autoridades federales revela un “encubrimiento frente a una situación tan grave y revela cierto grado de cinismo cuando la situación tiene que ser tomada con seriedad”.
Al señalar que tampoco se da por sorprendida con el descubrimiento de la presencia del Ejército el 26 y 27 de septiembre de 2014 –“hace diez años que AI viene documentando serias violaciones de derechos humanos por personal militar”—, Guevara Rosas consideró que una vez más México tiene una oportunidad para esclarecer no sólo el destino final de los 43 estudiantes, sino de las más de 25 mil personas desaparecidas.
Señaló que “el caso de la desaparición forzosa de 43 estudiantes fue sólo la punta del iceberg de una realidad dolorosa”.
Por otra parte, en comunicados por separado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) dijeron que el GIEI echó abajo la versión oficial y exigieron un saneamiento de la investigación y del personal a cargo.
Al señalar que la procuradora general de la República, Arely Gómez “se abstuvo de hacer declaraciones sobre los graves errores del gobierno en la investigación”, la coordinadora de WOLA para México, Maureen Meyer recomendó “reestructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas”, así como “crear un nuevo equipo dentro de la PGR para estar a cargo de la siguiente etapa de la investigación”.
Meyer consideró preocupante que en el intento por mostrar una realidad distinta “el gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de la tortura, para respaldar su versión de los hechos”, lo anterior contra el derecho de las familias a saber qué pasó.
En tanto, el IJPP consideró como una “falta de compromiso institucional con la verdad” las declaraciones de Tomás Zerón, al reiterar la “verdad histórica” sostenida en declaraciones de inculpados, lo que confirmaría lo que las organizaciones han documentado durante años: “Innumerables casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.
La organización civil exigió al gobierno de Peña Nieto que “reconozca la debilidad de la investigación de la PGR, tome en cuenta el informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación que deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial”, respetando el debido proceso de las personas implicadas y los derechos de las víctimas.

Castigo a los funcionarios que “torcieron la verdad” de Iguala, exige López Obrador

*Las autoridades estatales deben coadyuvar en la investigación: Celestino Cesáreo, del PRD. “Mínimo” se debe meter a la cárcel a Murillo Karam “por mentiroso”, dice Adrián Wences, de MC. El panista Andrés Bahena pide sanciones contra los culpables de no haber realizado una buena investigación

Lourdes Chávez / Mariana Labastida

Los dirigentes del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena coincidieron en que se deben retomar las investigaciones para conocer la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Asimismo, exigieron castigar a los responsables, tanto de los hechos como de los errores en la investigación, y señalaron al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Lo anterior, luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que aseguraron que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula como lo informó la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado enviado por Morena, su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “monstruosa mentira” la versión creada por la PGR, conocida como la “verdad histórica”, para dar carpetazo a la desaparición forzada de los 43 alumnos para evadir su responsabilidad, y demandó un castigo severo a los funcionarios que “torcieron la verdad”.
Recordó que, con oportunidad, científicos y expertos mexicanos indicaron que técnica y científicamente era imposible la cremación de los normalistas en un basurero al aire libre. Sin embargo, Murillo Karam y el presidente Enrique Peña Nieto mantuvieron esta versión hasta ahora.
Consideró que “con gran cinismo” los funcionarios pidieron a los familiares de los desaparecidos “superar y olvidar esta tragedia que a casi un año ratifica que el gobierno mexicano nunca tuvo ni ha tenido la voluntad política para esclarecer estos crímenes y hacer justicia a los padres de familia, quienes justificadamente han mantenido su exigencia de que se presente con vida a sus hijos”.
López Obrador reiteró su solidaridad con los padres de familia y exigió continuar la búsqueda con vida de los 43 desaparecidos.
Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, enfatizó que el gobierno federal debe darle todas las facilidades al grupo de especialistas, como permitirles que entrevisten a los militares del 27 Batallón  de Infantería de Iguala, para la reconstrucción de los hechos.
También planteó que las autoridades estatales deben coadyuvar en la investigación, por los videos que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lambertina Galeana, negó que existan, donde los expertos aseguran quedaron grabados parte de los hechos.
“Es un informe que viene a darle un vuelco a las conclusiones de la PGR, la conclusión denota una operación muy planeada, ejecutada con toda precisión, que está muy lejos de lo que viene a decirnos el entonces procurador”, expuso el dirigente del PRD.
Agregó que los resultados del GIEI de la CIDH dan la esperanza de que los normalistas desaparecidos puedan estar con vida.
Por su parte, el dirigente de MC, Adrián Wences Carrasco, consideró que “mínimo” se debe meter a la cárcel a Murillo Karam “por mentiroso, trastocó los hechos e inventó toda una historia que hoy sabemos no es verdad”.
Añadió que todos los guerrerenses deben exigir que se investigue el paradero de los normalistas desaparecidos, además del castigo para los que atentaron contra ellos y asesinaron  a estudiantes en los ataques en Iguala.
“La pregunta es ¿dónde es-tán?, si murieron, ¿cómo murieron?, vamos a exigir una respuesta todos los que estamos indignados, timados, engañados, se les cayó la versión que nos dieron, ahora resulta que todo es mentira”, expuso el dirigente de MC.
El dirigente estatal del PAN, Andrés Bahena, expresó a su vez que sorprenden las deducciones hechas por los especialistas, y que derivadas de ellas se deben de retomar las indagatorias, verificar las anomalías de la PGR, que no hizo una investigación “real y sólida” en relación con lo ocurrido con los normalistas.
“Ojalá que pronto podamos tener información real de lo que pasó y sanciones contra los culpables de no haber llevado una buena investigación”, enfatizó Andrés Bahena.
Agregó que hay contradicciones “muy graves”, como la de los videos tomados desde oficinas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que la presidenta del Tribunal, Lambertina Galeana, niega que existan.
“De confirmarse las conclusiones que han hecho los especialistas, es una situación de incompetencia o encubrimiento, cualquiera de las dos debe de ser sancionado”, dijo.