Toman empleados de la Cruzada contra el Hambre la Sedesol en la capital; adeudan a 500 cinco meses de salario, denuncian

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Promotores, coordinadores y enlaces operativos que fueron contratados por el programa federal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre tomaron durante tres horas la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para exigir el pago atrasado de cinco meses para 500 trabajadores.
A las 12 del mediodía, un grupo de promotores cerraron con cadenas las dos entradas del edificio ubicado en la colonia burócratas, al sur de Chilpancingo, como medida de presión.
Dentro del edificio se encontraba el delegado José Manuel Armenta Tello, a quien le solicitaron una audiencia, pero a pesar de la toma del edificio no recibió a los promotores.
El edificio tiene dos entradas, la principal sobre la Calle 3, donde fueron colgadas cartulinas en las que se leía, “No comemos de promesas #SinHambre” y “Exigimos el pago de los trabajadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
La movilización, coordinada por los promotores, consistió en una concentración en la segunda puerta, que da acceso al estacionamiento, por donde pensaban que podría salir el delegado José Manuel Armenta Tello.
En el lugar, el promotor Omar Ramírez explicó que 500 trabajadores del programa federal que trabajan desde el año pasado dejaron de recibir su salario desde hace cinco meses, y que la explicación de la delegación es que no hay dinero.
Recordó que los promotores fueron contratados a través del convenio firmado entre la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la Sedesol para participar en diagnósticos comunitarios.
Explicó que entre los trabajadores hay promotores, coordinadores y enlaces operativos, y que en las tres categorías dejaron de recibir el pago sin alguna explicación de la delegación.
Agregó que, el propósito de esta acción es no permitir la entrada ni la salida de los trabajadores hasta que la delegación le depositara a la UAG los pagos de los 500 egresados que trabajan desde hace un año en el programa.
El programa impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza en el estado opera en cinco regiones; en una de ellas, los promotores han enfrentado la delicada situación de inseguridad.
El promotor dijo que, a pesar de la falta del pago continuaron trabajando, e incluso con el poco dinero que tenían pagaron sus pasajes para llegar a las comunidades donde hacen los diagnósticos para proyectar los programas que ofrece la Cruzada.
Explicó que los promotores ganan 6 mil 300 pesos al mes, pero les descuentan 300 pesos por concepto de seguro.
Detalló que el trabajo de los promotores es organizar asambleas en las que se conforman comités comunitarios, y en cada uno se realizan diagnósticos participativos que evidencian las carencias que enfrenta la población y cómo suelen resolverlo.
Los promotores participaban también en la creación de los comedores comunitarios en las regiones Montaña, Costa Chica y Centro.
Dijo que apenas entregaron un diagnóstico participativo y matriz de inversión para que lleguen obras a las comunidades con desnutrición y otras carencias.
A las 3:15 de la tarde llegaron al edificio 16 policías estatales antimotines con la consigna de sacar al delegado y los trabajadores que se mantenían en la delegación.
Omar Ramírez explicó que ante la llegada de los antimotines, se dirigieron a la puerta principal que estaba resguardada sólo por seis promotores, y que permitieron que cortaran la cadena que habían colocado.
Mientras, de la segunda puerta, donde estaba la mayoría de los trabajadores, fueron a reforzar la entrada principal, pero los antimotines ya habían entrado al edificio para escoltar al delegado.
Los promotores aprovecharon la acción para hablar con el delegado al que describieron como déspota, por la nula atención a la demanda de los promotores del pago que se les adeuda.
En una declaración grabada por un promotor, el delegado les dice que les pagará un autobús para que viajen a la ciudad de México para que allá protesten en lugar de tomar la delegación.
Los trabajadores le reprocharon el uso desmedido de la fuerza policiaca, y que se deslinde de gestionar el dinero que se les adeuda.
Finalmente acordaron reunirse con una comisión de cinco trabajadores, aunque quedó por definir el lugar de la reunión, ya que no quieren que sea en las instalaciones de la Sedesol federal.