Marcial Rodríguez Saldaña

Ayotzinapa-Iguala: la mentira histórica de Peña Nieto

El informe rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este domingo 6 de septiembre, relativo al caso del asesinato de seis personas –entre ellos tres estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa– y la desaparición forzada de 43 alumnos de esa institución educativa, pone al descubierto que la supuesta “verdad histórica” a la que llegó la Procuraduría General de la República (PGR) avalada por Enrique Peña Nieto, en el sentido de que los normalistas habían sido incinerados en un basurero de Cocula, ha sido desmentida por estudios científicos y se convierte en una mentira histórica.
1.- El informe de los expertos de la CIDH, modifica radicalmente la investigación que realizó la PGR encabezada por Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero de este año, afirmó que los 43 alumnos desaparecidos habían sido incinerados y que con ello se daba por cerrada la investigación. A partir de esta conclusión, el gobierno de Peña Nieto desplegó una campaña mediática para dar por cierta esta versión, por ello sus mensajes de que ya “superaramos la tragedia” que no nos podíamos quedar atrapados en este asunto, que ya se olvidara, que México debería seguir adelante.
2.- Este y los anteriores informes del GIEI, han demostrado que fue un engaño la investigación de la PGR, que la averiguación de los hechos relativos a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa nunca debió haberse dado por cerrada, y ahora más que nunca, el gobierno de Peña Nieto está obligado a dar la cara a los padres de familia de los normalistas para poner todos los recursos humanos, tecnológicos y sobre todo de sensibilidad humana y política para que se aboquen a la búsqueda incesante de los alumnos desaparecidos.
3.- Otros aspectos muy importantes del informe de los expertos consiste en que miembros del ejército y de la Policía Federal que dependen del gobierno de Peña Nieto, estuvieron al tanto de los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo no actuaron, incurrieron en omisión para evitar que se cometiera esta grave violación a los derechos humanos de jóvenes en México, lo cual debe obligar a que se investigue y sancione a todos los funcionarios que omitieron ejercer sus funciones para impedir que se cometieran estos hechos tan atroces.
4.- Los hechos y la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha llevado a cabo la PGR, muestran la realidad que subsiste en México sobre la procuración e impartición de justicia; mientras que los funcionarios de procurar justicia dependan del presidente de la República a nivel federal, y de los gobernadores en los estados de la federación, la procuración de justicia estará politizada y servirá para proteger a los grupos de poder en vez de cuidar a la población. Así como en este caso, de muchos otros que han ocurrido de violaciones graves a los derechos humanos y de los hechos cotidianos de injusticias que se cometen en contra de ciudadanos por distintas autoridades, que han quedado en la impunidad, ésta seguirá campeando, y la sociedad continuará en estado de indefensión ante los abusos de poder.
5.- Ante el informe de los expertos de la CIDH, de las reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la comunidad nacional e internacional, a Peña Nieto no le ha quedado de otra más que de recular ordenando a los subordinados de su gobierno que atiendan las recomendaciones de los investigadores, ha mandado por conducto de la PGR que se hagan nuevos peritajes, ha aceptado que en un asunto tan grave se equivocó al no darle en su momento, cuando ocurrieron los hechos, la dimensión que estos tienen y ha admitido reunirse nuevamente con los padres de los estudiantes desaparecidos.
6.- El pueblo de Guatemala y sus instituciones como es el caso de la Fiscalía General de la República, dirigida por una mujer honesta, independiente y valiente como Thelma Aldana Hernández y la Comisión Internacional contra la Impunidad han puesto el ejemplo de que no debe haber ningún servidor público que goce de protección, por ello es que han procesado al propio presidente de esa nación Otto Pérez Molina por actos de corrupción, mientras que aquí en México son los subordinados de Peña Nieto quienes realizan las investigaciones del asunto de la Casa Blanca y, claro, no les queda más que exonerarlo de sus actos.
7.- El informe del grupo de expertos de la CIDH sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos debe obligar al gobierno de Peña Nieto a comprometerse a encontrar a los jóvenes, a reencauzar la investigación con absoluta imparcialidad, a sancionar a todos los responsables de todos los niveles de gobierno, y la sociedad mexicana a demandar que haya una profunda transformación de las instituciones de procuración y administración de justicia con plena autonomía e independencia de los gobernantes, para que solo así, el pueblo de México tenga confianza en la justicia.

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