Humberto Musacchio

Ayotzinapa: los 43 rechazan el olvido

A casi un año de la noche triste, los mexicanos seguimos sin saber qué pasó con los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa y van apareciendo hechos que han hecho trizas la llamada “verdad histórica”, que nada tiene de verdad y sí mucho de lo segundo, porque pasará mucho tiempo antes de que se olvide la secuela de infamias desatada la noche del 26 de septiembre de 2014.
El pasado día 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó sus conclusiones en un documento de 500 páginas ilustrativamente llamado Informe Ayotzinapa, el que describe la agresión “masiva, en ascenso, desproporcionada y sin sentido” que se desató contra los estudiantes.
La guatemalteca Claudia Paz y Paz, los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España, integrantes del citado grupo, entregaron sus conclusiones y expusieron otros puntos de vista que muestran fallas, omisiones y hasta desaparición de pruebas, lo que hace “necesario replantear la investigación y reorientar la búsqueda” de los desaparecidos.
Para los expertos del Grupo Interdisciplinario, si los 43 jóvenes fueron asesinados –lo que está por demostrarse–, los cadáveres no pudieron ser incinerados, lo que confirma las conclusiones de varios investigadores universitarios, quienes ya han señalado que resulta inverosímil la hipótesis de la incineración por la cantidad de combustible que se hubiera necesitado, las horas que debieron emplearse en el proceso y el hecho contundente de que si los cuerpos se quemaron al aire libre, la lluvia de ese día lo hubiera impedido.
La “verdad histórica” de Murillo Karam no pasa de ser una broma trágica. Sin embargo, el señor Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, sostiene que los peritajes de la PGR “son contundentes”, pues fueron realizados por expertos en procesos termodinámicos del Instituto Mexicano del Petróleo y de la UNAM, aunque por supuesto no aporta los nombres de esos presuntos “expertos”.
Más grave es que mientras el señor Zerón insiste en sostener la “verdad histórica”, Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la misma PGR, declara que la averiguación en torno al caso se encuentra abierta y por lo tanto en ella se están desahogando algunas diligencias de carácter pericial. Como puede verse, los funcionarios de la PGR no se ponen de acuerdo.
Quedan en el aire otros hechos, por ejemplo, el que se haya impedido a los integrantes del Grupo Interdisciplinario entrevistar al personal militar del Batallón 27 de Iguala, el que, contra lo que sostienen los voceros de las fuerzas armadas, en todo momento estuvo al tanto de la persecución, los asesinatos y el secuestro de los normalistas.
Otro punto que está en el aire es el de un quinto autobús –Estrella Roja 3278– que fue detenido cerca de Chilpancingo por policías federales, quienes a punta de pistola obligaron a los estudiantes a bajar y los dejaron irse. Tanto interés por ese quinto autobús hace suponer a algunos observadores que iba cargado de droga y que ésta siguió su camino, con la escolta de dos patrullas federales hasta Iguala. Un dato más es que inicialmente el chofer del autobús hizo una declaración coincidente con la de los muchachos y luego la cambió. Todo esto se omitió en la investigación que se supone realizó Murillo Karam, pese a que el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, afirma que le informó a la PGR.
Ante la sociedad mexicana y la opinión pública internacional crece la montaña de inconsistencias, mentiras, engaños, omisiones e irresponsabilidades. Para el gobierno mexicano todo este embrollo es, desde hace meses, un asunto de Estado, pero es dudoso que las autoridades lo sepan, pues no han mostrado diligencia ni aptitud para realizar una buena investigación, poner las cosas en claro y castigar a todos los involucrados en los homicidios, el secuestro y otros delitos cometidos en la noche triste de Iguala.
Pero lo que peor habla de las autoridades es que primero se mostraron indiferentes, luego inventaron una “verdad histórica” y por último obraron pachorrudamente y en la práctica se negaron a ir hasta el final. Un año después de los hechos, ni siquiera sabemos qué pasó con los 43 muchachos. Es una vergüenza.